Un operativo coordinado entre fuerzas federales permitió el decomiso de un cargamento de fentanilo que intentaba ingresar de manera ilegal a la Argentina por la costa de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. La intervención estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina y del Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino (GOC-NEA), que desplegaron tareas de vigilancia nocturna para detectar movimientos sospechosos en la ribera limítrofe con Paraguay.
Fuentes oficiales informaron que la acción comenzó cuando efectivos de la Prefectura, a través de visores especiales, observaron el cruce de una embarcación procedente del país vecino. La lancha tocó tierra en la zona conocida como Costero de Gurapá y regresó de inmediato al margen paraguayo, lo que motivó la intervención de las fuerzas desplegadas en el paisaje ribereño de Posadas.
Al inspeccionar la orilla, los agentes hallaron un paquete abandonado. Tras la revisión, constataron que el bulto contenía 300 ampollas de vidrio de fentanilo de 0,05 mg/ml en solución inyectable, rotuladas como “Prinosil”. El valor estimado de este cargamento supera los 60 millones de pesos, según las autoridades intervinientes.
La doctora Silvina Flavia Gutiérrez, titular de la Fiscalía Federal N° 2 de la ciudad de Posadas, ordenó el secuestro inmediato de la sustancia incautada y dispuso la continuidad de las actuaciones judiciales en el marco de la lucha contra el delito organizado. La Prefectura Naval Argentina indicó que la operación se inscribe en una estrategia de refuerzo de controles sobre los pasos fluviales, considerada vía de ingreso utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.
La articulación con el GOC-NEA, un organismo creado para la cooperación interjurisdiccional en el noreste argentino, forma parte de un esquema de patrullaje conjunto destinado a prevenir el avance de nuevas modalidades delictivas en sustancias controladas. El decomiso de fentanilo, un opioide sintético de uso médico bajo estricta regulación e impacto altamente peligroso en casos de desvío ilegal, evidencia el aporte de la tecnología y la vigilancia en la detección temprana de este tipo de delitos.
La operación se mantiene bajo reserva mientras la justicia federal continúa con las acciones tendientes a establecer la identidad de los responsables y la trazabilidad del cargamento dentro del esquema regional de narcotráfico. Las autoridades priorizan el seguimiento de rutas fluviales y terrestres en la frontera norte, en el marco de las investigaciones por tráfico de sustancias prohibidas desde Paraguay hacia la provincia de Misiones.
Antecedente
Hace poco menos de un mes, detuvieron a seis personas en Posadas, acusadas de conformar una asociación ilícita dedicada al desvío, acopio y comercialización ilegal de fentanilo y otras sustancias medicinales a través de encomiendas que eran trasladadas a diferentes puntos del país. El operativo realizado por varias fuerzas de seguridad culminó con 14 allanamientos en la mencionada provincia, en Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los detenidos —cuatro hombres y dos mujeres— figuran dos visitadores médicos señalados como líderes de la organización, sus parejas y otras dos personas que actuaban como empleados y nexos. Uno de los acusados tenía a su cargo un centro de estética en Jujuy y su función era operar como intermediario y distribuidor.
Los primeros mencionados recibían y comercializaban los envíos en la Ciudad de Buenos Aires. En la investigación quedó acreditado que uno de los empleados realizó al menos 14 envíos de encomiendas durante 2023, incluido el que fue interceptado con las 500 ampollas de fentanilo.
La causa se originó en abril de 2023, cuando efectivos de Gendarmería interceptaron un camión de transporte de pasajeros sobre la Ruta Nacional N° 12 y descubrieron una encomienda con 500 ampollas de la principal droga mediante equipos de rayos X. En presencia de testigos se reveló el envío irregular de los fármacos desde Posadas hacia la Capital Federal. A partir de ese procedimiento, la Fiscalía Federal y PROCUNAR abrieron una investigación que permitió reconstruir una red de desvío y tráfico que funcionaba desde 2020.
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