El Gobierno está dispuesto a seguir recortando la modernización laboral para que se apruebe por fin la Ley Bases, pero la insistencia de los senadores de la UCR en introducir dos cambios sin consenso de Unión por la Patria y parte de la oposición dialoguista ponen en riesgo la sanción de la iniciativa.

En las negociaciones con los distintos bloques del Senado, de las que participa el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a los referentes de la Casa Rosada les quedó en claro que la Ley Bases y el paquete fiscal sufrirán cambios en el recinto cuando los trate la Cámara Alta y en estas horas intentan que no se agregue en las iniciativas ningún artículo que pueda trabar o frustrar su aprobación.

Como muestra de buena voluntad, el Gobierno aceptó que, como impulsa la UCR, se modifique el artículo 93, que crea la figura de “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 5 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo: el oficialismo accedió a bajar de 5 a 2 los “trabajadores independientes” con tal de que avance la ley.

Sin embargo, en el bloque de senadores radicales, conducido por Martín Lousteau, se insiste en dos nuevos cambios que no tienen consenso en otras bancadas y harían peligrar la sanción de la Ley Bases. Uno es la prohibición de las cuotas solidarias, el recurso para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo, y otro es volver a incorporar la penalización de los bloqueos sindicales contra las empresas.

Paradójicamente, la versión original de la reforma laboral del Gobierno, que fue incluida en el DNU 70, contemplaba la limitación (y no la prohibición) de las cuotas solidarias y las sanciones contra los bloqueos, pero fueron dos de los artículos que los libertarios aceptaron eliminar de la Ley Bases con tal de facilitar su sanción. Las negociaciones fueron piloteadas por Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, quien logró que los 58 artículos de la modernización laboral quedaran sólo en 16, sin los puntos que eran objetados por el sindicalismo. “Nada que afecte a la CGT”, fue la consigna de Pichetto y otros opositores dialoguistas para justificar su postura.

Los legisladores que tienen una postura más crítica del gremialismo lamentan que el Gobierno, para tratar de que se sancionen las leyes que quiere Javier Milei, siga aceptando cambios que sintonizan con los reclamos de la CGT cuando, en realidad, lo que busca el poder sindical es que se caiga la ley.

El texto de la Ley Bases que fue aprobado el 30 de abril por la Cámara de Diputados, por ejemplo, fue celebrado por Hugo Moyano y todos los jefes sindicales porque quedó a salvo la “caja sindical” al eliminarse el artículo sobre las cuotas solidarias y también se blindaron las protestas extorsivas ya que desaparecieron las sanciones contra los bloqueos a empresas.

Otros artículos que fueron retirados por el Gobierno del capítulo laboral de la Ley Bases por un pedido expreso de los dirigentes gremiales fueron la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales como la educación, la salud y el transporte, los cambios en el régimen del teletrabajo y la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas.

Sin embargo, la CGT consideró que, pese al drástico recorte de la reforma laboral libertaria, aún quedan puntos en la Ley Bases que “afectan los derechos de los trabajadores”. Uno que los sindicalistas consideran “inaceptable” es justamente el artículo que crea la figura de “trabajador independiente”. Otro es el artículo 91 de la iniciativa, que incluye el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, pero, según critica la dirigencia gremial, no establece una “reparación integral” de la cesantía y “no determina la reinstalación” del trabajador.

La CGT también cuestiona una serie de modificaciones que incluye la Ley Bases en el régimen laboral de los empleados públicos. El texto aprobado en Diputados, por ejemplo, mantiene intacta la limitación para que los sindicatos cobren la cuota solidaria a través del convenio colectivo, al obligar a que los trabajadores no afiliados brinden su autorización expresa para que se les descuente.

El clima ante la discusión de la Ley Bases en el Senado es de enorme incertidumbre. Si la iniciativa es rechazada, durante un año no podrá volver a debatirse. Y si vuelve modificada a Diputados, deberán votarse por sí o por no cada uno de los cambios. La tercera opción es la que ya todos descartaron: que el Senado apruebe los textos aprobados por la Cámara Baja y se conviertan en leyes.