El Gobierno intentará este miércoles desactivar la medida de fuerza por 24 horas que anunció la Unión Tranviarios Automotor para el viernes 28 de marzo. De no haber una oferta para mejorar los salarios, algo que los gremialistas consideran poco probable, la situación parece difícil de resolver. Las autoridades de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, cuentan con la herramienta de dictar la conciliación obligatoria, que obliga a las partes a suspender cualquier reclamo por 15 días hábiles.

La reunión será de manera virtual desde las 15. La Secretaría de Transporte, que encabeza el cordobés Franco Mogetta, “proyectó que los trabajadores representados no perciban incrementos salariales hasta el mes de junio de 2025″, a través de la Resolución 8/2025, afirma los principales dirigentes de la UTA.

“Los funcionarios de transporte se esconden, y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen”, había transmitido la UTA, con la firma de su secretario general Roberto Fernández, el viernes pasado luego del fracaso de una nueva audiencia con Trabajo y con las cámaras empresarias, la tercera que sostuvieron sin arribar a un acuerdo.

Si bien a fines de febrero de este año desde el Ejecutivo se readecuaron los subsidios que se le entregan al sector empresario -con una mejora del 17%- no se contempló ningún aumento de los sueldos de los choferes de colectivos en el AMBA. El básico actualmente, en bruto, es de 1,2 millones para cada trabajador. Los subsidios representan actualmente el 70% de los ingresos que perciben las empresas y no se modificaban desde julio de 2024.

“Puede haber una decisión política que es la conciliación, pero en las últimas reuniones no hubo nada positivo”, le dijeron a este medio fuentes del sindicato, que ya anunció que el 10 de abril se sumará al paro que impulsa la Confederación General del Trabajo (CGT).

Desde el sector empresario aseguran que no cuentan con fondos para otorgar un aumento a los choferes. Además, insisten en reclamar una actualización del precio del boleto, más allá del 10% que la Ciudad de Buenos Aires les otorgó cuando recibió la transferencia en la operación de las 31 líneas que empiezan y terminan su recorrido dentro de su jurisdicción.

De acuerdo a los cálculos de una de las cámaras empresarias, AAETA, el boleto en el AMBA en febrero sin subsidios debería valer alrededor de $ 1.600. El mínimo actualmente es de $ 371.

Además, en la estructura de costos, que no sufría actualizaciones desde octubre, incluyen la necesidad de la renovación de las unidades que circulan cuya antigüedad no debe superar los 10 años, la instalación de cámaras de seguridad y del sistema ADAS que permitirá evitar la cantidad de accidentes en la vía pública.

Dentro de la UTA, además, existen diferencias internas que complican aún más el panorama. El sector opositor a la conducción de Fernández, que asumió su cargo hace 19 años, tiene al frente a Miguel Bustinduy con apoyo de algunas seccionales fuertes del interior del país.

Este martes esa facción de la Unión de Conductores de la República Argentina emitió un comunicado con fuertes críticas a la dirección del gremio. “Le quiere echar la culpa (la UTA de Fernández) de sus fracasos a las autoridades de la Secretaría de Transporte, pero olvida que fue su complicidad criminal con un sistema de subsidios corrupto lo que llevó nuestros salarios a una degradación tal que los compañeros se están yendo de la actividad”, aseguran.

“Nuestra actividad demanda un pronto reordenamiento que garantice una eficiente asignación de los recursos que el Estado vuelca mes a mes en el transporte. Esos recursos que no se asignan eficientemente ni al incremento en la frecuencia de los servicios, ni en la renovación de las unidades, ni en seguridad para pasajeros y conductores, ni mucho menos a los salarios que son cada vez más bajos”, solicitan.