Miles de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunciaron la extensión de su protesta hacia un paro nacional indefinido hasta obtener una mesa de diálogo directa con el presidente José Jerí. La medida surge tras un paro preventivo de 48 horas iniciado el miércoles 26 de noviembre, con la exigencia de frenar la propuesta del Gobierno de eliminar y reestructurar la institución responsable de los penales y la resocialización de internos.
La propuesta oficial busca desactivar el INPE para fusionar su estructura con el Programa Nacional de Centros Juveniles, creando la Superintendencia Nacional de Internamiento y Reinserción Social. El Ejecutivo sostiene que la iniciativa responde a la necesidad de frenar presuntos actos de corrupción en el sistema penitenciario.
“Hoy actuamos de forma preventiva. Si el Gobierno insiste sin escuchar, avanzaremos con una huelga indefinida. Ya no tenemos nada que perder”, sostuvo uno de los líderes gremiales frente a medios locales.
No obstante, gremios sindicales y funcionarios advierten que la reforma, en lugar de atacar la problemática central, podría propiciar una militarización del servicio penitenciario sin fortalecer la capacitación del personal.
“Si el cambio fuese justamente por eso, ¿por qué quieren militarizar las propuestas? ¿Por qué no se especializa mejor al personal? Se dice que hay televisores, antenas, pero eso ingresa, con un alto”, explicó un vocero.
Falencias de los controles
Durante la paralización, los trabajadores del INPE denunciaron falencias en el control de objetos prohibidos dentro de los penales, y alertaron sobre la persistencia de redes de corrupción facilitadas por altos funcionarios.
El Ministerio de Justicia reiteró que no existe un proyecto de eliminación absoluta del INPE, sino una “fusión por absorción”, mecanismo que integra la gestión penitenciaria y juvenil bajo una sola instancia operativa.
“Lo que implica no es que se elimina una institución. De imaginarnos que se eliminaría quién administraría o gestionaría todos los establecimientos penitenciarios del país”, detalló.
Creación de SUNIR
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso un paquete de 14 propuestas orientadas a reforzar la seguridad ciudadana, que incluye la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) para reemplazar al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).
Durante una sesión extraordinaria en el Congreso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, explicó que la estructura actual del INPE no responde a las exigencias de la delincuencia contemporánea. Por ello, detalló que absorberá las funciones y el personal tanto del INPE como del Pronacej.
En el marco de la reforma penitenciaria, el ministro propuso modificaciones al Código de Ejecución Penal para establecer una etapa de extrema seguridad en el Régimen Cerrado Especial, sin posibilidad de progresión para internos de alta peligrosidad. Además, planteó restringir los beneficios penitenciarios para delitos graves como extorsión y homicidio calificado.
Otra de las propuestas incluye incorporar al Código Penal el delito agravado de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones, orientado a sancionar la instalación o financiamiento de redes clandestinas dentro de los penales.
