La imagen de Ciro Castillo como padre incansable que no escatimó recursos ni esfuerzos para hallar a su hijo perdido en las alturas arequipeñas impactó al Perú entero hace más de una década. Su perseverancia y el seguimiento mediático lo llevaron al reconocimiento público y, posteriormente, lo impulsaron a incursionar en la política regional, donde alcanzó la gubernatura del Callao. Sin embargo, la admiración conquistada en las montañas se ve hoy nublada por graves señalamientos judiciales: la Fiscalía lo identifica como presunto cabecilla en una trama de corrupción, en medio de un operativo que expone también a funcionarios y proveedores cercanos.
La tragedia en el Colca
Castillo Rojo Salas nació en la sierra puneña en 1950 y forjó su carrera como médico cirujano en Lima tras egresar de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su vida tomó un giro irreversible en abril de 2011 con la inesperada desaparición de su hijo mayor, Ciro Castillo Rojo Bianchi, quien se extravió junto a su pareja en el valle del Colca. La búsqueda encabezada por el propio Castillo se prolongó más de seis meses y movilizó a brigadas de rescatistas nacionales e internacionales, mientras la cobertura periodística acaparaba la atención de millones.
Durante ese periodo, Castillo se erigió como emblema de la lucha inquebrantable de un padre y denunció activamente inconsistencias en las versiones oficiales, lo que añadió dramatismo al caso. Finalmente, el hallazgo del cuerpo de su hijo en una remota quebrada cerró un capítulo de dolor, pero consolidó la imagen del “padre del año” y lo hizo acreedor del reconocimiento de la sociedad y el aprecio de distintos sectores.
La historia no se detuvo allí. Inspirado por la tragedia y su repentina notoriedad, Ciro Castillo impulso cambios legislativos, como la llamada “Ley Ciro Castillo-Rojo”, orientada a agilizar los mecanismos estatales para la búsqueda de desaparecidos, y participó en homenajes y campañas que prolongaron su vigencia en la escena pública.
Incursión en la política y la ruta hacia el poder regional
El salto a la vida política llegó tras el cierre del caso Colca. A partir de 2014, Ciro Castillo buscó canalizar su popularidad como aspirante a cargos públicos. Promovió la creación de un movimiento propio, se postuló al gobierno regional del Callao y en reiteradas ocasiones intentó obtener una curul parlamentaria, aunque esas primeras experiencias resultaron infructuosas.
Su persistencia rindió frutos en 2022, cuando consiguió la victoria en la segunda vuelta regional con el respaldo del movimiento MÁS Callao. El triunfo, con el porcentaje más alto registrado hasta entonces para ese cargo, marcó el inicio de una nueva etapa como administrador de una de las circunscripciones más importantes del país. Entre sus principales propuestas figuraban la modernización del sistema de salud, la implementación de estrategias de seguridad innovadoras y el fomento de la inversión privada para dinamizar el mercado laboral.
El gabinete de Castillo incluía aliados cercanos y antiguos colaboradores de campaña, una característica que pronto sería observada por los órganos de control. Pese a la expectativa inicial, su mandato se vio rápidamente cuestionado por denuncias de tráfico de influencias, contratación de aportantes a su campaña y aparentes actos de nepotismo, temas recurrentes que fueron investigados y reportados por medios de comunicación nacionales.
Denuncias, controversias y redes de contratación irregular
La administración de Castillo se tornó controversial en 2023 cuando un audio filtrado lo vinculó presuntamente a un pago ilícito de 150.000 dólares para influir en designaciones dentro del gobierno regional, lo que motivó una investigación por tráfico de influencias. En paralelo, la vicegobernadora denunció amenazas y solicitó protección judicial ante posibles represalias. A esto se sumaron acusaciones de favoritismos y contratos adjudicados a familiares y aportantes, revelando una presunta trama de contratación irregular dentro del Gobierno Regional del Callao.
El caso de la empresa TRANSPOECO SAC, cuyo propietario aportó a la campaña y luego logró múltiples contratos sin historial previo con la administración pública, expuso el patrón. Este modus operandi incluyó a más proveedores beneficiados tras su participación en la campaña de 2022, fenómeno documentado por reportajes televisivos y registros oficiales. Los montos de los contratos adjudicados superaban ampliamente los aportes iniciales, aumentando las sospechas sobre el uso indebido del aparato estatal para retribuciones políticas.
Las evidencias de contratos otorgados sin concursos abiertos o mediante órdenes de servicio directas incluyeron empresas de publicidad, familiares de aportantes y excoordinadores de campaña. Tanto la Contraloría como la Fiscalía abrieron líneas de investigación para determinar la existencia de privilegios indebidos, deficiencias administrativas y posibles delitos contra la administración pública. En la gestión de Castillo también surgió el escándalo por un millonario gasto en remodelación de oficinas y piscinas regionales sin que las obras se realizaran. El caso, investigado en detalle por la Contraloría, puso bajo escrutinio las prácticas de contratación y el destino de los fondos públicos.
Investigaciones actuales y megaoperativo por presunta banda criminal
El 15 de diciembre de 2025, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un megaoperativo en el Callao, desplegando 27 allanamientos en inmuebles relacionados con funcionarios regionales y colaboradores cercanos. Siete personas resultaron detenidas, mientras la investigación señala a Castillo como presunto líder de la organización “Los Socios del Callao”, sospechosa de direccionar la adjudicación de contratos menores bajo procedimientos que eluden licitaciones públicas.
El gobernador, sobre quien pesa una orden de detención preliminar, no fue ubicado durante las intervenciones. Las autoridades activaron alertas en todos los puestos fronterizos ante la posibilidad de fuga. El general Óscar Lira, jefe de la División de Corrupción de la Policía, afirmó a la prensa que Castillo cuenta con requisitoria vigente y están reforzando las pesquisas para dar con su paradero.
En las diligencias se incautaron documentos relacionados con compras y servicios adjudicados por la gestión regional. Los recursos presuntamente desviados superarían el millón de soles, según la investigación, que documenta un esquema operativo consistente en fraccionar contratos y beneficiar sistemáticamente a un círculo de proveedores vinculados al partido en el poder. El abogado Humberto Abanto, representante legal de Castillo, rechazó las acusaciones y anunció la apelación de la medida judicial, cuestionando la legalidad del procedimiento y la falta de pruebas concluyentes.
