El Gobierno oficializó la designación en comisión de las máximas autoridades de la Autoridad Nacional de la Competencia, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia en la Argentina.
A través del Decreto 810/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se dispuso la cobertura de los principales cargos del organismo, en el marco de un proceso que incluyó concurso público y la intervención de la Oficina Anticorrupción.
Esto responde a la necesidad de poner en funcionamiento pleno a la Autoridad Nacional de la Competencia, un ente descentralizado y autárquico creado por la Ley 27.442 para prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas en los mercados.
El proceso de selección, iniciado por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se rigió por un reglamento específico y contempló varias etapas: evaluación de antecedentes curriculares y laborales, evaluación técnica, entrevistas y presentación de proyectos de gestión institucional.
Una vez conformadas las ternas de candidatos para cada cargo, la Oficina Anticorrupción analizó posibles conflictos de intereses y emitió sus recomendaciones, que fueron consideradas antes de la designación.
El decreto designa en comisión —es decir, de manera provisoria hasta que el Senado otorgue el acuerdo definitivo— a Eduardo Rodolfo Montamat como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.
El nuevo titular del organismo es abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es Profesor titular en Economía y Finanzas en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de Chilecito. Fue Jefe de Abogados de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y Vocal entre 1999 y 2003, y se desempeñó como vocal de la CNDC desde su nombramiento en enero de 2024 hasta marzo 2205, que pasó a presidir la Comisión Nacional.
Lo acompañarán como vocales Lucas Gabriel Trevisani Vespa y Marcelo Rubén D’Amore, ambos con formación de posgrado en finanzas y disciplinas bancarias, respectivamente.
Además, se nombra a Ana Julia Parente como secretaria instructora de conductas anticompetitivas y a Germán Augusto Zamorano como secretario de concentraciones económicas.
La designación en comisión está prevista en el artículo 23 de la Ley 27.442 y su reglamentación, que habilita al Poder Ejecutivo a nombrar provisoriamente a los seleccionados de las ternas elevadas por el jurado, mientras se tramita el acuerdo del Senado.
El decreto aclara que la Autoridad Nacional de la Competencia se considerará legalmente constituida con el nombramiento de su presidente, dos vocales y los secretarios instructores, quienes comenzarán a ejercer sus funciones de inmediato.
Tras varios meses, el Gobierno logró poner en funcionamiento la Autoridad Nacional de la Competencia y reemplazó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que antes presidía Alexis Pirchio, quien renunció a mediados de marzo, cuando reglamentaron el concurso público de antecedentes y oposición para la preselección de los funcionarios que conformarían el nuevo organismo.
La Autoridad Nacional de la Competencia funciona como un organismo descentralizado y autárquico.
El caso más resonante que llegó hasta el momento es el pedido del Gobierno a la CNDC y el Enacom para evaluar las implicancias de la adquisición del Grupo Telefónica por parte de Telecom, anunciada en febrero.
En 2024 hubo una investigación por presuntas conductas anticompetitivas de las prepagas, tras la acusación de las autoridades de una cartelización para aplicar aumentos a sus afiliados.
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