La presencia de migrantes indocumentados en la frontera sur del Perú ha llevado a la Oficina Regional de Indecopi a desplegar operativos en el Terminal Terrestre Manuel A. Odría, en Tacna. El objetivo es asegurar que las agencias de transporte informen de manera clara y directa a los pasajeros, para reducir eventuales complicaciones en sus traslados tras el reciente incremento de controles fronterizos y restricciones migratorias.
Durante esta jornada de inspección, el equipo de Indecopi recorrió las agencias de transporte y turismo del terminal, verificando que cuenten con el Libro de Reclamaciones en un lugar visible y accesible, y que informen oportunamente sobre cancelaciones o retrasos derivados de la situación migratoria. También se constató que la venta de pasajes se limita a personas con documentación válida, lo que responde a una mayor frecuencia de intentos de ingreso irregular al país.
La intervención de Indecopi se desarrolla como respuesta a una coyuntura marcada por la incertidumbre, con restricciones cada vez mayores en los flujos fronterizos y una intensa movilidad de migrantes, principalmente venezolanos, que buscan acceso regular al territorio peruano. La presencia de funcionarios en el terminal busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar un acceso informado a los servicios de transporte en el contexto de emergencia regional.
Indecopi orienta a pasajeros en Tacna durante la crisis migratoria
El operativo de Indecopi incluyó una revisión exhaustiva del cumplimiento de las normas por parte de las agencias de transporte y turismo en el terminal de Tacna, con especial énfasis en la entrega del Libro de Reclamaciones y la provisión de información relativa a cambios o interrupciones de rutas. Se estableció que solo quienes presenten la documentación exigida pueden acceder a la compra de boletos, en atención a las nuevas medidas implementadas tras el aumento de migrantes indocumentados.
El personal de Indecopi informó a los pasajeros sobre el procedimiento para identificar boletos válidos, solicitar los tickets de equipaje, transferir o postergar viajes, y recibir información transparente ante demoras inesperadas. Además, reforzaron la atención sobre la importancia de conservar la información del pasaje y la claridad en torno a los derechos del consumidor en situaciones de variación de servicios.
Las inspecciones permitieron detectar irregularidades menores, que fueron comunicadas a los operadores para su corrección inmediata, y se instruyó a los usuarios sobre la importancia de recurrir al Libro de Reclamaciones ante cualquier incidencia. Indecopi anunció que continuará con estas acciones de monitoreo permanente en el terminal y en otros puntos estratégicos del país.
Estado de emergencia en Tacna
La intervención de Indecopi se produce en medio de la declaración del estado de emergencia en Tacna, oficializada por el Decreto Supremo N.º 135-2025-PCM y vigente en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos por 60 días. Esta medida busca combatir el ingreso irregular de migrantes y responder al repunte de delitos en la frontera sur. Bajo la disposición, la Policía Nacional asumió el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, habilitada para realizar operativos bajo los protocolos de uso de la fuerza establecidos.
El decreto restringe temporalmente derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión, y exige autorización previa para actividades masivas. El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Tacna y el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), dirigidos por el jefe de Región Policial, coordinan las acciones de patrullaje, fiscalización y comunicación estratégica.
Durante las primeras 24 horas del estado de emergencia, se activaron comités para organizar patrullajes, recopilar y registrar datos sobre ingresos irregulares, operativos policiales y estadísticas de delitos, integrando la información en una plataforma digital nacional. Adicionalmente, se dispuso un patrullaje motorizado permanente en la línea fronteriza entre Perú y Chile, junto a intervenciones inmediatas en pasos no autorizados y patrullajes con drones en los sectores de mayor riesgo.
En paralelo, la Superintendencia Nacional de Migraciones intensificó los procedimientos administrativos de expulsión acelerada y el Comité de Fiscalización encabezó operativos contra trata de personas, narcotráfico y transporte informal, bloqueando la venta y el uso ilícito de celulares y chips durante las intervenciones. El Ministerio Público y el Poder Judicial reforzaron la cobertura en la zona, con nuevas garantías de seguridad para fiscales y jueces y facilitando el uso de plataformas de denuncia virtual.
Atención a pasajeros por bloqueo en cierre en Panamericana Sur
A la compleja coyuntura migratoria en la frontera sur, se sumó un nuevo foco de tensión con el bloqueo de la carretera Panamericana Sur en el sector del Puente Ocoña, provincia de Camaná (Arequipa), llevado a cabo por mineros ilegales e informales desde la noche del 1 de diciembre. Estos manifestantes impiden el libre tránsito en una vía nacional, permitiendo el paso de vehículos solo en lapsos esporádicos y manteniendo una presencia firme en puntos como Ocoña y los accesos desde Secocha, La Eugenia, Atico y Chala.
El bloqueo de Ocoña se intensificó mientras la Policía Nacional buscaba mediar y gestionar ventanas de circulación temporal, hasta el momento sin lograr una solución estable. Los vehículos que consiguen avanzar enfrentan nuevos obstáculos en Atico y Chala, zonas que también presentan restricciones a causa de derrumbes y nuevas protestas. En el terminal terrestre de Arequipa, las compañías de transporte interprovincial informaron a los pasajeros que la venta de pasajes hacia Lima y el norte solo se realiza “a condición”, advirtiendo sobre posibles detenciones prolongadas en carretera. Varios servicios programaron sus salidas más cercanas para las 14:00 horas, supeditadas a que se concedan pausas para el tránsito.
El motivo central de la protesta es la exigencia de una prórroga en el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sin la cual miles de mineros perderían la posibilidad de continuar sus labores. Movilizaciones similares han paralizado la Panamericana Sur en años previos, prolongándose durante semanas y afectando el tránsito entre regiones.
La obstrucción de esta vía nacional constituye un delito conforme a la normativa vigente, al interferir no solo con el derecho al libre tránsito sino también con la seguridad pública en una ruta de vital importancia para el país. La Policía Nacional mantiene los esfuerzos para restablecer un flujo normal en el corredor, mientras decenas de pasajeros en Arequipa permanecen expectantes ante una resolución que les permita viajar sin demoras ni contratiempos.
