Una resolución del Gobierno que dispone una suerte de “bono a la motosierra”, en las áreas que avanzaron con recortes en el Estado, generó un fuerte rechazo en el sector público, especialmente en el sindicato de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La medida que fue publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial -firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Economía, Luis Caputo- establece beneficios salariales adicionales para los funcionarios que logren disminuir su dotación de personal, según se desprende de la Decisión Administrativa 7/2025.

El artículo 5° de la disposición señala que las “unidades retributivas adicionales” serán otorgadas “en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción”. El premio se aplicará las “autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores”, es decir, a los funcionarios políticos.

El Gobierno definió la medida como una forma de “otorgar suplementos extraordinarios fundados en indicadores objetivos de productividad”. Ajustar personal es un indicador objetivo de la evaluación de desempeño. Como señaló Milei -primero en campaña y luego funciones-, la eliminación al mínimo de la estructura estatal es una de las misiones que perseguirá su gestión.

Las unidades retributivas (UR) es una de las medidas de valor que se utilizan en el Estado para definir algunos aspectos de la política salarial del sector público. El cálculo del adicional se computa con una fórmula que incluye: el valor de cada UR, la UR adicionales que percibirá cada área y jurisdicción, la baja de la dotación entre 2023 y 2024, y 6% del salario promedio estimado del empleado público (SINEP).

El otorgamiento del suplemento estará supervisado por la cartera a cargo de Sturzenegger, y organismos técnicos del ministerio de Economía. Y se especifica en el anexo de la normativa la cantidad de recursos que percibirá cada miembro que integra el Poder Ejecutivo, como piso, para repartir entre las autoridades de su área.

Según se desprende del anexo, desde la vicepresidenta Victoria Villarruel, a los funcionarios que reportan de manera directa a Javier Milei -jefe de Gabinete, ministros, secretarios y titulares de organismos desconcentrados y descentralizados vinculados a Presidencia-, percibirán 10.000 UR. Los vicejefes de Gabinete tendrán un incremento de 7.500 UR; mientras que los secretarios que hayan sido otorgados rango equivalente recibirán 5.000 UR. Finalmente, subsecretarios y autoridades con escalafon similar obtendrán 3.000 UR para distribuir.

“Mirá lo que hacen con la plata de los despidos en la Administración Nacional”, publicó el viernes pasado el secretario de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano. El dirigente sindical compartió la norma que, “con formulita y todo” (sic) define que “por los despidos de los estatales van a subirle el sueldo “a las autoridades superiores”. “Dejan miles de familias en la calle, vacían áreas enteras de atención a la población y se guardan la platita en SUS bolsillos. No era para los contribuyentes...”, lamentó, en su cuenta personal de X.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, también repudió la medida. “¡LOS ENSOBRADOS DE MILEI! ¿En serio @JMilei que ahora van a cobrar por despedir? Al final el tuyo no es más que un Gobierno de mercenarios. El salariazo es solo para los funcionarios que luego de haber hecho el trabajo sucio, destrozado el Estado y cesanteado a miles de estatales, recibirán la recompensa", publicó en sus redes sociales.

Este jueves, el gremio de ATE en su conjunto convocó a una jornada de lucha a las 12, frente a la sede del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en la avenida Alem y Viamonte, para exigir la reincorporación del personal despedido. Los sindicatos estiman que son 50.000 contratos en juego.

“Los estatales no podemos esperar hasta abril”, apuntó Rodolfo Aguiar, al referirse al paro general de la CGT. “Tenemos que evitar que a fin de mes el Gobierno ejecute un nuevo recorte en el Estado. Todos los contratos que vencen el 31 deben ser renovados de manera automática. No toleraremos cesantías masivas”, advirtió.

En contraste, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que encabeza el sindicalista dialoguista Andrés Rodríguez, no se pronunció sobre el adicional a los funcionarios políticos. Por el momento, solo se plegará a la huelga del 10 de abril de la CGT.

Esta mañana, en la previa a una nueva protesta de los estatales, Sturzenegger hizo un comentario alusivo al gasto político en el sector público, con un gráfico que muestra la reducción de los cargos jerárquicos. Según esas cifras oficiales, la dotación de puestos de alta dirección se achicó 34,9 por ciento. “La administración de @JMilei sigue adecuando la estructura “política” del gobierno. Menos cargos para funcionarios son menos impuestos para todos los argentinos. De eso se trata. VLLC!“, festejó.