Ocho dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA) fueron indagados este jueves por la Fiscalía en lo Penal y Contravencional N° 26 del Ministerio Publico de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Luis Aranudo, y de esa forma, de acuerdo con la justicia porteña, quedaron virtualmente procesados por los delitos de desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga contra la pyme Lácteos Vidal en 2022.

Los imputados son Heber Ríos, secretario general de la Seccional General Rodríguez de ATILRA; Sergio Raúl Longo, subsecretario de ATILRA Seccional Trenque Lauquen y actual titular de la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en esa ciudad; Gastón Emilio Moreno, secretario general de la seccional Trenque Lauquen de ATILRA; Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín y Diego Armando Alarcón, vocales de ATILRA Trenque Lauquen; Rafael Alberto Ale, delegado en Lácteos Vidal, y Ariel Sánchez, secretario del gremio.

Se trata de importantes sindicalistas de la organización liderada a nivel nacional por Héctor Ponce, que mantiene un duro conflicto con la empresa de Alejandra Bada Vázquez, bloqueada durante casi dos meses en 2022 por haberse negado a recategorizar a algunos empleados.

Según los abogados de la pyme, es la primera vez en la Ciudad en Buenos Aires en la que se usa esta figura contra las acciones violentas de los sindicalistas, que ya tiene antecedentes en Rosario y en San Juan.

La decisión del fiscal Aranudo se produjo porque se unificaron en la Ciudad los bloqueos realizados en las instalaciones de Lácteos Vidal en Moctezuma, partido bonaerense de Carlos Casares, y en la sede que tiene la pyme en el barrio porteño de Villa Devoto.

En la declaración del fiscal se acusó a los imputados de “desplegar desde el 18 de julio hasta el 16 de septiembre del 2022 acciones que excedieron el derecho a huelga que pretendían ejercer y que se había decidido de manera intempestiva e irregular el primero de esos días en la localidad de Moctezuma, provincia de Buenos Aires, donde tiene asiento uno de los establecimientos de la empresa”.

“Entre las actividades realizadas -agregó-, se destaca la ocupación masiva de los espacios circundantes a las fábricas ubicadas en la calle Del Verdin s/n, de la localidad de Moctezuma, PBA y en la calle Tinogasta 4975, CABA, por personas que no pertenecían ni desempeñaban funciones en la empresa y que intimidaron al personal de la misma para que se sume a la huelga y/o no concurra a trabajar, impidiéndole acceder con normalidad a sus puestos. Asimismo, se obstaculizó y/o impidió el ingreso y egreso de mercadería, tanto por parte de la propia firma Lácteos Vidal como de sus proveedores y clientes”.

Para lograr su objetivo, dijo el fiscal, “se realizaron diversas acciones en la planta de Moctezuma, las cuales iniciaron en la madrugada del 18 de julio del 2022, cuando grupos de personas que no pertenecían a la empresa, pero se identificaban como pertenecientes a ATILRA y entre los que se encontraban autoridades del sindicato, se apostaron y mantuvieron en todas las entradas de la fábrica, incluidas las destinadas a vehículos, impidiendo o dificultando el acceso de las personas que concurrían a trabajar hasta la culminación del período antes referido”.

Tras detallar algunos episodios en los que se vieron involucrados los acusados, en la declaración del fiscal sostuvo que por ese motivo “la firma Lácteos Vidal no pudo recibir materia prima (leche) en su planta de Moctezuma, viéndose obligada a derivarla a otras empresas en la provincia de Buenos Aires y el resto del país, lo que incrementó sus costos y afectó su productividad” y resaltó que “durante ese período, sólo se logró enviar a la fábrica de CABA, donde se terminaban y comercializaban los productos finales, una cantidad muy inferior a la habitual”.

Por otro lado, puntualizó “el producto semielaborado procesado en las fábricas alternativas tuvo que venderse en ese estado, generando pérdidas económicas al no poder ser terminado en CABA”. “A esto se sumó el descenso en las ventas debido a la presencia intimidatoria de miembros de ATILRA en la sede de Lácteos Vidal apostada en la calle Tinogasta, de esta CABA, que dificultó tanto la salida de mercadería para repartos como el acceso de clientes que solían retirar sus pedidos directamente”, sostuvo el escrito.

Para la fiscalía se causó un perjuicio económico a Lácteos Vidal, con sede social en la Ciudad de Buenos Aires, por unos $61.684.151,09 -valor de la fecha de los hechos- al desplegar desde el 18 de julio hasta el 16 de septiembre del 2022 “acciones que excedieron el derecho a huelga que pretendían ejercer y que se había decidido de manera intempestiva e irregular el primero de esos días en (la sede de) Moctezuma".

Aranudo consideró en su resolución que la maniobra fue efectuada de forma coordinada entre las plantas de Moctezuma y Capital Federal, fue planificada y ejecutada por los 8 imputados con la finalidad de generar pérdidas económicas a Lácteos Vidal y con la intervención de Verónica Blas y David Eduardo Ariel Cheij.

Es la primera vez que se toma como un único hecho lo sucedido en ambas plantas y se va a investigar integralmente lo sucedido en las dos localidades.

Así, la Fiscalía hizo lugar a lo solicitado por Bada Vázquez, apoderada y querellante en la causa, con el patrocinio de los abogados Mariana Heim y Pablo Abdon Torres Barthe, quienes solicitaron las imputaciones.

En la declaración de la Fiscalía figura qué dijo el abogado de los acusados, Gonzalo Alvaro Díaz Cantón, cuando fue invitado a “manifestar lo que crea conveniente sobre el hecho y a indicar las pruebas que estime oportunas”: “Niego rotundamente todas las mentiras de las que nos acusan. Nosotros ya fuimos juzgados por esto y ya hay una resolución. Me niego a declarar”.