“Si Francos no viene con una solución, se va a comer una destitución”. El humor en las filas de la oposición en la Cámara de Diputados este miércoles contrastaba de forma muy notoria con el clima eufórico que transmitían las principales figuras del Gobierno tras el fuerte respaldo político que obtuvieron del presidente norteamericano Donald Trump.

Mientras los libertarios celebraban en las redes sociales la caída del riesgo país y de la cotización del dólar, diputados de diferentes bloques contaban los votos para avanzar con una moción de censura en contra del jefe de Gabinete Guillermo Francos, por no aplicar la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto fue rechazado por el Congreso.

La moción de censura es un mecanismo constitucional que permite al Congreso interpelar y, eventualmente, remover a un funcionario del Poder Ejecutivo. Introducida en la Reforma de 1994 en el artículo 101 de la Constitución, este procedimiento tiene dos etapas: primero, la iniciativa, que consiste en aprobar un pedido de interpelación con mayoría absoluta en cualquiera de las cámaras; y segundo, la ejecución, donde la moción de censura requiere nuevamente el voto de la mayoría absoluta y puede conducir a la remoción del funcionario cuestionado.

La oposición planea convocar a una sesión para la semana que viene en la que incluirá un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales, conducida por el libertario Nicolás Mayoraz, para obligarla a dictaminar la interpelación. Con ese dictamen luego podrá aprobar en el recinto la citación al jefe de Gabinete.

“El día de su interpelación Francos tiene que venir y mostrar una Decisión Administrativa con los fondos para aplicar la emergencia en discapacidad, porque nosotros no vamos a permitir que las personas se mueran en la calle, y no nos quedan más instrumentos. Si no, votaremos la remoción”, amenazó una diputada del peronismo ante la consulta de Infobae.

El Gobierno argumentó que no puede implementar la emergencia en discapacidad porque la ley no incluye su fuente de financiamiento. Sin embargo, desde la oposición señalaron que en varias leyes presentadas por el propio Gobierno, por ejemplo la implementación de Régimen Penal Juvenil (que lleva la firma del propio Francos), tampoco está detallada la fuente de los recursos y se instruye al jefe de Gabinete a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes.

En la oposición todos coinciden en una cosa: la decisión de no aplicar una ley del Congreso sienta un precedente que no se puede dejar pasar. Sin embargo, algunas voces advirtieron que lo mejor sería interpelar a Francos para exponer el tema ante la opinión pública pero no avanzar con la destitución del funcionario para no darle herramientas retóricas al Gobierno. “Milei se va a victimizar y va a decir que la oposición es golpista”, sintetizaron entre los dialoguistas.

Fue justamente la caracterización que hicieron algunos referentes del bloque UCR, que ya adelantaron que no acompañarán ningún intento de remover a Francos. “Es con el único con el que podemos hablar y estos encima lo quieren sacar. Nosotros no nos vamos a sumar a eso”, agregó una diputada.

Ante la consulta de Infobae, en el peronismo aseguraron que están dispuestos a ir “a fondo” si el Gobierno insiste con no aplicar la ley.

“Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré”, respondió Francos al ser consultado por la moción de censura. Y agregó, desafiante: “No sé si algún funcionario fue censurado. Yo creo que no hay antecedentes de eso. Entonces, me tocará debutar en este tema y lo haremos”.