Las declaracionjes del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, rechazó la existencia de una red de jueces y fiscales supremos vinculada al caso Cuellos Blancos. En Canal N aseguró que “fue una invención” y que esa sería la razón por la que la mayoría de magistrados involucrados retomaron sus cargos.
“Era absolutamente falso, nunca existió”, dijo al ser consultado por el retorno del fiscal supremo Luis Arce Córdova. Añadió que las destituciones realizadas en ese periodo habrían sido injustificadas, pese a que el caso originó investigaciones penales, sanciones disciplinarias y la difusión de conversaciones telefónicas que implicaron a jueces, fiscales y exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
La afirmación de Gálvez contrasta directamente con los elementos que sustentaron las indagaciones fiscales y disciplinarias, incluido su propio expediente en 2021, cuando fue destituido por la JNJ por faltas muy graves vinculadas a gestiones irregulares y vínculos con operadores investigados. Aunque el Tribunal Constitucional anuló la sanción por vicios procesales, el fallo dejó abierta la posibilidad de iniciar un nuevo proceso disciplinario.
El fin de los equipos especiales
Durante la entrevista, el fiscal interino confirmó que los equipos especiales del Ministerio Público, incluidos Lava Jato, EFICCOP y Cuellos Blancos, serán desactivados en las próximas semanas.
Afirmó que estas unidades “fueron creadas como estructuras temporales” y que, a su criterio, “ya cumplieron su ciclo”. También aseguró que, si la Junta de Fiscales Supremos no oficializa el cierre, él lo hará directamente desde su despacho.
Gálvez reiteró sus críticas a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y sostuvo que los casos continuarán, pero bajo una estructura ordinaria, sin equipos especiales.
Vínculos del Fiscal interino con los Cuellos Blancos
Las investigaciones iniciadas en 2018 muestran que el caso Cuellos Blancos alcanzaría a jueces y fiscales supremos. De acuerdo con un informe de OjoPúblico, el Ministerio Público sustentó el pedido de impedimento de salida del país contra el hoy fiscal interino en base a un conjunto de comunicaciones y gestiones consideradas irregulares.
Entre ellas se registraron 24 llamadas telefónicas con miembros vinculados a la organización criminal, coordinaciones con el exjuez César Hinostroza para favorecer a procesados, pedidos de apoyo a otros fiscales como Walther Delgado, investigado por un caso de violencia familiar y reuniones con José Cavassa, operador político asociado a maniobras dentro de la ONPE y el extinto CNM. También se identificaron contactos orientados a incidir en nombramientos clave dentro del sistema de justicia.
Uno de los audios más citados corresponde a la conversación en la que Gálvez solicita a Hinostroza “un favor para completar la chamba”, en referencia directa al caso de Delgado. Asimismo, en su declaración pública, el fiscal reconoció encuentros con Cavassa. Estos elementos fueron incorporados por la Junta Nacional de Justicia en el proceso disciplinario que concluyó con su destitución en 2021, al considerar que las conductas afectaron la integridad del cargo y la imagen del Ministerio Público.
Si bien el Tribunal Constitucional anuló la sanción por vicios de procedimiento y dispuso su restitución, el fallo dejó claro que el fondo del caso no fue evaluado. La decisión abrió la posibilidad de iniciar un nuevo proceso disciplinario bajo las reglas vigentes, lo que mantiene en debate la responsabilidad del fiscal interino frente a los hechos investigados.
