En 2022, Ciro Castillo Rojo exponía ante la opinión pública un discurso ambicioso sobre el futuro del Callao. El médico de profesión prometía enfrentar frontalmente la corrupción, modernizar la seguridad ciudadana y abrir una etapa de transparencia inédita en la región si lograba alcanzar el cargo de gobernador regional.
“La estrategia nos dice que tenemos que atacar básicamente la criminalidad callejera”, declaraba en una entrevista con Agencia Andina, y anunciaba la creación de un “zar por la seguridad ciudadana y contra la corrupción”, en busca de limpiar estructuras envejecidas y desconectadas de la realidad de los chalacos.
Aseguraba que su administración sería un ejemplo de transparencia, con cámaras que permitirían seguir minuto a minuto la actividad de cada gerente, convencido de que, a diferencia del pasado, “eso es en la práctica hacer una gestión de transparencia”.
El discurso sonaba seductor para una región donde la criminalidad avanzaba de forma preocupante: empoderar a las juntas vecinales, transformar los comités de seguridad y convertir la lucha contra el delito en punta de lanza de su gestión.
A Ciro Castillo Rojo también lo ayudó en su postulación la empatía que había despertado en la ciudadanía del Callao por su historia como padre incansable, tras protagonizar en 2011 la búsqueda de su hijo desaparecido en el Colca, Arequipa. Su entereza y compromiso durante ese episodio lo proyectaron como una figura íntegra y cercana, atributos valorados por la ciudadanía chalaca en el ámbito político.
Fue así como su persistencia rindió frutos en 2022, cuandoconsiguió la victoria en la segunda vuelta regional con el respaldo del movimiento MÁS Callao. El triunfo, con el porcentaje más alto registrado hasta entonces para ese cargo, marcó el inicio de una nueva etapa como administrador de una de las circunscripciones más importantes del país.
Promesas de modernidad, vigilancia, eficiencia y honestidad
Sin embargo, la realidad terminó superando todos esos compromisos. Tras asumir el máximo cargo en el GORE del Callao desde enero 2023, el 15 de diciembre de este año 2025, Ciro Castillo Rojo pasó de adalid de la transparencia a prófugo, como pieza clave de la investigación por la presunta organización criminal “Los socios del Callao”.
El Ministerio Público sostiene que el médico, hoy gobernador en la clandestinidad, habría dirigido una red que direccionó contratos públicos por más de S/ 1,4 millones, burlando procedimientos y favoreciendo intereses privados desde el Gobierno Regional y el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao.
El megaoperativo de la Policía Nacional y el Ministerio Público no encontró a Castillo en ninguna de las 27 viviendas allanadas. Siete de sus funcionarios y proveedores más cercanos sí fueron detenidos. El gobernador, quien prometía cámaras “para que se pueda ver absolutamente todo” lo que hacen los gerentes, hoy permanece fuera de la vista de la ciudadanía y de la justicia.
Las autoridades continúan la búsqueda y las investigaciones, mientras el Callao, ese primer puerto tantas veces prometido y traicionado, asiste a una nueva muestra de cómo las palabras pueden —impúdicamente— separarse de los hechos.
Denuncias, controversias y redes de contratación irregular
La administración de Castillo se tornó controversial en 2023 cuando un audio filtrado lo vinculó presuntamente a un pago ilícito de 150.000 dólares para influir en designaciones dentro del gobierno regional, lo que motivó una investigación por tráfico de influencias. En paralelo, la vicegobernadora denunció amenazas y solicitó protección judicial ante posibles represalias. A esto se sumaron acusaciones de favoritismos y contratos adjudicados a familiares y aportantes, revelando una presunta trama de contratación irregular dentro del Gobierno Regional del Callao.
El caso de la empresa TRANSPOECO SAC, cuyo propietario aportó a la campaña y luego logró múltiples contratos sin historial previo con la administración pública, expuso el patrón. Este modus operandi incluyó a más proveedores beneficiados tras su participación en la campaña de 2022, fenómeno documentado por reportajes televisivos y registros oficiales. Los montos de los contratos adjudicados superaban ampliamente los aportes iniciales, aumentando las sospechas sobre el uso indebido del aparato estatal para retribuciones políticas.
Las evidencias de contratos otorgados sin concursos abiertos o mediante órdenes de servicio directas incluyeron empresas de publicidad, familiares de aportantes y excoordinadores de campaña. Tanto la Contraloría como la Fiscalía abrieron líneas de investigación para determinar la existencia de privilegios indebidos, deficiencias administrativas y posibles delitos contra la administración pública. En la gestión de Castillo también surgió el escándalo por un millonario gasto en remodelación de oficinas y piscinas regionales sin que las obras se realizaran. El caso, investigado en detalle por la Contraloría, puso bajo escrutinio las prácticas de contratación y el destino de los fondos públicos.
