La eutanasia y el suicidio asistido en el mundo: los casos pioneros y la decisión de Suiza sobre los “turistas de la muerte”

Hace apenas un mes, Uruguay se convirtió en el último país en legalizar la eutanasia en el mundo. El Poder Legislativo de ese país aprobó en octubre los cambios necesarios en su ley penal para ya no se considere un delito prestar asistencia médica para morir a las personas psíquicamente aptas y mayores de edad que atraviesen la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que, por esa enfermedad padezca un sufrimiento insoportable.

Con la aprobación de la ley, Uruguay se convirtió en el noveno país del mundo en el que se habilita de manera general el acceso a la eutanasia y el suicidio asistido bajo determinados requisitos. El primero fue Países Bajos, hace algo más de veinte años.

En concreto, los países que habilitan la eutanasia legal son aquellos en los que, en determinadas condiciones de la persona que pide el acceso a ese derecho, un médico u otro profesional de la salud puede administrar la medicación necesaria para provocar la muerte de solicita el proceso.

El suicidio asistido consiste, a la vez, en que la persona que solicita el proceso, siempre que cumpla con determinados requisitos, pueda recibir legalmente las sustancias necesarias para provocarse la muerte.

El mapa mundial, en el que todavía son muy pocos los países que han avanzado legalmente sobre estos procedimientos sanitarios, es diverso. Además de los nueve países en los que se puede acceder a que un médico administre o recete las drogas necesarias para morir, hay otros estados en los que es legal el suicidio asistido pero no la eutanasia.

También hay otros en los que algunas regiones del país permiten la eutanasia y otros no, y, por último, algunas naciones en las que se aprobó el procedimiento eutanásico por la vía judicial y está pendiente la sanción de una ley general sobre el tema.

En el mundo, es mucho más generalizado el acceso a la llamada Muerte Digna, que permite a una persona rechazar tratamientos, procedimientos y terapias de “sostenimiento vital” que prolonguen artificialmente la vida o produzcan un sufrimiento desmedido respecto de las posibilidades de mejoría. En la Argentina, este derecho existe desde 2012.

La legalización de la eutanasia y del suicidio asistido han llevado, en cada uno de los países en los que ocurrieron, un profundo debate ético y legal. En la Argentina, una encuesta realizada en 2022 por la Red de Cuidados y Decisiones en el Final de la Vida del Conicet reveló que el 45% de los profesionales de la salud habían recibido pedidos de información sobre eutanasia por parte de sus pacientes.

A la vez, el observatorio Pulsar.UBA, centrado en estudios de opinión pública y dependiente de la Universidad de Buenos Aires, publicó hace dos años una investigación según la cual el 72% de los encuestados estaba bastante de acuerdo o muy de acuerdo con que “se permita a personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas”.

En Argentina el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido nunca llegó al Congreso, donde ahora mismo hay cinco proyectos de ley con estado parlamentario sobre el tema. Mientras tanto, María del Carmen Ludueña, una mujer de 63 años postrada en su cama desde hace siete, espera una resolución de la justicia bonaerense sobre su pedido para acceder a la asistencia médica para morir.

Países Bajos dio el primer paso a nivel global en 2002, cuando legalizó completamente la eutanasia activa, es decir, el procedimiento por el que un médico administra las sustancias que provocan la muerte de la persona que solicita acceder a ese derecho.

Le siguieron Bélgica y Luxemburgo, sus estados vecinos, también en 2002 y en 2009 respectivamente. Canadá aprobó la eutanasia legal en 2016 y España y Nueva Zelanda, en 2021. Luego fue el turno de Portugal, siguió Ecuador en 2024, y Uruguay en octubre de este año.

La eutanasia activa es también legal en algunos estados de Australia, así como el suicidio asistido puede llevarse a cabo sin restricciones en algunos estados de los Estados Unidos. Colombia fue el primer país de Latinoamérica en dar acceso a la eutanasia, pero ocurrió por la vía judicial. Luego, una reglamentación del Ministerio de Salud colombiano formalizó los requisitos y procedimientos, pero aún está pendiente la sanción de una ley.

Suiza y Austria han legalizado el suicidio asistido, pero no la eutanasia activa. Suiza legalizó el también llamado “auxilio al suicidio” en 1942, lo que convirtió al país en un absoluto pionero a la hora de discutir el llamado “derecho a morir”.

Alemania, Colombia, Ecuador e Italia habilitaron el acceso al suicidio asistido a través de sus tribunales. Colombia, que había dado un primer paso jurídico en 1997, despenalizó luego la eutanasia a través de su Corte Constitucional para personas que atraviesen enfermedades graves e incurables e incluso después amplió el acceso a otros casos. Pero también está pendiente la sanción de una ley.

En 1997, Colombia dio el primer paso latinoamericano respecto del “derecho a la muerte”. Ese año, una sentencia habilitó a que un paciente terminal fuera asistido médicamente para morir. Hasta 2021, el acceso se limitaba a pacientes terminales, pero ese año la Corte extendió la posibilidad de acceder a esta prestación a quienes atraviesen “un intenso sufrimiento físico o psíquico” por una lesión o enfermedad incurable.

En 2022, la colombiana Marta Sepúlveda logró acceder a la eutanasia: fue la primera persona de su país en recibir asistencia médica para morir sin diagnóstico de una enfermedad terminal, aunque sí con un sufrimiento que se consideraba intenso.

En Ecuador fue el caso de Paola Roldán el que más empujó el debate. Padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y demandó al estado en 2023 para que se despenalizara la eutanasia activa y así poner fin a su tratamiento. La Corte falló a su favor y pudo acceder a la asistencia que había requerido.

El caso de Ana Estrada, una incansable luchadora por el acceso a la eutanasia en Perú, sentó un precedente que, por ahora, es sólo una excepción en su país. En 2021, el Poder Judicial autorizó que se le practicara eutanasia activa. Ana padecía polimiostitis, una enfermedad degenerativa de las consideradas raras.

Suiza es el único país del mundo en el que no hace falta ser ciudadano de ese estado para acceder legalmente a las sustancias necesarias para autoprovocarse la muerte. Bélgica, a la vez, permite que ciudadanos extranjeros soliciten el acceso a la eutanasia activa. Por eso, en ambos países existe el llamado “turismo del suicidio”.

En Suiza, no necesariamente tiene que ser un médico quien preste asistencia en el suicidio ni tampoco es imprescindible que existan motivos médicos para quien solicita el proceso. Quien asiste a la persona que decide terminar con su vida no sufre consecuencias jurídicas o penales siempre y cuando no se detecte que motivó a la persona a terminar con su vida.

Alrededor de 500 personas viajan a Suiza cada año para acceder al suicidio asistido. El requisito principal en ese país es que el solicitante pueda administrarse la sustancia, algo que habitualmente ocurre cuando la persona abre una válvula que hace que una dosis letal de pentobarbital sódico fluya a su sangre.

El “turismo de la muerte” ha llevado al Estado suizo a tomar algunas decisiones en los últimos meses. Es que cada muerte, sea de un residente suizo o un extranjero, implica una investigación médica y legal para determinar qué pasó. Y los costos de esa investigación exhaustiva recaen sobre el Estado.

Hasta hace algunos meses, el cantón suizo de Solothurn destinaba unos 3.000 francos suizos (3.750 dólares, aproximadamente) a esa investigación. Por eso, el cantón decidió cambiar su enfoque de cara a los solicitantes extranjeros, algo que está en análisis en otras zonas del país.

Pegasos es una de las organizaciones privadas que facilita el acceso al suicidio asistido, y estableció junto al cantón de Solothurn que presentaría un video por cada ciudadano que ejecuta propio suicidio en el marco de haber recibido asistencia. Eso reduce la investigación legal y médica de los motivos de la muerte de esa persona, lo que, a la vez, achica los costos que debe afrontar el Estado en alrededor de 1.500 dólares.

A la vez, el cantón impulsó que las organizaciones pro-muerte digna empiecen a prorratear el costo de las investigaciones en lo que deben pagar los ciudadanos extranjeros que viajan a Suiza a morir. En total, el costo de acceder al suicidio asistido allí ronda los 12.500 dólares.

El llamado “modelo Solothurn” está en estudio en otras regiones de Suiza porque reduce los costos que afronta el Estado y porque, además, es más amable con los seres queridos de quien acaba de quitarse la vida, ya que no tiene que intervenir un equipo de investigación en la escena.

Se llama “Sarco” y fue desarrolla por Philip Nitschke, un médico australiano que impulsó el acceso a la eutanasia. Es una cápsula a la que se le fue desarrollando un diseño cada vez más futurista y aerodinámico, y está destinada al suicidio por asfixia.

Según el diseño del médico australiano, el ocupante está en un asiento reclinable dentro de una cámara sellada y presiona un botón que libera gas nitrógeno. Se reduce el oxígeno a niveles letales, lo que provoca la muerte. La cápsula tiene también un botón de emergencia que permite salir.

La cápsula Sarco fue usada por primera vez en septiembre de 2024 y despertó una enorme polémica, además de varias detenciones. Es que se trató de un caso bajo sospecha de incitación al suicidio, lo que excede los alcances del suicidio asistido que es legal en ese país europeo.

Aunque el objetivo de Nitschke es “desmedicalizar el proceso”, una de las críticas principales al dispositivo que creó es que pueda operarse sin supervisión médica. El Ministerio de Salud suizo expresó que el uso de la cápsula no es legal porque esa forma de usar el nitrógeno no es compatible con el previsto por las leyes de uso de sustancias químicas del país.

La eutanasia activa y el suicidio asistido son legales en apenas algunos países del planeta. El debate está abierto y son cada vez más las voces que reclaman el derecho a decidir cómo morir.