El Gobierno porteño volvió a desplegar un gran operativo de limpieza en las inmediaciones del departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, en el que la expresidenta Cristina Kirchner cumple con su prisión domiciliaria.
La intervención estuvo a cargo del personal del área de Espacio Público e Higiene Urbana junto al apoyo de la Policía de la Ciudad. Retiraron carteles, pancartas y cartas que se encontraban adheridas a las paredes, rejas y veredas de la zona.
El operativo, que se desarrolló sin incidentes, incluyó la presencia de cuadrillas de barrenderos que acondicionaron también la zona de la Plaza de Mayo como las inmediaciones del domicilio de la expresidenta. De todas formas, según supo Infobae, al comenzar las tareas hubo un pequeño entredicho entre los agentes porteños y los efectivos de la Policía Federal que se encuentran custodiando el frente del inmueble, quienes se oponían al retiro de los carteles.
El departamento de Cristina Kirchner fue el epicentro de masivas movilizaciones a partir de la prisión domiciliaria, que cumple la exmandataria, por la confirmación de la condena a seis años por la causa Vialidad. Desde su domicilio, la expresidenta envió un mensaje grabado y lanzó duras críticas al rumbo económico de Javier Milei.
Según datos proporcionados por el gobierno porteño, el costo total de la operación ascendió a 237 millones de pesos, una cifra que contempla la incorporación de 300 barrenderos extra, el uso de maquinaria especializada y el retiro y reposición de contenedores de residuos. Estas tareas se realizaron de manera preventiva desde la noche anterior a la masiva marcha del miércoles.
La postal que dejó la madrugada del jueves fue la de cuadrillas de trabajadores municipales desplegados en la Plaza de Mayo y en las calles aledañas al domicilio de Fernández de Kirchner, retirando restos de cartelería, banderas y otros elementos utilizados durante la protesta, que se prolongó durante el día posterior.
La presencia de los equipos de limpieza se hizo visible en la intersección de las calles Humberto 1° y San José, donde el domingo se había montado un operativo especial para desmantelar estructuras instaladas por militantes kirchneristas como gazebos, parrillas y pasacalles en defensa de la exmandataria.
De aquel operativo previo participaron más de 150 policías y agentes del área de Espacio Público e Higiene Urbana, quienes procedieron al secuestro de mesas, sillas y banquetas utilizadas para servir comida a los manifestantes. Además, se realizó la limpieza de paredes de viviendas vecinas, afectadas por la colocación de carteles y pancartas. Pero, a pesar de la remoción de estos elementos, militantes kirchneristas repusieron parte de la cartelería y banderas, lo que motivó la continuidad de los operativos nocturnos.
Desde el Gobierno porteño aseguraron que la continuidad de estos procedimientos busca garantizar la normalidad en la circulación y el acceso a los edificios residenciales y comerciales de la zona.
Militantes presentes y Cristina en el balcón
El departamento de San José 1111 se convirtió desde que salió el fallo de la Corte Suprema en un lugar de encuentro de militantes peronistas que llegan hasta el lugar elegido por la exmandataria para pasar sus 4 años de prisión para mostrarle su afecto.
Pero, además, también es el escenario de actos políticos casi diarios cuando la exmandataria sale al balcón para saludar a la gente que llega al lugar y, también, recibe a familiares, amigos y dirigentes.
En ese marco, ayer, Cristina Kirchner advirtió que sus abogados -Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy- recurrieron la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 que solo permite que la visiten personas de su núcleo familiar, sus abogados y médicos.
“Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos. Te la debo”, agregó.
Y concluyó: “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?“.
El recurso de reposición está dirigido particularmente contra la resolución dictada el 17 de junio, que obliga a la exmandataria a presentar un listado con las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos y abogados que la representan, “debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado”.
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