En una nueva marcha de jubilados que se llevan a cabo de forma periódica todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, se volvieron a registrar enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía de la Ciudad.

Todo comenzó cuando había columnas de diferentes organizaciones que comenzaron a marchar en una de las arterias que cruza la zona de la Plaza del Congreso. En ese sentido, cuando se movilizaban por la avenida Callao, se realizó un operativo de los efectivos de la fuerza porteña que terminó con algunos detenidos.

De acuerdo a lo que quedó registrado por las cámaras de televisión de los medios que estaban en la zona, la Policía de la Ciudad comenzó con el operativo para llevar nuevamente a las columnas de los manifestantes a la zona de la Plaza.

En ese marco, desde que se llevan a cabo estas manifestaciones y se aplica el protocolo antipiquete, se intenta contener a los manifestantes en esa zona, donde se levanta un vallado y se realiza el operativo.

A todo esto, desde este mes de octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales percibirán un aumento de 1,88%, porcentaje que resulta de la “fórmula de movilidad” que utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto publicado por el Indec.

Sobre este nuevo cálculo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el otorgamiento de un bono extraordinario de 70.000 pesos que otorgarán en carácter excepcional a los titulares de haberes mínimos.

El haber mensual mínimo establecido asciende ahora a 326.298,38 pesos, e incorpora el reciente aumento por movilidad. Con la suma del bono anunciado, el monto total que recibirán las personas beneficiarias de la prestación mínima será de 396.298,38 pesos.

En una sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición buscará aprobar una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las facultades del presidente Javier Milei.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU; si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto.

Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.

De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda.

El temario de la sesión incluye también la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin asignación presupuestaria. Los sectores opositores más duros advirtieron que, si Francos no presenta una reasignación de partidas para implementar la ley, impulsarán una moción de censura, mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución que habilita la remoción del jefe de ministros por razones políticas.

La agenda contempla, además, un emplazamiento a la comisión de Presupuesto para fijar una fecha límite al debate sobre el Plan de Ingresos y Gastos 2026, con el objetivo de evitar que el Gobierno prorrogue por tercer año consecutivo el Presupuesto de 2023.

En paralelo, la oposición intentará avanzar con interpelaciones a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos funcionarios fueron citados por la Comisión de Salud, pero no asistieron.

Finalmente, se debatirá la modificación del mecanismo de reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, una medida que podría beneficiar a las provincias y servir como herramienta de presión para asegurar el quórum.