Oficializaron la reestructuración de las fuerzas federales para mejorar la capacidad de respuesta

El Gobierno confirmó el inicio de una profunda reestructuración de las fuerzas federales. Los cambios, oficializados esta madrugada a través de la publicación de una serie de decretos en el Boletín Oficial, están relacionados con un rediseño de las estructuras orgánicas y funcionales de organismos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Esta decisión afecta a las principales instituciones encargadas de la seguridad interior, incluyendo al Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La reforma se enmarca dentro del objetivo de optimizar los recursos disponibles, fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos que plantea la criminalidad actual. Según los textos oficiales, la reorganización responde a la necesidad de garantizar la protección de los ciudadanos y adaptarse a contextos dinámicos que requieren estructuras flexibles y eficientes.

Las modificaciones no solo afectan la designación de funciones y responsabilidades, sino que también introducen novedades en la administración interna y los procedimientos de actuación. La publicación de los nuevos organigramas representa un cambio significativo en la gestión del sistema federal de seguridad.

Por ejemplo, la PSA podrá cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario, es decir, en otros medios de transporte; mientras que en el SPF reactivaría la función de auxiliar del poder Judicial más allá del cuidado de los presos como estrategia del combate integral y coordinado contra la criminalidad organizada.

En el caso del SPF, la reforma más relevante es su traspaso del Ministerio de Justicia al de Seguridad. El cambio responde a la necesidad de coordinar una estrategia más eficaz contra el delito complejo, con foco en la criminalidad organizada que opera, incluso, desde el interior de los penales. Un ejemplo que abordaron las fuentes consultadas fue el uso de celulares por parte de jefes narcos detenidos, como en el caso de “Los Monos”.

Además del cambio de dependencia, el SPF tiene un nuevo estatuto para reemplazar el que estaba vigente desde 1967. Aunque mantiene gran parte del contenido original, la nueva normativa incorpora una estructura más moderna, que incluye una Dirección General de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, y otra de Personal, Formación y Bienestar.

Se introducen reformas al régimen de carrera, con un esquema de capacitación actualizado y un mayor control institucional mediante mecanismos de transparencia e integridad.

En paralelo, el decreto sobre la Prefectura Naval Argentina modifica la Ley sancionada en 1969, pero sin reemplazarla. Se trata de una fuerza que, históricamente, dependió de la Armada, aunque actualmente actúa como una fuerza de seguridad federal bajo conducción civil.

El nuevo marco legal actualizaría las competencias de la Prefectura y eliminaría funciones obsoletas, como el juzgamiento de contravenciones o el otorgamiento de beneficios postales, que habían quedado anacrónicas. También se reorganiza su estructura, profesionalizando su planta y unificando competencias dispersas relacionadas con la pesca, el control ambiental en el mar y el sistema guardacostas.

Así, se fortalecen sus funciones como Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, y se precisan sus potestades de investigación y participación internacional.

En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la intervención modificó artículos de la ley aprobada en 2005, año en que la fuerza fue trasladada del Ministerio de Defensa al de Seguridad.

Si bien su función principal sigue siendo la protección de aeropuertos y operaciones aeronáuticas, el nuevo texto amplía el alcance operativo para que, a requerimiento del Poder Ejecutivo, pueda cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario e intervenir en tareas de seguridad interior, por ejemplo, en otros medios de transporte.

Entre los cambios figura la creación de un escalafón técnico profesional, la inclusión de la figura del cadete, y un sistema disciplinario mejorado, con control externo y un tribunal de disciplina. También se jerarquizan los cargos para equipararlos al resto de las fuerzas.

Finalmente, en el caso de la Gendarmería Nacional Argentina, se derogó la ley sancionada en 1972, y se la remplazó por un nuevo estatuto. El texto eliminó referencias al Ejército Argentino y al Ministerio de Defensa, y las sustituyo por menciones al Ministerio de Seguridad, consolidando así su carácter civil.

Se redujo la estructura organizativa para hacerla más eficiente y se actualizó todo el régimen de personal: jerarquías, incorporaciones, formación, carrera, retiro. Además, se reforzó el control interno, se revisó el sistema disciplinario y se estableció normas orientadas a la lucha contra la corrupción dentro de la fuerza.

Se clasificaron sus funciones en investigación y prevención de delitos dentro de su jurisdicción y se habilitó su participación en misiones internacionales.

En suma, el Gobierno busca un rediseño transversal de las fuerzas de seguridad federales. Lejos de limitarse a ajustes formales, las reformas afectarían desde la estructura jerárquica hasta los regímenes de incorporación, el alcance territorial de sus funciones y la articulación con otras instituciones del Estado.

“La idea de una seguridad pública integrada, con reglas homogéneas para las distintas fuerzas, emerge como uno de los ejes más nítidos del paquete normativo", explicaron.