La zona fronteriza entre Perú y Chile experimenta un cambio radical en sus controles tras la entrada en vigor del estado de emergencia en Tacna, una medida que establece nuevas restricciones a derechos y refuerza los operativos de seguridad para frenar la criminalidad y la migración irregular. Así se detalla en el Decreto Supremo N.º 135-2025-PCM, aprobado por el Consejo de Ministros y promulgado el pasado 28 de noviembre.
El Gobierno de Perú oficializó la emergencia por 60 días en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, todos pertenecientes a la provincia de Tacna. El objetivo es detener el ingreso irregular de migrantes y responder al aumento de actividades delictivas en la frontera sur.
Con la declaración, la Policía Nacional del Perú (PNP) asume el control del orden interno y recibe apoyo de las Fuerzas Armadas, quedando autorizadas para realizar operativos bajo normas de uso de la fuerza previamente establecidas.
El decreto restringe derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión. También obliga a que toda celebración masiva, incluidas las de tipo religioso, cultural o deportivo, requiera autorización previa de autoridades competentes. Las actividades no masivas seguirán permitidas sin necesidad de permisos especiales.
Coordinación policial
El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Tacna queda en sesión permanente, además se forma un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) encabezado por el jefe de la Región Policial Tacna.
Durante las siguientes 24 horas a la declaración, debía completarse también la creación de comités distritales, de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con la responsabilidad de organizar patrullajes, operativos y compartir información. Parte de estos datos tendrá categoría de reservados, según la Ley de Transparencia, dada su naturaleza estratégica.
Las entidades locales, incluida la Gobernación Regional y las municipalidades, deben brindar infraestructura y equipamiento al CCO, mientras que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital pondrá en funcionamiento una plataforma unificada de datos para registrar el ingreso irregular, los operativos y las estadísticas de delitos.
Refuerzo de la seguridad
El decreto ordena patrullaje motorizado permanente por la línea limítrofe entre Perú y Chile, junto con intervenciones inmediatas a los migrantes que cruzan pasos no habilitados o autorizados.
Igualmente, dispone operativos estrictos en zonas de cruce irregular y un monitoreo constante mediante drones en los sectores críticos. Estas acciones se complementan con operativos de inteligencia a cargo de la Policía Nacional.
La Superintendencia Nacional de Migraciones participará en la detección y posible expulsión de extranjeros, recurriendo a procedimientos administrativos de carácter acelerado y especial.
Fiscalización y mercados ilegales
En la lucha contra ilícitos asociados a la frontera, el Comité de Fiscalización –que agrupa a entidades como Osiptel, Sunat, Migraciones, Sutran, Senasa, el Poder Judicial, el Ministerio Público y gobiernos locales– liderará operativos diarios contra la trata de personas, el narcotráfico, el comercio ilegal de armas y el transporte informal.
De acuerdo a la norma, la Policía notificará a Osiptel cuando se incauten chips y celulares, para su bloqueo inmediato, además de pasar los números que resulten vinculados a denuncias de extorsión o sicariato.
Por solicitud del sistema de justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial reforzarán sus capacidades administrativas y presupuestarias en la zona, preparando garantías para fiscales y jueces en situación de riesgo y promoviendo el uso de la plataforma de denuncias en línea.
Tensión en aumento
Durante la mañana del 28 de noviembre, alrededor de un centenar de migrantes en situación irregular bloquearon la vía binacional a modo de protesta ante la negativa de Migraciones Perú de permitir su ingreso por no cumplir los requisitos legales. Este incidente se produjo en paralelo a un llamado del candidato chileno José Antonio Kast para que se implemente la expulsión de personas en situación irregular del lado chileno.
Horas después de la declaración de emergencia, el Gobierno peruano anunció la creación de un Comité Binacional de Cooperación Migratoria con las autoridades chilenas, cuya actividad arrancará este lunes 1 de diciembre, con la meta de “abordar, mediante cooperación estrecha, la situación de la población migrante en la frontera entre Tacna y Arica”. Este grupo de trabajo estará integrado por las cancillerías y los ministerios del Interior de ambos países.
El ministro de Exteriores, Hugo de Zela, adelantó que toda medida aplicada en este contexto respetará el derecho humanitario, consigna que ya ha sido comunicada al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Vehículos varados
Se reportó que la protesta de migrantes en la carretera dejó a decenas de vehículos de carga varados en el paso fronterizo de Tacna, lo que evidenció la presión sobre las conexiones entre ambos países mientras se endurecen las políticas migratorias. Para ingresar al Perú, la mayoría de quienes aguardan en el límite, migrantes de origen venezolano, debe presentar un visado.
La coyuntura se agrava debido al escenario político en Chile. Tras la segunda vuelta de las elecciones podría implementarse la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular, propuesta sustentada por José Antonio Kast. Esta situación amenaza con aumentar los flujos migratorios y la presión sobre los pasos fronterizos con Perú y Bolivia en las próximas semanas.
