Demoraron a un subalcaide del Servicio Penitenciario de Salta durante el juicio que investiga una red narco dentro de un penal

Este lunes, 8 oficiales del Servicio Penitenciario Provincial de Villa Las Rosas, en Salta, y un perito informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) comparecieron ante el Tribunal de Juicio, presidido por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, y respondieron a las preguntas de la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.

Gracias a los testimonios recogidos por el tribunal durante la sexta jornada de la audiencia de debate contra 20 acusados de integrar una red narcocriminal que operaba dentro del penal, quedaron expuestas las fallas en los controles y carencias en la capacitación del personal penitenciario.

Uno de los momentos más tensos de la jornada se produjo cuando un funcionario que ejercía como jefe del Pabellón A1 durante el período investigado, y que actualmente ocupa el cargo de subalcaide, fue demorado por el tribunal.

El motivo: sus respuestas evasivas ante las preguntas sobre un pedido del acusado Sergio Moya, jefe de seguridad externa, para que un interno obtuviera el beneficio de extramuros.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, el tribunal le recordó en tres ocasiones que declaraba bajo juramento y que, como funcionario público, debía responder con veracidad.

Los testimonios expuestos revelan deficiencias en los procedimientos internos y falta de formación del personal penitenciario en la Unidad Carcelaria 1.

El perito informático del CIF detalló que su intervención consistió en procesar un teléfono celular perteneciente a Francisco Bisceglia, un miembro de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, apuntado por el director general del Servicio Penitenciario, Enrique Torres, como responsable de otorgar salidas transitorias, traslados de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, ingreso de celulares, cargadores, comida, bebidas y estupefacientes.

El especialista explicó que realizó dos tipos de extracción: la lógica, que permite acceder a la información visible con el equipo encendido, y la física, que incluye datos de aplicaciones y material eliminado.

Para ello, utilizó la herramienta de análisis forense Cellebrite, de uso habitual en investigaciones policiales. El especialista aclaró que su labor se limita a la extracción de datos, sin analizar el contenido, y que toda la información obtenida se remite a la Fiscalía, donde queda a disposición de las partes.

A su vez, el testimonio de la auxiliar administrativa de la Dirección de Régimen Correccional aportó detalles sobre el proceso para otorgar beneficios extramuros.

La mujer relató que uno de los funcionarios acusados le consultó, incluso por mensajes, sobre el pedido de beneficio para Manuel Méndez, interno que figura dentro de las pruebas presentadas por la fiscalía, ya que envió audios donde se jactaba de consumir drogas, asar carne y burlar el sistema carcelario.

La solicitud fue rechazada por no alcanzar los puntajes mínimos en Conducta y Concepto, requisitos indispensables junto con la historia clínica para acceder a estos beneficios. El trámite, según explicó, ingresó por Mesa de Entrada con los antecedentes, se derivó al área correspondiente y fue devuelto por no reunir las condiciones exigidas.

Por otro lado, la jefa del Sector Atención al Ciudadano reconoció que en su área no revisan lo que ingresa al penal, ya que esa tarea corresponde al sector de scanner. Además, reconoció ser la persona que aparece en un video recibiendo cajas de pizza, pero negó recordar el episodio y subrayó que ni los internos ni los cadetes pueden solicitar o ingresar comida por delivery.

También reconoció que en una ocasión se detectó el ingreso de drogas ocultas en alimentos.

Mientras tanto, el jefe de Capacitación del Penal, responsable de los talleres de oficios, fue enfático al afirmar que la compra de materiales la realiza un encargado y que, bajo ningún concepto, un maestro puede recibir transferencias de familiares de internos para adquirir insumos.

Por su parte, la empleada del Sector de Registro y Requisa de la Unidad Carcelaria 1 describió el equipamiento y los procedimientos de control.

Señaló que el penal dispone de tres scanners, aunque uno permanece fuera de servicio desde hace tiempo. Al personal penitenciario se le realiza una palpación superficial antes de ingresar.

La funcionaria indicó que es habitual que los funcionarios ingresen alimentos, incluso carne cruda, siempre con autorización verbal de un superior. Dispone de un listado de elementos permitidos, pero admitió que no leyó el Reglamento de Requisa del Servicio Penitenciario.

Consultada sobre la interpretación de las imágenes del scanner, reconoció que no sabe identificar drogas y que nunca recibió capacitación para esa tarea. Además, precisó que la Oficina de Atención al Ciudadano no cuenta con un puesto propio de Registro y Requisa.

Los testimonios del subjefe del Departamento de Vigilancia y Tratamiento de Seguridad Externa y del responsable del Sector de Mantenimiento de Guardia Externa giraron en torno a la insistencia de Sergio Moya para obtener el beneficio de extramuros para un interno, a quien presentó ante algunos como vecino y ante otros como familiar.

Tras la declaración de todos los testigos, el subalcaide que había sido demorado fue convocado nuevamente por el tribunal y respondió las preguntas de las partes.

Para la próxima jornada, prevista para el martes 12 de agosto, se espera la declaración de diez personas.