Un hombre de 44 años fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, acusado de haber montado una maniobra fraudulenta con una empresa que ofrecía supuestas inversiones en minería de criptomonedas y tecnología. La Justicia investiga a su entorno y no descarta nuevas detenciones. La causa tiene hasta el momento 12 denunciantes.
El operativo policial fue realizado por la DDI San Isidro, por orden del Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, y a pedido de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos, que dirige Alejandro Musso.
Según la investigación, entre junio de 2021 y diciembre de 2022, L.V.B., quien figuraba como gerente de la firma Global Digital S.R.L., habría liderado un esquema que captaba inversores por Instagram, donde promocionaban inversiones bajo el nombre comercial CryptoFarm.
Prometían una renta mensual fija del 5% y decían tener respaldo de aseguradoras, aunque este último dato era falso.
Los contactos con las víctimas se daban a través de redes sociales. Tras captar el interés de quienes buscaban invertir, los integrantes de la organización abonaban pequeños dividendos iniciales que generaban confianza.
Sin embargo, luego suspendían los pagos. Alegaban supuestas caídas en el valor de Bitcoin, y en algunos casos, según relataron las víctimas, llegaban a intimidarlas con amenazas.
Existen acusaciones de que, durante reuniones para reclamar el dinero perdido, los responsables exhibían armas de fuego.
En la investigación también se determinó que los acusados instalaron oficinas y crearon un sitio web donde mostraban equipamiento de minería que no existía, todo con el objetivo de dar apariencia de solvencia.
Los registros oficiales muestran que la empresa Global Digital había cambiado de nombre en 2018 y desde 2019 L.V.B. era el único gerente registrado. En noviembre de 2023, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°1 declaró la quiebra de la firma.
En tanto, CryptoFarm S.R.L. se constituyó en octubre de 2021: su objeto era la prestación de servicios vinculados a informática y tecnología.
Por fuera de esas actividades, el detenido aparece vinculado desde 2016 a otras sociedades, la mayoría dedicadas a la informática, pero también del rubro inmobiliario y textil. Además, en los últimos meses promocionaba en redes un sistema para administrar pymes y empresas.
L.V.B. será indagado en las próximas horas. Durante el allanamiento a su vivienda, los agentes de la DDI secuestraron un auto de alta gama, una notebook y un teléfono celular.
Los ciberdelitos, en aumento
Un informe reciente de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolin, arrojó un crecimiento del 21,1% en los delitos informáticos durante el año pasado, con un total de 34.468 reportes por hechos vinculados a fraudes digitales y otros ataques.
La modalidad más frecuente fue el fraude en línea, con situaciones que van desde estafas en la compra y venta por internet hasta estafas piramidales y ofrecimientos de inversiones en tecnologías o plataformas. Otras fueron la usurpación de identidad, el acceso ilegítimo a cuentas, el phishing y el acoso digital.
Del total de fraudes en línea, más de la mitad se refiere a operaciones de compra y venta a través de internet; un 18% corresponde a engaños en homebanking, un 10% a esquemas tipo Ponzi y el 16% a otras formas.
Además, el organismo señala que aumentaron los delitos vinculados a falsas oportunidades de inversión y ofertas de trabajo, donde las víctimas entregan dinero creyendo que accederán a una ganancia segura.
El informe también registró 774 casos de extorsión digital en 2024, con situaciones como chantajes en los que los acusados exigen pagos en criptomonedas. Hubo, además, 1.458 reportes de acoso por medios digitales durante el año, de los cuales 340 corresponden a situaciones de violencia contra mujeres.
En octubre de 2023 entró en vigencia la Ley Olimpia, que sumó la violencia digital contra mujeres a la legislación sobre violencia de género. Desde entonces, la UFECI reporta la difusión no autorizada de imágenes íntimas como una nueva modalidad dentro de los delitos informáticos.
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