“Las y los abajo firmantes, participantes del concurso convocado por la Comisión Bicameral, queremos dejar constancia pública de nuestro profundo dolor y rechazo por la forma en que se desarrolló el proceso de evaluación y selección”, dice el comunicado que firman Fátima Silva, Ada Luz Centurión, Flavia Valgiusti, Gabriela Micucci, Daniela Carboni Bisso, María Amelia “Memé” Moscoso Cardoso, Roxana Contreras, Ana Belén Mármora y Ángeles Reig.

Todo el proceso conducido por la Comisión Bicameral permanente del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, destinado a elegir al sucesor o sucesora de Marisa Graham, duró más de dos meses.

Desde el comienzo hubo señalamientos a la falta de transparencia de los procedimientos en las distintas etapas del concurso: examen escrito, evaluación de antecedentes, presentación del plan de trabajo y entrevista con los integrantes de la bicameral.

“Confiamos en un procedimiento que debía ser transparente y respetuoso -dicen las firmantes del pronunciamiento, todas ellas candidatas que aprobaron el examen escrito-, y en cambio recibimos puntuaciones arbitrarias, sin fundamentos conocidos, que desmerecieron nuestras trayectorias, nos desprestigiaron ante la sociedad y nos lastimaron como profesionales y como personas”.

Aseguran haber trabajado de forma “seria y comprometida”, haber presentado planes de trabajo y aprobado exámenes, además de presentarse a una audiencia en la bicameral.

Pero consideran que el resultado del concurso no estuvo a la altura y lo califican en términos muy duros: “No solo fue injusto: fue hiriente y ofensivo. Se invisibilizaron currículums y experiencias probadas en el campo, se relegaron compromisos reconocidos nacional e internacionalmente, y se pretendió reducir años de lucha a números opacos que no resisten explicación”.

Las principales quejas, tanto de candidatos como de integrantes de la Bicameral, se dirigieron a la no publicación de los exámenes (a posteriori de la corrección), a la publicación tardía y parcial de los currículums de los concursantes y a la no presentación en tiempo y forma de los criterios con los cuales se evaluarían las diferentes etapas del concurso; estos lineamientos se presentaron y votaron solo 5 días antes de anunciar el nombre de la persona elegida para el cargo.

Lo más grave fue que, una semana y media antes del anuncio del nombre, el diputado Nicolás Mayoraz denunció que éste ya estaba definido, y no como resultado del concurso sino fruto de un acuerdo político previo. Ante las protestas de sus colegas, dijo el nombre: María Paz Bertero. Hubo gritos de indignación y uno de los miembros de la bicameral incluso le dijo: “Te vas a tener que hacer cargo de lo que decís”.

Unos diez días después, se anunciaba el nombre de la candidata elegida: efectivamente, era María Paz Bertero, y de los dos adjuntos, terna que fue votada por 7 de los 10 integrantes de la Bicameral, incluido el que desafió a Mayoraz.

Esos nombres serán llevados al recinto esta semana para que la Cámara los apruebe.

Es difícil para el conjunto de los concursantes evitar la sensación de haber participado de un simulacro de concurso, en el que el resultado estaba escrito de antemano, lo que explicaría la reticencia a mostrar los exámenes y a definir los criterios de puntuación de cada etapa en forma anticipada.

Concurso para la designación de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes – 2025

Las abajo firmantes, participantes del concurso convocado por la Comisión Bicameral, queremos dejar constancia pública de nuestro profundo dolor y rechazo por la forma en que se desarrolló el proceso de evaluación y selección.

Confiamos en un procedimiento que debía ser transparente y respetuoso, y en cambio recibimos puntuaciones arbitrarias, sin fundamentos conocidos, que desmerecieron nuestras trayectorias, nos desprestigiaron ante la sociedad y nos lastimaron como profesionales y como personas.

Durante meses trabajamos de manera seria y comprometida, presentamos planes, exámenes y audiencias. Lo hicimos con la convicción de que la infancia argentina merecía un concurso justo, y con la tranquilidad de haber sostenido durante décadas un trabajo muchas veces ad honorem en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El resultado no solo fue injusto: fue hiriente y ofensivo. Se invisibilizaron currículums y experiencias probadas en el campo, se relegaron compromisos reconocidos nacional e internacionalmente, y se pretendió reducir años de lucha a números opacos que no resisten explicación.

La Comisión Bicameral debe saber que con este proceder no solo afectó la legitimidad de la Defensoría, sino que desalentó, lastimó y desvalorizó a quienes desde hace años ponemos el cuerpo y la palabra en defensa de la niñez en Argentina.

No aceptamos que se nos diga que “al inscribirnos” renunciamos a nuestro derecho a la transparencia. La transparencia no es un favor: es un deber del Estado. Y cuando se incumple, lo que se erosiona no es solo nuestra confianza, sino la de toda la sociedad.

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes merece nacer con legitimidad y respeto. Lo ocurrido demuestra exactamente lo contrario.

Firman: Fátima Silva, Ada Luz Centurión, Flavia Valgiusti, Gabriela Micucci, Daniela Carboni Bisso, María Amelia “Memé” Moscoso Cardoso, Roxana Contreras, Ana Belén Mármora, Angeles Reig