La reciente inauguración del árbol navideño en el Parque Principal de Chiclayo colocó a esta ciudad en el centro del debate nacional debido a la forma en que fue derocado, convirtiendo un evento tradicional en foco de escrutinio.
Ante la especulación generada, el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque decidió iniciar diligencias preliminares para esclarecer si durante la contratación del servicio de decoración existieron delitos como colusión y negociación incompatible.
Las indagaciones tienen como objetivo determinar si funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) incurrieron en irregularidades con la contratación de una empresa sin experiencia, por un monto de 21 mil soles.
El caso comenzó a circular tras la intervención de la Contraloría General de la República, que identificó la falta de requisitos técnicos en la postulación de la empresa ganadora, a la que se adjudicó la realización del decorado navideño.
Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 045-2025-OCI/OC0425-SOO existió un riesgo en el uso apropiado de los fondos públicos y en el cumplimiento de la finalidad social de la decoración: fortalecer la identidad local y el espíritu festivo en Chiclayo.
En paralelo, el Órgano de Control Institucional (OCI) destacó que la comuna no supervisó adecuadamente la ejecución del contrato, lo que elevó el riesgo administrativo.
Esta falta de fiscalización, sumada al descontento popular reflejado en la viralización del árbol y los memes en redes, motivó acciones correctivas.
La Contraloría recomendó a la municipalidad tomar medidas para evitar repetición de escenarios similares, mientras la fiscalía avanzará en la recolección de pruebas para determinar responsabilidades.
Presión política
La instalación del árbol no solo provocó indignación en redes, sino también presión política directa sobre la alcaldesa Janet Cubas Carranza. Ocho de los quince regidores provinciales solicitaron una sesión extraordinaria del concejo con la finalidad de discutir su suspensión.
Entre los argumentos presentados destaca el informe del Órgano de Control Interno de la municipalidad y la presunta entrega de información falsa a la prensa por parte de la propia alcaldesa, lo que se enmarca como una presunta falta grave conforme al artículo 75 del Reglamento Interno del Concejo Provincial de Chiclayo.
La defensa municipal primero justificó la precariedad del árbol como una prueba no terminada, pero posteriormente la gestión optó por rechazar el trabajo y anunció penalidades para la empresa contratista.
La firma Mali Producciones y Eventos Especiales, con María Lisset Lamas Gonzáles como representante, había sido responsable tanto de la decoración del paseo Elías Aguirre como de la polémica estructura en el parque.
El municipio aseguró que hasta la fecha no se realizó el pago a la empresa por incumplimiento de contrato y que se aplicarán sanciones según la Ley de Contrataciones Públicas. Junto con el parque principal, también quedaron sin concluir otras partes de la propuesta, incluyendo decoración en la Pérgola, el nacimiento y el frontis del Palacio Municipal.
La investigación judicial y el proceso administrativo se mantienen vigentes, bajo la promesa de la fiscalía de esclarecer la ruta del dinero público y la responsabilidad de las autoridades.
