El gobierno de Javier Milei cerró una semana negra en el Congreso con el rechazo a tres vetos presidenciales (ATN, Universidades y Garrahan). Sin embargo, las preocupaciones del oficialismo no terminaron allí: en la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados tomó impulso una reforma que podría tener un impacto trascendental para la gobernabilidad durante los próximos años.

Hace dos semanas el Senado aprobó de manera repentina un proyecto para reformar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia. Con una amplia mayoría (56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones) que tomó por sorpresa al oficialismo, se logró la media sanción de un proyecto que modifica la ley 26.122, patrocinada por Cristina Kirchner en 2006.

Esa ley estipula que los decretos sólo pueden ser rechazados con el voto mayoritario negativo del Senado y de la Cámara de Diputados. Es decir, el oficialismo de turno sólo necesita juntar una mayoría simple en una de las Cámaras. Además, si el Congreso no se pronuncia, los decretos permanecen vigentes.

En cambio, la nueva ley que ya pasó por el Senado y ahora se tratará en Diputados pone un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie. Si el tema no es tratado, los decretos caen. Además, se necesita la aprobación explícita de las dos Cámaras para que se mantengan vigentes.

A la inversa de lo que ocurre actualmente, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos. En caso de aprobarse, cambiaría por completo la lógica de los gobiernos en minoría, ya que sería prácticamente imposible que los Ejecutivos esquiven al Congreso para llevar adelante su plan de gestión. Los consensos mayoritarios se convertirían en un requisito casi ineludible para gobernar, un escenario muy distante al actual.

Los libertarios hasta el momento venían esquivando la discusión simplemente al mantener cerradas las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el oficialista Nicolás Mayoráz, y la de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza la ex aliada Silvia Lospennato (PRO). Pero el miércoles la oposición logró aprobar un emplazamiento que obliga a que ambas comisiones se reúnan el martes 23 y firmen un dictamen el 30 de este mes.

A partir de ese momento, el proyecto quedaría listo para ser tratado en el recinto y los tiempos juegan en contra del oficialismo ya que la sanción podría llegar antes de las elecciones de octubre.

El Gobierno deben aguantar hasta el recambio legislativo, ya que a partir del 10 de diciembre muy probablemente duplicará su bloque, lo que le aseguraría por lo menos controlar un tercio del recinto. Esta minoría es muy importante porque Milei podría vetar la ley de reforma de los DNU y la oposición en Diputados no podría alcanzar los dos tercios para insistir con la ley original.

El tiempo es la variable clave. Justamente por eso, desde el bloque peronista confirmaron que apuntan a llevar el proyecto al recinto el miércoles 1 de octubre. Esa fecha le dará margen a la oposición para esperar el veto presidencial y rechazarlo antes del recambio legislativo.

El miércoles, antes de votar el emplazamiento, la oposición intentó por otra vía: tratar el proyecto “sobre tablas”, es decir, sin pasar por las comisiones para sacar un dictamen. Para esto necesitaba una mayoría especial de dos tercios. No lo logró porque la moción para habilitar el tratamiento sobre tablas obtuvo 142 votos, muchos más votos de los que se necesitará (129) para sancionar la ley una vez que se tenga el dictamen.

Ese número permite inferir que la aprobación es casi inevitable, pero al mismo tiempo muestra que el oficialismo todavía tiene margen de negociación ante un eventual veto presidencial. La oposición aún no tiene dos tercios para revertir un veto de Milei.

Todo dependerá de la muñeca de los negociadores del oficialismo - Lisandro Catalán y Martín Menem- para recomponer la relación -hoy casi rota- con los gobernadores y del clima social en la previa de las elecciones.