Procesaron otra vez y le decretaron la quiebra a los “Cositorto de los departamentos”

El clan familiar L’Abbate, encabezado por el patriarca Vito Antonio L’Abbate, sus hijos Emanuel Andrés, Santiago y Juan Ignacio y su apoderado Patricio Gastón Flores se encuentra bajo prisión preventiva, acusado de la mayor inmobiliaria de la historia reciente, el negocio del holding Induplack. Se ganaron un apodo un tanto desagradable en los tribunales porteños: “Los Cositorto de los departamentos”. En los últimos días, los L’Abbate, investigados por la fiscal Mónica Cuñarro, sumaron dos nuevos reveses en la Justicia que agravan aún más su situación: ampliaron su procesamiento y les decretaron la quiebra.

Los L’Abbate operaban con dos brazos: la inmobiliaria Induplack e Induplack Fiduciaria SA, que administraba los fideicomisos.

Según la acusación, desde 2012 la empresa Induplack operó en el creciente mercado inmobiliario porteño, con ofertas de obras de pozo con cuotas pesificadas, que resultaban tentadoras para pequeños inversores, personas que tras años de ahorro deseaban tener su casa. Ofrecieron, por lo menos, 13 obras en su esquema a lo largo de diversos barrios porteños, en calles como Caaguazú, Ruiz Huidobro y la avenida Rivadavia.

Con el tiempo, las demandas y causas judiciales comenzaron a apilarse. Induplack no entregaba los departamentos. El holding sangraba por deudas. Hasta hoy, Induplack Fiduciaria registra un rojo de cheques sin fondo por 114 millones.

Así, fueron investigados por la fiscal Cuñarro por los delitos de asociación ilícita y estafa, con 35 denuncias presentadas entre 2024 y 2025 y 40 víctimas. Fueron finalmente procesados por la jueza Paula González en abril de este año con un embargo de 905 millones de pesos; horas más tarde, los L’Abbate y Flores se entregaban en Tribunales, en un intenso clima de escraches online y reclamos de damnificados.

En rigor, ese fue es el segundo procesamiento de la causa. Hubo otra para tres de los acusados, pero sin prisión preventiva. El 8 de octubre último, la Sala VII de la Cámara Criminal y Correccional, integrada por Juan Esteban Cicciaro y Ricardo Matías Pinto, confirmó aquella decisión, con un embargo colectivo que superó los $700 millones.

La semana pasada, la jueza González resolvió ampliar el procesamiento de los L’Abbate y Flores en base a nuevas denuncias: las estafas, presuntamente cometidas bajo el paraguas de una asociación ilícita, ahora ascienden a 85.

También, mantuvo sus prisiones preventivas y decretó la inhibición general de todos sus bienes. Los querellantes también aumentaron. El fallo firmado por la jueza González asciende a más de 80 presuntas víctimas constituidas. Mientras tanto, dos acusados de supuestamente intervenir en los negocios de Induplack recibieron la falta de mérito.

En paralelo, otro frente de tormenta se abrió para el clan acusado de vender ladrillos y no entregarlos. Hay un tramo interesante en el nuevo fallo de

“Durante la audiencia celebrada el 15 de abril pasado, en el marco de su descargo, Vito y Emanuel L’Abbate intentaron justificar la proliferación de empresas al explicar que en el año 2018 sufrieron un default por 14 millones de dólares por lo que empezaron a vender activos de la familia y de la empresa familiar y que nunca se quisieron concursar. El último de los nombrados aseguró categóricamente: ‘El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden, por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios’”.

El viernes 18 de este mes, el Juzgado Comercial N°26 resolvió decretar la quiebra de Induplack Fiduciaria, luego de la presentación de varios acreedores. También ordenó la inhibición general de los bienes de los L’Abbate, que quedarán bajo control de un síndico y que se anuncie la quiebra en el Boletín Oficial. También, ordenó que se prohíba la salida del país del patriarca Vito. No podrá hacerlo, dado que está preso.