A poco más de un mes de que la Justicia de Córdoba pusiera el foco en la posibilidad de María Juárez de identificar las consecuencias de sus actos, la mujer de 47 años que mató a puñaladas a su hijo de 14 años en la vivienda que compartían en Río Cuarto, se conocieron los resultados de las pericias psiquiátricas que le realizaron a la acusada.

La investigación por el asesinato de Aarón Benjamín Alaniz dio un giro determinante, cuando informes psiquiátricos y psicológicos confirmaron que la principal acusada era capaz de comprender la criminalidad de sus actos al momento del crimen.

De acuerdo con las evaluaciones elaboradas por el equipo de salud mental, Juárez presentaba un cuadro de distimia, un trastorno depresivo crónico, y que había recibido tratamientos tanto farmacológicos como terapéuticos. Sin embargo, los especialistas concluyeron que esta condición “no es de entidad como para impedirle comprender lo que se le atribuye ni impedir la dirección de sus acciones”.

En este sentido, este resultado descartaría la posibilidad de inimputabilidad y se convierte en un elemento central para la causa. Sobre todo, después de que el fiscal Pablo Jávega surgiera como hipótesis que la mujer habría sufrido un posible brote psicótico relacionado con el tratamiento psiquiátrico y la medicación que la mujer consumía.

Según la información publicada por El Doce.tv, Jávega evaluaría la posibilidad de solicitar la prisión preventiva para la acusada, al apoyarse en el informe que confirmó su capacidad de comprender y dirigir sus acciones. Este avance procesal podría consolidar la acusación por homicidio calificado agravado por el vínculo y marcar el inicio de una nueva etapa judicial en el caso.

Todo ocurrió el 6 de agosto, en una vivienda de la calle Aníbal Ponce al 1100, en el barrio Obrero, donde la Policía de Córdoba encontró una escena macabra. Horas antes, María Juárez había asesinado de manera brutal a Aarón, su hijo de 14 años, que estaba bajo su cuidado.

El padre del adolescente fue quien alertó a las autoridades sobre lo que había sucedido, tras dirigirse a la casa de su ex pareja y ver que el menor se encontraba sin vida sobre un charco de sangre. En ese momento, la mujer tenía un cuchillo y limpiaba la escena. También trascendió que habría sido la misma acusada quien lo habría llamado para avisarle que había hallado al joven muerto.

Esa misma noche, la mujer fue internada en el área de salud mental del Hospital San Antonio de Padua, tras la sospecha de que hubiera sufrido un brote psiquiátrico. Al ser consultado por los efectivos, esta respondió que había tenido “un blanco” y no podía recordar lo sucedido.

“Hubo alguna falla en el tratamiento o le faltó la medicación, porque el hijo se quedaba con ella para cuidarla por su patología”, explicaron fuentes del caso durante el comienzo de la investigación. Incluso, algunos vecinos habían asegurado que la acusada había consumido medicación psiquiátrica, lo que había reforzado la teoría.

A pesar de que estaba vigente la sospecha de que la mujer podría ser inimputable, el fiscal Jávega la había imputado por homicidio calificado por el vínculo. Asimismo, de la escena del crimen se secuestró el cuchillo que habría utilizado para atacar a la víctima, teléfonos celulares, sábanas con sangre y otros elementos que resultaron de interés para la causa.

De la misma forma, la autopsia que le practicaron al adolescente reveló que había recibido un total de 12 puñaladas en el rostro y el cuello. Los peritos destacaron que el menor no contaba con señales de defensa, por lo que estableció que el ataque habría sido consumado de forma directa.