Claudio Vidal es gobernador de Santa Cruz desde 2023 y desde su llegada al poder él y su entorno han señalado que la Justicia está profundamente influenciada por los 32 años anteriores en los que gobernó el kirchnerismo, en sus distintas versiones.

Con ese trasfondo, hace un mes impulsó una ley para reformar el Poder Judicial santacruceño, ampliando el Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve miembros, y proponiendo a los nuevos integrantes. Esa movida fue avalada por la Legislatura provincial, pero desató un fortísimo enfrentamiento con los dirigentes que aún responden al kirchnerismo local, que aseguran que todo el proceso está viciado de nulidades.

El conflicto derivó en una crisis institucional en el seno del Tribunal Superior de Justicia, que se dividió entre los antiguos y los nuevos integrantes y existe hoy una batalla por la presidencia del cuerpo. Esto elevó la crisis y llevó a que el diputado nacional por Santa Cruz, José Garrido, pidiera en la última sesión de la Cámara de Diputados que el Poder Judicial de la provincia sea intervenido por el gobierno nacional.

Del lado de Vidal aseguran que los kirchneristas están atrincherados en el Poder Judicial. Del lado kirchnerista, acusan al gobernador de avanzar con torpeza, en forma exprés, para controlar la Justicia.

Hasta hace un mes, el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz estaba integrado por cinco miembros:

1. Daniel Mauricio Mariani
2. Reneé Fernández
3. Paula Ludueña
4. Alicia Mercau
5. Fernando Basanta

Luego de la reforma impulsada por Vidal y aprobada por la Legislatura con mayoría oficialista, se incorporaron otros cuatro:

1. Sergio Acevedo
2. José Antonio González Nora
3. Gabriel Contreras Agüero
4. Juan Lucio De La Vega

Sin embargo, la reforma vidalista fue objetada desde el primer momento. La Asociación Judicial, el gremio que representa a los empleados de la Justicia local, presentó un recurso de amparo para frenar la ampliación, argumentando que implicaba un aumento presupuestario de alrededor de 5 mil millones de pesos que terminaba perjudicando al conjunto porque le restaba recursos a las áreas ya existentes. El juez civil de primera instancia Marcelo Hugo Bersanelli hizo lugar a la presentación.

En el gobierno de Vidal no tardaron en cuestionar la decisión de Bersanelli, de quien destacan que tiene un parentesco familiar con Máximo Kirchner, ya que fue su concuñado.

Además, los diputados provinciales de Unión por la Patria cuestionaron igualmente todo el proceso al afirmar que las sesiones en las que se aprobaron la ampliación del Superior Tribunal de Justicia y la incorporación de los nuevos miembros estuvieron atravesadas por irregularidades, como la falta de mayorías especiales y un trámite exprés que duró sólo 24 horas y no dio lugar a audiencias ni exposición de los candidatos. Todas esas objeciones tomaron forma de otra presentación judicial que buscó trabar la reforma.

El Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz llegó a este proceso presidido por Reneé Fernández. Con la llegada de los nuevos jueces, más el apoyo de Daniel Mariani, juez de la antigua composición, la conformación cambió, y la nueva mayoría impulsó al propio Mariani como presidente del cuerpo. Sin embargo, Fernández y los otros cuatro jueces de la anterior conformación del Superior Tribunal desconocieron ese acto y la jura de los nuevos jueces. En el sitio oficial del Poder Judicial santacruceño la presidencia todavía es adjudicada a la jueza Fernández.

Ese puja llevó al diputado José Garrido a presentar una cuestión de privilegio en la sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputados, solicitando que el gobierno nacional intervenga la Justicia santacruceña.

“Aquellos que se quejaban del partido judicial cuando la procesaban a Cristina y la terminaron metiendo presa, les quiero avisar que en Santa Cruz también copiaron ese modelo, también se organizaron su partido político judicial atrincherando a la gran mayoría de los dirigentes del kirchnerismo y de la Cámpora en el Poder Judicial en Santa Cruz”, dijo Garrido en el recinto de Diputados nacionales.

En el gobierno de Vidal destacan que aún cuando la justicia federal ha avanzado con investigaciones y condenas contra funcionarios de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner -con el juicio de vialidad y la condena de Lázaro Báez y de la propia ex presidenta como caso emblemático que destacan- en la justicia de Santa Cruz no hay procesados ni investigaciones pendientes. “Para la Justicia de Santa Cruz nunca hubo corrupción”, lamentan.

Además, sostienen que, en sus distintas esferas, el Poder Judicial sigue respondiendo a intereses de dirigentes del kirchnerismo, y citan el caso del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, a quien la provincia le reclama la retención de los fondos de aportes patronales de los trabajadores municipales. Ese pedido está actualmente judicializado, en un expediente que también pasó por las manos del juez Bersanelli. “No dejan gobernar”, cuestionan en el gobierno provincial.

Los jueces de la antigua conformación del máximo órgano de justicia santacruceño también se expresaron sobre la crisis institucional que generó la disputa.

Tras destacar que las nuevas disposiciones aún están discutidas en instancias inferiores por los planteos gremiales, cuestionaron la manera en la que avanzó el gobernador Vidal.

“Se han propiciado y dictado normas que involucran al Poder judicial, sin que se haya solicitado alguna información u opinión. Más allá de las facultades propias de los otros poderes, dada la repercusión en la práctica judicial, en una convivencia respetuosa del equilibrio institucional podría haberse requerido alguna consulta, como en otras oportunidades los legisladores así lo efectivizaron”, manifestaron en un comunicado.