La caída de la red liderada por Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, trajo consigo una investigación que desveló intrincados esquemas de fuga, movimientos de fondos y operaciones clandestinas entre Perú y Paraguay. Mientras los esfuerzos policiales se concentraban en su extradición y neutralización, nuevas revelaciones pusieron en evidencia la capacidad del grupo para operar incluso con sus principales cabecillas privados de su libertad.
Al centro de la trama emerge un plan ideado desde el penal, cuyo propósito era culminar en una fuga orquestada mediante autolesión y la participación de sicarios reclutados expresamente para ejecutar el rescate. Las pesquisas y testimonios confirman que la logística, los pagos y las instrucciones viajaron de un país a otro con la agilidad de cualquier otro negocio ilícito, desafiando los sistemas de control fronterizo y penitenciario. De acuerdo con un informe difundido por Domingo al Día, la investigación permitió reconstruir la secuencia del plan y los roles asumidos por cada miembro de la organización.
La fuga anticipada desde el penal
Agentes peruanos y paraguayos detectaron conversaciones y videollamadas atribuibles a Moreno desde la prisión, donde el plan consistía en provocarse lesiones para obligar el traslado sanitario y facilitar la intervención del grupo externo. La información recolectada por la policía refleja que las instrucciones llegaron en tiempo real a través de personas de confianza que mantenían contacto permanente con el líder encarcelado.
Las comunicaciones dejaron constancia de directrices para simular una situación médica de gravedad, lo que permitiría vulnerar la seguridad del penal y habilitar la aparición de un comando externo. Colaboradores identificados por las autoridades confirmaron que los arreglos incluían la coordinación de fechas y horarios para sincronizar los movimientos de los implicados. Documentos y registros analizados por Domingo al Día evidencian que la planificación contó con detalles minuciosos y recursos asignados antes incluso de ejecutar cualquier movimiento dentro de la cárcel.
Dinero en efectivo y mensajeros fuera del radar
Para evitar rastreos, el flujo de dinero no utilizó canales convencionales. Jhoselyn Balarezo, señalada como nueva administradora financiera del grupo, trasladó fondos fuera del territorio peruano y se encargó directamente de repartir pagos a los involucrados, según el expediente policial. Parte de las sumas tenía el propósito de financiar acciones específicas, entre ellas el rescate de Moreno a manos de sicarios seleccionados sólo para esa misión.
Testigos consultados revelaron que los pagos pactados ascendieron a S/ 10 mil por persona, una cifra que superó los montos habituales en operaciones previas.
Reclutamiento y tareas asignadas para el operativo
Participar en la maniobra no era una decisión al alcance de toda la estructura; los organizadores depositaron su confianza en un grupo cerrado de “correos humanos” y colaboradores fieles que viajaron entre Perú, Brasil y Paraguay para garantizar discreción y efectividad. Las tareas incluyeron identificar rutas de acceso al hospital designado y preparar vehículos, armas y vestimenta para mimetizar al grupo durante el asalto planeado.
El seguimiento policial permitió interceptar testimonios y declaraciones que detallan cómo el plan dependía de la autolesión de Moreno, seguida por el traslado médico y la acción rápida del comando. La logística requería sincronización milimétrica entre quienes movían el dinero y quienes ejecutaban la fase operativa.
Indicios, caídas y reacomodos en la organización
El arresto de Balarezo en suelo peruano, cuando transportaba sustancias ilícitas, sumado a la incautación de documentos y registros electrónicos, terminó por consolidar las pruebas sobre el papel de la administración financiera en la financiación del operativo. Otros miembros clave de la red, como Grace Bado Neyra, enfrentaron también detenciones y allanamientos, situación que obligó al grupo a modificar sus métodos y designar nuevos responsables de cada sección.
Los hechos dejaron al descubierto la capacidad de reacción de la organización frente a las caídas de sus líderes y la manera en que las órdenes continuaron fluyendo desde el penal, mientras los investigadores de ambos países intensificaban la vigilancia para evitar cualquier intento de fuga. La documentación incautada permitió reconstruir la ruta del dinero y las fases organizativas del rescate frustrado, en una escena donde la frontera entre Perú y Paraguay resultó apenas un obstáculo menor para los responsables del plan.
