Una mujer fue detenida por la Policía de Misiones en el barrio Santa Rita, de la localidad de San Javier, luego de haber sido denunciada por cometer una estafa millonaria. Es empleada doméstica y sacó un préstamo a nombre de su jefa.

El operativo, realizado por orden del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, tuvo lugar el último jueves por la tarde en una vivienda vinculada a una exempleada doméstica acusada de gestionar préstamos bancarios en nombre de una mujer de 74 años.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:30 horas bajo estrictas directivas judiciales. La causa inició el pasado 29 de agosto, cuando María, la víctima, denunció que esta mujer, identificada como D. E., habría solicitado créditos en el Banco Nación por más de $1 millón sin su autorización.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron teléfonos celulares y documentación que podría ser determinante para avanzar en la investigación.

Según informó el portal El Territorio, el caso salió a la luz luego de que María detectara irregularidades en sus movimientos bancarios. De acuerdo con la denuncia presentada, D. E. utilizó información personal y financiera de su ex empleadora para tramitar préstamos por un total de $1.168.200 en el Banco Nación. Los montos se gestionaron sin conocimiento ni consentimiento de la titular de la cuenta.

La víctima relató a las autoridades que la relación laboral había finalizado semanas antes y que solo al revisar su situación bancaria detectó las operaciones fraudulentas. La preocupación llevó a María a presentar la denuncia ante la Policía, lo que activó la intervención judicial y el posterior allanamiento.

El operativo de la fuerza de seguridad provincial consistió en el allanamiento de una vivienda situada en el barrio Santa Rita de San Javier. La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Cinco de Alem con base en la denuncia y los informes recabados durante las primeras etapas de la investigación.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un celular marca Itel, un celular Samsung y el documento de identidad de la denunciante, elementos que serán peritados para determinar su vinculación directa con la causa. Además, se incautaron otros objetos que podrían aportar datos sobre la mecánica del delito y los posibles movimientos de los fondos gestionados.

La Justicia dispuso que D. E. sea notificada formalmente de la causa en su contra, quedando supeditada al proceso judicial durante el avance de la investigación. Por el momento, la acusada permanecerá en libertad, pero no podrá desvincularse de la jurisdicción hasta tanto se aclare su participación en la maniobra denunciada.

A mediados del mes de junio pasado, en otro caso de estafa, un jubilado de 72 años, oriundo de La Rioja fue víctima de un hackeo donde los criminales sacaron un préstamo a su nombre por más de 340 mil pesos.

El hecho ocurrió en la localidad de Ulapes, en el departamento riojano de General San Martín. La víctima, identificada bajo las siglas L. N. P., denunció que desconocidos generaron en su nombre un préstamo bancario de $341.292,22 a través de canales digitales.

La causa, actualmente en etapa investigativa, quedó bajo la órbita de la jueza María Elsa Roldán Martínez, quien ya dispuso una serie de medidas para identificar a los responsables.

De acuerdo con el testimonio del damnificado, ante el Departamento de Investigaciones de Chepes, el fraude fue advertido de manera casual, al revisar el movimiento de su cuenta bancaria.

La denuncia fue formalizada como “Estafa”, enmarcada en el artículo 172 del Código Penal Argentino, que sanciona la obtención ilegítima de dinero o bienes bajo engaño o manipulación.

El hombre relató que, al revisar su cuenta bancaria, detectó un movimiento inusual: un préstamo por más de trescientos cuarenta mil pesos había sido gestionado sin su autorización previa ni conocimiento. En ese momento, la víctima se trasladó de inmediato a la dependencia policial para dejar constancia formal del ilícito.

Según declaraciones aportadas a los investigadores, el damnificado no recibió llamadas, correos electrónicos ni mensajes sospechosos previos al movimiento, lo que hace suponer que el acceso a la cuenta se habría producido mediante técnicas de hackeo, robo de credenciales o filtración de datos.