Ante el polémico Proyecto de Ley conocido como REINFO Pesquero, que propone reabrir el proceso de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales (SIFORPA II), conviene recordar que dicho mecanismo fue archivado en 2023 luego de constantes reaperturas. Frente a esta nueva iniciativa legislativa, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) remitió al Congreso de la República su posición institucional, acompañada del sustento técnico, en la que fundamenta su rechazo por considerar que la propuesta pondría en riesgo la sostenibilidad de los recursos marinos como la pota y el perico.
Si PRODUCE ha evaluado y concluido que reabrir el SIFORPA II es inviable, ¿por qué insistir? No se trata de cerrar puertas a la formalización per se; se trata de evitar que la formalización se convierta en un mecanismo para legitimar irregularidades. El proceso exigía verificación física, matrícula, protocolo técnico y permisos, pasos diseñados expresamente para evitar la proliferación de embarcaciones “fantasma”. Reabrirlo ahora sería validar naves construidas al margen de la ley y premiar al que no acató la ley en su oportunidad a pesar de las constantes ampliaciones.
Reabrir el REINFO pesquero significa un riesgo ambiental de gran magnitud, entre otras consecuencias. Una expansión descontrolada de la flota artesanal en el litoral marítimo incrementaría la presión sobre recursos que ya están plenamente explotados, como la pota y el perico. Cualquier aumento descontrolado de la flota amenaza con llevar al colapso a pesquerías que sostienen empleo y exportaciones del país.
PRODUCE y la autoridad marítima han sido categóricos al advertir que permitir el ingreso tardío de embarcaciones no verificadas incrementa el esfuerzo pesquero, erosiona la trazabilidad y facilita la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Además del daño directo a los recursos, reabrir el REINFO trae daños colaterales, como el tráfico de matrículas. Los astilleros ilegales se convierten en actores centrales al construir embarcaciones fuera de la norma, sin controles de seguridad ni certificaciones, exponiendo a los propios tripulantes a riesgos mortales. La tala ilegal —madera extraída sin control— se refuerza porque muchos astilleros recurren a madera no certificada para construir cascos, degradando bosques y cadenas productivas. Y la competencia desleal contra embarcaciones formales: quienes cumplieron con la norma ven sus capturas y sus ingresos reducidos al competir con flota sobredimensionada e irregular.
Esto es un análisis que surge como consecuencia de la experiencia comparada con la minería ilegal, las reaperturas mal diseñadas y “regularizaciones” que conocemos como el REINFO en el sector minero, proceso que se relaciona con la destrucción ambiental porque sus extensiones permiten que los mineros ilegales y no formalizados operen sin cumplir con las obligaciones ambientales. Por ello no podemos permitir que lo mismo ocurra en el mar.
¿Qué hacer entonces?
Primero: archivar el proyecto 12373/2025.
Segundo: reforzar las medidas que sí funcionan, como la implementación plena del sistema satelital (SISESAT) en la flota artesanal, consolidación de padrones digitales certificados y sanciones efectivas contra astilleros ilegales y tráfico de matrículas.
Tercero: inversión en fiscalización y en capacidades técnicas de PRODUCE y DICAPI.
Y cuarto: programas de formalización complementaria que no reabran ventanas generales, sino procesos focalizados, verificables y con trazabilidad desde el astillero hasta el desembarque.
Si queremos proteger las pesquerías y a los pescadores formales, la salida no es volver a abrir puertas cerradas; es fortalecer las que ya existen. Es responsabilidad del Congreso decidir en base a las evidencias y sustentos técnicos y científicos y cerrarlas cuando corresponda. El Congreso tiene la responsabilidad de decidir y ya tiene el criterio técnico; no con cálculos de corto plazo que lo único que va a lograr es, paso a paso, poner en riesgo la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
