El futuro de la fiscal suprema Delia Espinoza se definirá este miércoles 3 de diciembre, cuando el Pleno del Congreso debata y vote el informe que propone su inhabilitación por diez años. La denuncia en su contra se basa en supuestamente, respaldar una directiva que, según los congresistas que la impulsaron, habría desobedecido la ley que devuelve a la Policía Nacional la conducción de las investigaciones preliminares. La sesión está programada para las 10:00 a. m., tal como lo acordó el Consejo Directivo.
Para aprobar una inhabilitación se requiere el voto favorable de dos tercios del número legal de congresistas. Es decir, se necesitan como mínimo 66 votos. De alcanzarse ese resultado, Espinoza quedaría fuera del Ministerio Público y se abriría la puerta a un eventual proceso penal, si también se aprueba el levantamiento de su fuero.
El informe final, que será sometido a votación, propone acusarla por los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, además de permitir que sea procesada como cualquier ciudadano.
Tal como lo adelantó, Espinoza se presentará en el hemiciclo para ejercer su defensa y exponer sus argumentos ante los parlamentarios. En oportunidades previas, la magistrada ha advertido que este proceso responde a una venganza política del Congreso y ha denunciado diversas irregularidades. Ese mismo día también se debatirá la inhabilitación de Pedro Castillo y del exministro Alfonso Adrianzén.
Los cuestionamientos al proceso
Desde que se inició el trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la fiscal ha advertido irregularidades que, asegura, comprometen la validez del proceso. Su primera objeción es que la denuncia se dirigía inicialmente contra los cuatro fiscales supremos, todos firmantes de la resolución cuestionada. Sin embargo, solo su caso avanzó con mayoría absoluta.
“Y si ellos quieren seguir vulnerando el Estado de derecho, desde ahorita ya estamos en dictadura parlamentaria”, señaló tras conocer el resultado en la Comisión Permanente.
Otra crítica se centró en la interpretación que el Congreso dio a la directiva que firmó, relacionada con la conducción de las investigaciones preliminares. Según Espinoza, la Junta de Fiscales Supremos no aprueba ese tipo de documentos, por lo que no le correspondía decidir su contenido. “Es un reglamento que no ha sido elaborado en junta de fiscales supremos”, advirtió, enfatizando que esa información ya había sido entregada a la SAC.
También cuestionó la transparencia del proceso. Afirmó que la sesión en la que se debatió el informe final no fue transmitida en vivo, lo que —según su defensa— vulnera el debido proceso congresal. “No quisieron que se transmita en vivo”, dijo, asegurando que esa decisión genera nulidades que no fueron atendidas.
La votación en la Comisión Permanente
El caso llegó al Pleno luego de que la Comisión Permanente aprobara el informe acusatorio con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Esa decisión dejó a Espinoza a un paso de la inhabilitación. Entre los parlamentarios que apoyaron la medida estuvieron representantes de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País.
En contraste, las denuncias contra los otros tres fiscales supremos —Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena— no prosperaron. En sus expedientes predominó la abstención, por lo que deberán ser evaluados en una sesión futura.
La diferencia en los resultados llevó a Espinoza a denunciar favoritismos y motivaciones políticas. Tras la votación, declaró: “Están corriendo contra mí. A los demás colegas los han salvado. Pero contra mí, sí. ¿Por qué? Porque es venganza. Es venganza política”.
