El alquiler de una casa en un country que derivó en denuncias cruzadas de usurpación y robo: “Me pidieron 50 mil dólares para irse”

En 2019, Mariano Paternostro compró junto a su hermano un lote en el barrio privado San Sebastián, en el partido de Pilar, con la intención de construir una vivienda para ponerla en alquiler temporario. La obra concluyó en 2022 y, desde ese momento hasta la fecha, aseguran que celebraron “más de 100 contratos sin inconvenientes”.

La modalidad era simple: estadías cortas de fin de semana o temporadas, con pagos al día y un público que, según el propietario remarca, se convirtió en clientela habitual. “Nunca tuve un problema, la gente siempre quiso volver”, recordó Mariano. El precio oscila entre los USD 120 y los USD 200, dependiendo la temporada.

Pero todo cambió en mayo de este año, cuando una mujer de nacionalidad brasileña lo contactó -a raíz de la publicación que había subido a Mercado Libre- para arrendar la casa por dos semanas.

“Sería para 15 o 20 días como máximo, porque ya tenemos una casa reservada para ingresar el 1 de junio”, le dijo la mujer a Mariano en un audio que le envió por Whatsapp, en alusión a otra propiedad que iban a habitar en el mismo barrio privado.

El primer contrato, del 15 al 22 de mayo, fue abonado en su totalidad y establecía la posibilidad de extensión del alquiler si la entrega de la otra propiedad se demoraba más allá de lo pautado.

Al vencerse el contrato, el marido de la mujer pidió una prórroga hasta el 5 de junio. Pero ya no fue él quien rubricó los papeles, sino su esposa. Ese día, Mariano contó que se presentó en la casa acompañado por su padre y un trabajador de la construcción, que debía hacer un trabajo de impermeabilización en la terraza de la propiedad.

“Como su marido no estaba, acepté que ella firmara el segundo contrato de alquiler y me pagó sólo la mitad de lo convenido. Me quedaron debiendo USD 550. Esa fue la única vez que la vi personalmente y, a partir de allí, comenzaron los problemas”, señaló Mariano.

El 2 de junio, también por audio de WhatsApp, el hombre le confirmó que la otra casa se la entregarían el 10 de junio. Le pidió dos días más para terminar de equiparla y le dijo que se irían de la vivienda el 12 de junio.

“Pactamos el tercer contrato y le pedí que cancelara la totalidad la deuda, que sumaba unos USD 1.425. En ese momento, le avisé que volvería a ir a la casa, pero con un podador para cortar un árbol. Era un trabajo que ya había acordado con anticipación antes de saber que los inquilinos volverían a extender su estadía”, precisó Mariano.

El 12 de junio, el hombre no sólo no entregó la propiedad sino que le envió a Mariano, por WhatsApp, una captura de una carta documento en la que lo acusaba de “acoso sexual” a su esposa.

También lo denunció por el robo de 25 mil dólares y tres relojes Rolex cuando se presentó en la vivienda a cortar el árbol junto al podador. “Ahí empezó mi pesadilla”, relató Mariano. “Me encontré con denuncias falsas, amenazas y una maniobra para quedarse con mi casa”, agregó.

En este contexto, Mariano presentó el 1 de julio una denuncia penal por usurpación ante la Unidad Funcional De Instrucción Nº2 Descentralizada Pilar del Departamento Judicial San Isidro; y una demanda civil por desalojo, que terminó en el Juzgado Civil N°21 de CABA.

Finalmente, las causas penales del propietario y el inquilino fueron unificadas en la UFI N°1 de Pilar, donde conviven la denuncia por usurpación presentada por Mariano y las acusaciones en su contra hechas por el matrimonio.

En la justicia, Mariano aportó contratos, chats de WhatsApp y testigos para demostrar la relación comercial y la posterior ruptura. También denunció una extorsión: “Me pidieron USD 50 mil para irse de mi casa”.

El supuesto ofrecimiento le llegó a su abogada, Mariela López Tilli, a través de una persona que se presentó como el abogado del matrimonio. “Fue una maniobra extorsiva para que retiráramos las demandas de usurpación y desalojo contra ellos”, señaló Mariano.

Por su parte, los denunciados presentaron la versión de un supuesto acoso sexual y del robo de dinero, con la intención de justificar su permanencia en la propiedad bajo el argumento de que ya no contaban con el dinero para señar la otra casa que querían alquilar durante un año, en ese mismo barrio privado.

Más allá de lo judicial, Mariano asegura que la situación lo afectó profundamente: “Hace tres meses estoy viviendo en el infierno”. También señaló que dejó de tener ingresos por los alquileres temporales y que eso le provocó un fuerte daño económico.

Este caso también dejó expuesta la supuesta responsabilidad que le cabe a la administración del barrio San Sebastián cuando vencen contratos de estadías cortas y los inquilinos buscan permanecer. “Ya estando el barrio y la administración notificados fehacientemente por carta documento y correo electrónico de que el contrato había finalizado y que el matrimonio ya no contaba con la autorización para ingresar después del 12 de junio, los dejaron pasaron igual. Esa noche mi casa fue usurpada ilegalmente”, afirmó el damnificado.

Desde la administración del barrio San Sebastián respondieron que impedirles el ingreso al matrimonio, aún con el contrato vencido, sería “equivalente a ejecutar un desalojo”, algo que —dijeron— no podían hacer.

Jorge Frillocchi, el inquilino señalado como “usurpador” por parte de Mariano, rechazó esa acusación, negó cualquier maniobra extorsiva, y enfocó su reclamo en el robo denunciado y en los efectos económicos que le impidieron mudarse a la casa que tenían reservada.

“No usurpo absolutamente nada de ninguna manera”, afirmó Frillocchi, y dijo que pidieron una mediación civil para el 12 de septiembre con el objetivo de acordar la entrega de la propiedad; algo que fue desmentido por el propietario de la casa.

Frillocchi explicó que la relación con Mariano se tensó a raíz de la poda de un árbol, ubicado frente a la entrada de la casa. “Le dije que no había problema que fuera a podarlo, pero le avisé que yo no iba a estar. Le pedí que no entrara a la vivienda porque mi señora no atiende a nadie”, señaló.

Pese a ello —dijo— la esposa lo llamó desesperada para contarle que alguien había ingresado en la casa mientras ella estaba en su habitación. Según la mujer, el hombre que vio se parecía físicamente a Mariano.

Frillocchi contó que, ante el pedido de ayuda de su mujer, llamó al 911 desde una oficina del centro de Pilar y se dirigió de inmediato al barrio. “Mi señora estaba aterrada. Escuchó pasos, puertas que se abrían y cerraban, y que alguien se acercó al cuarto donde estaba descansando”, narró. Según su versión, cuando llegó ya había seguridad y policía en el lugar, que encontraron a dos personas, entre ellas, al propietario.

Frillocchi denunció que, con motivo de esa intrusión, faltaron joyas y dinero. “Se llevaron USD 25.000 en efectivo y piezas de valor”, aseguró. Explicó que ese dinero estaba destinado a la mudanza a otra vivienda y que, por esa pérdida, cayó la reserva. “Quién nos robó lo determinará la justicia”, sentenció.

Con respecto a la denuncia de acoso sexual que presentó su mujer, Gisele Neves Viturino, el hombre dijo que “Mariano sabía de antemano que ella iba a estar sola, porque el día anterior se lo había comentado a durante la charla sobre la poda de un árbol”. Consideró que Mariano aprovechó esa circunstancia para entrar en la casa y acercarse a ella, reforzando la idea de una intención indebida.

La mujer, además, hizo referencia a un hecho sucedido durante la renovación del segundo contrato alquiler. Señaló que Mariano ingresó sin permiso a la casa, se colocó “muy cerca” suyo en la cocina y solo se apartó cuando aparecieron sus hijas y la niñera.

Consultado sobre un supuesto pedido de USD 50.000 para dejar la casa, Frillocchi lo negó. “No tengo esa información. Mi abogado es el doctor Fabián Basave, está presentado en la causa y no tuvo contacto con la abogada de la otra parte”, indicó. Admitió, sí, que la suma de lo robado “ronda esa cifra” entre dinero y joyas, pero rechazó que su defensa haya condicionado la entrega de la casa a ese pago.

“Estamos buscando adónde irnos. No es nuestra intención quedarnos. La situación económica se complicó con el robo”, planteó Frillocchi.

Mientras la justicia civil define el desalojo y la justicia penal avanza sobre la usurpación, el propietario también debe afrontar deudas ajenas en servicios y expensas, que -asegura- ya suman $2 millones.

Carla Susana Giorgi, que en agosto de 2018, le había alquilado a Frillocchi una casa en el barrio cerrado Guadalupe, ubicado dentro del complejo Pilar del Este, logró un fallo favorable de desalojo luego de tres años de litigio judicial.

“Pagó unos pocos meses y luego dejó de hacerlo”, relató el abogado Alejandro Olazábal, que representa a la mujer.

“En noviembre de 2021 salió la sentencia firme. A pesar del fallo, el inquilino no cumplió con la orden judicial y recién abandonó la propiedad en diciembre de 2021, sin comunicarlo al juzgado”, recordó el letrado.

La restitución formal de la casa se concretó en febrero de 2022, cuando el juez autorizó a la propietaria a ingresar al inmueble acompañado por un oficial de justicia. Según el abogado, “la vivienda se encontraba en estado de completo deterioro”.

Como hasta el día de hoy Frillocchi no pagó los alquileres adeudados, acumulando una deuda que ronda los USD 28 mil, la justicia también ordenó el embargo de su camioneta Hyundai Tucson color blanca para garantizar la recuperación de parte de lo reclamado.

El abogado destacó, además, que Frillocchi arrastraba un patrón de incumplimientos contractuales y deudas judicializadas en barrios cerrados de la zona norte del conurbano bonaerense.

“Ya había tenido otro juicio de desalojo antes de alquilar la propiedad de mi clienta, lo que demuestra una manera de actuar reiterada”, concluyó.