
La Fiscalía anticorrupción de Lima consiguió una condena judicial para un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) que fue hallado culpable del delito de peculado de uso, tras conducir un vehículo policial oficial en estado de ebriedad y provocar un accidente.
Investigación y sentencia
El caso fue liderado por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Quinto Despacho), que logró acreditar que el alférez Alfredo Coronel, adscrito a la División de Investigación Criminalística La Victoria – San Luis, empleó un vehículo del Estado sin la autorización de sus superiores, fuera de su turno y para actividades no vinculadas a sus funciones policiales. Durante el trayecto, Coronel fue intervenido tras causar un choque que produjo daños materiales, lo que permitió comprobar que conducía en estado de ebriedad, con un dosaje alcohólico de 1,37 g/l.

La investigación, a cargo del fiscal provincial Raúl Ernesto Martínez Huamán y del fiscal adjunto provincial Leonardo Alex Rosales Zavala, estableció que el agente policial utilizó el móvil policial “para fines completamente ajenos al servicio”, señalando el abuso de su posición y la irregularidad del acto.
Acogimiento a terminación anticipada
El sentenciado se acogió al mecanismo de terminación anticipada, reconociendo su responsabilidad penal. Esto permitió la reducción del tiempo procesal y agilizó la imposición de sanciones. Como resultado, Alfredo Coronel fue condenado a un año y ocho meses de pena privativa de libertad, suspendida por un año.
Adicionalmente, el juzgado resolvió su inhabilitación por cuatro años y dos meses para ocupar u optar a empleos públicos y le impuso el pago de 150 días multa, así como una reparación civil de S/ 6.000 en favor del Estado. Todas estas acciones buscan no solo sancionar, sino también disuadir futuras conductas similares dentro de la administración pública.

Uso indebido y consecuencias
La Fiscalía subrayó que el delito de peculado de uso surge cuando un funcionario utiliza bienes o recursos públicos sin permiso expreso y para provecho personal, fuera del marco legal y funcional. En este caso, el uso del vehículo policial se vio agravado por el estado de ebriedad, condición que pone en riesgo la seguridad pública y la confianza en la institución policial.
Una fuente de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios indicó que este tipo de conductas refuerzan la importancia de la vigilancia y sanción ante el uso incorrecto de recursos del Estado: “Los resultados de este proceso reafirman el compromiso del Ministerio Público en vigilar y sancionar el uso indebido de bienes públicos, reforzando la lucha contra la corrupción en las instituciones”, explicó el fiscal Raúl Ernesto Martínez Huamán.
El Ministerio Público recordó que la lucha contra la corrupción no solo implica la imposición de penas, sino el fortalecimiento del mensaje social de que el uso inapropiado de recursos estatales no tiene cabida en una función pública íntegra, segura y orientada al bien común. Estas acciones representarían un avance en la construcción de estándares éticos en la gestión pública y un llamado a la responsabilidad para todos los servidores estatales.



