
En la madrugada del 19 de marzo, E.G, jubilada de 73 años, prendió fuego a su hijo de 45 mientras estaba sedado en una de las camas de su casa en Llavallol.
No sabía lo hacía.
“No estaba consciente de sus actos”, determinaron las pericias psiquiátricas oficiales ordenadas por la fiscal Marcela Juan, titular de la UFI N°16 de Lomas de Zamora, quien a las pocas horas de ocurrido el ataque y cuando aún el hombre quemado peleaba por su vida, resolvió dejarla en libertad. La funcionaria consideró que no existía riesgo procesal pero sobre todo justificó su decisión en lo que pudo conocer de la dura historia de violencia y maltrato que se escondía detrás: su propio hijo era su victimario. Dos días después, el hombre -identificado como C.A.G- murió en el hospital Gandulfo tras sufrir quemaduras en el 90% del cuerpo. Sin embargo, la fiscal mantuvo la libertad de la madre y los estudios psiquiátricos posteriores terminarían por argumentar esa resolución. Así, la jubilada pudo mantenerse dentro de su domicilio.
Desde entonces su vida siguió siendo un infierno.
Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la causa, E.G. y su esposo sufren desde hace varios días una serie de amenazas por parte de vecinos por el crimen y por el hecho de que la Justicia la dejó en libertad. “Quieren apedrearle la casa, le advierten que llamarán a los medios de comunicación, la hostigan día y noche y le gritan asesina. La señora la está pasando realmente mal”, revelaron a este medio.
Lo que probablemente no saben en el barrio es que las pericias establecieron que la jubilada “era víctima de violencia, sufría de estrés postraumático, no pudo comprender lo que estaba haciendo” y roció con alcohol a su hijo para luego prenderlo fuego como una reacción a la violencia que padeció durante años. Aunque muchos estaban sí al tanto de que C.A.G. padecía de esquizofrenia paranoide y maltrataba especialmente a su mamá. También que tenía que tomar medicación y que, cuando no lo hacía, la situación se tornaba violenta.
“Los vecinos están organizando un escrache para convocar canales de televisión. La señora es una víctima. Era como una olla a presión y reaccionó por tantos años de maltrato y de estar al cuidado de una persona psiquiátrica que era violenta con ella. Eso claramente tuvo que afectarla”, indicó una fuente judicial.
Los informes indicaron que E.G. padeció una crisis emocional con una notable falta de sueño que afectó sus facultades. Concluyeron que “no pudo comprender la criminalidad del acto” y “la violencia y las amenazas ejercidas por su hijo afectaron su integridad”. En ese sentido, la jubilada “tuvo problemas en la concentración, en el sueño y, según la Oficina de Asistencia a la Víctima que también la entrevistó, tiene características de una mujer que fue víctima de violencia de género con “naturalización, culpa y justificación de esos actos de violencia que su hijo ejerció contra ella”, agregó el informe oficial.

El horror se desató luego de un nuevo brote psicótico de C.A.G. Ese día, el hombre comenzó a insultar y perseguir a su mamá por la casa. De hecho, tomó un cuchillo y la amenazó. Fue entonces cuando la pareja de jubilados resolvió llamar al 911. Temían que algo más grave pudiera pasar. A los pocos minutos, llegaron efectivos de la Comisaría 4°, controlaron la situación y le pidieron al personal médico del servicio de Emergencias de Lomas de Zamora que revisara al agresor. Los profesionales decidieron sedar al paciente y dejarlo dormido con la esperanza de que todo quedara allí.
E.G. les pidió encarecidamente que se lo llevaran a un hospital pero no hubo caso. En segundos, todo cambió dramáticamente.
Mientras los efectivos estaban en la puerta del domicilio para irse, la jubilada vio que su hijo dormía producto de los medicamentos que le suministraron, lo roció con alcohol y lo prendió fuego. Su marido, al ver la escena, salió corriendo a llamar a los efectivos que ya estaban por abandonar el lugar. La mujer fue aprehendida y cuando la fiscal Juan logró conocer más fondo la historia, la dejó en libertad. Su hijo, descubrió la Justicia, la había sometido a maltratos, golpes incluso, desde que tenía 17 años.
Las fuentes del expediente remarcaron la falta de respuesta por parte de la Policía y los médicos, que en caso de haberle hecho caso al pedido de E.G., la situación pudo haberse evitado. Por lo pronto, la fiscal Marcela Juan baraja pedir el sobreseimiento. Sobre la situación barrial, la fiscalía del caso instó a la mujer y a su pareja a que realicen una denuncia por hostigamiento.
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