Atendían sin habilitación, con medicamentos vencidos y sin cumplir ninguna norma sanitaria. Lo hacían en el corazón del Barrio 31, en una vivienda adaptada como clínica clandestina, con tres consultorios completos, un aparato de rayos X y fichas médicas actualizadas. Pero no era la primera vez: ya los habían clausurado. Y aun así, volvieron a abrir. Además, las autoridades confirmaron que el lugar atendía incluso a sospechosos con heridas de bala.

La clínica, que funcionaba de manera ilegal, fue clausurada por tercera vez en menos de dos años. El operativo se desarrolló en un domicilio ubicado sobre la calle Alpaca al 500, donde la Policía de la Ciudad detectó un consultorio médico y odontológico en actividad, con pacientes en lista de espera, insumos preparados para su uso y documentación que confirmaba la continuidad de las atenciones.

El procedimiento fue encabezado por la División Investigaciones Especiales y formó parte de una serie de actuaciones iniciadas tiempo atrás en la misma zona.

En el lugar se secuestraron más de 300 cajas de medicamentos, de las cuales 101 estaban vencidas, así como sellos médicos, fichas clínicas, equipos odontológicos y un aparato de rayos X.

En el inicio de la inspección, solo se encontraba presente una recepcionista, una mujer de nacionalidad paraguaya, de 31 años. Sin embargo, poco después llegaron al lugar un hombre de 42 años, médico argentino, y una odontóloga boliviana de 41, quienes intentaron acreditar su actividad presentando matrículas digitales.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) labró un acta por violación de clausura, mientras que personal del Ministerio de Salud de la Nación confirmó la falta de habilitación oficial del establecimiento.

La investigación, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, está directamente relacionada con los allanamientos previos realizados en julio de 2024 y en julio de 2025, también en el Barrio 31, donde fueron desarticuladas otras clínicas clandestinas que operaban bajo esquemas similares.

En uno de esos casos anteriores —puntualmente, en un inmueble de la calle Sara Beatriz Fernández al 400— se descubrió que el consultorio atendía incluso a personas con heridas de bala.

En ese procedimiento, se secuestraron también un arma de fuego, recetas apócrifas, medicamentos vencidos y se identificaron certificados médicos emitidos con sellos falsificados del Hospital Fernández.

En relación con el nuevo operativo, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de Federico Tropea, con intervención de la secretaria Marcela López, dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos hallados durante el allanamiento y notificó a los tres identificados por los delitos de violación de clausura y desobediencia.

Lo llamativo del caso es que la actividad médica ilegal no cesó luego de las clausuras anteriores. Tras el cierre de la primera clínica —aquella donde también se atendían personas con antecedentes penales—, los responsables habrían reanudado sus funciones en otra ubicación dentro del mismo barrio, manteniendo la estructura operativa.

En julio del año pasado, uno de los médicos imputados había sido acusado de emitir recetas con el sello y firma de un colega sin su consentimiento, lo que motivó una denuncia penal por falsificación de documentos.

En esa ocasión, también intervinieron equipos tácticos del Departamento Operaciones Urbanas (DOU) y de la División de Delitos Complejos, quienes comprobaron que la clínica operaba sin habilitación y ofrecía atención a una amplia franja de población que no accedía al sistema formal de salud.

Por el momento, las tres personas identificadas quedaron notificadas en la causa, aunque sin detención.