Los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Tumbes realizaron una protesta este miércoles tras conocerse la propuesta del presidente José Jerí para desaparecer la institución y reemplazarla por una nueva estructura estatal. La movilización incluyó un paro nacional, quema de llantas y un fuerte pronunciamiento sindical en rechazo a la iniciativa del Ejecutivo, que plantea la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).
La tensión se replicó en los 68 penales del país, donde el personal penitenciario exige ser incluido en cualquier discusión sobre cambios en el sistema carcelario. En Tumbes, el dirigente sindical Franklin Gonza señaló que la propuesta oficial “no es la solución” y denunció que se estaría responsabilizando al INPE de problemas estructurales que derivarían del abandono estatal. Además, indicó que rechazan la reciente decisión de aplicar pruebas de polígrafo al personal, medida que, asegura, debería empezar por el propio Ministerio de Justicia.
Rechazo al cierre del INPE y advertencia de huelga nacional
La propuesta del Gobierno para eliminar el INPE y fusionar sus funciones con el Pronacej generó movilizaciones en varias regiones, incluida Lima. En la sede del Ministerio de Justicia, decenas de trabajadores se reunieron para rechazar la iniciativa y advertir que, de no abrirse un espacio formal de diálogo, iniciarán una huelga nacional indefinida. El representante sindical Julio César Burga sostuvo que la reestructuración vulneraría derechos laborales y afectaría directamente a miles de familias que dependen del sistema penitenciario.
“Nos encontramos en una media protesta a nivel nacional”, expresó Burga, quien afirmó que el planteamiento del Ejecutivo significaría una violación constitucional al pretender fusionar instituciones esenciales para la administración de justicia. También remarcó que los trabajadores exigen la instalación inmediata de una mesa técnica con el ministro Walter Martínez, pues aseguran que el proyecto Sunir fue elaborado sin consultar a quienes operan directamente en penales y centros juveniles.
Otro de los puntos cuestionados es la narrativa de que el INPE sería responsable del incremento de la inseguridad ciudadana. Los trabajadores señalaron que el problema radica en la falta de presupuesto, infraestructura y personal suficiente, elementos que no habrían sido atendidos por el Estado. “¿Cómo podemos hacer un buen trabajo si no tenemos las herramientas adecuadas?”, reclamó Burga al señalar que la sobrepoblación carcelaria y el desborde del sistema no son consecuencia de la institución, sino de la ausencia de una política penitenciaria sostenida.
En el mismo pronunciamiento, el gremio indicó que todos los sectores tienen casos de corrupción, pero rechazó que se utilice este argumento para justificar la eliminación del INPE. Recordaron que incluso la PNP ha sido involucrada en investigaciones por delitos como secuestro y sicariato, por lo que —según señalaron— no puede atribuirse exclusivamente al sistema penitenciario la responsabilidad de las mafias que operan en el país.
El uso del polígrafo: dudas y alcances de la nueva medida
A la tensión generada por la propuesta de cerrar el INPE se sumó la decisión del Gobierno de aplicar pruebas de polígrafo al personal penitenciario de Lurigancho y otros penales. Según el Decreto Supremo 27-PCM, la medida se enmarca en el estado de emergencia en Lima y Callao y busca reforzar los mecanismos de control en instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana. Sin embargo, en Tumbes y otras regiones, los sindicatos denunciaron que su implementación sería arbitraria si no incluye también a funcionarios de alto rango dentro del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con la normativa, las evaluaciones estarán a cargo de las Unidades de Credibilidad del Servicio de Inteligencia Nacional (SINA), que prevén realizar hasta 73 pruebas por día. El polígrafo mide variables como ritmo cardíaco, presión arterial y respiración mediante sensores y software especializado. Según un fallo del Tribunal Constitucional de 2010, este examen sirve para diagnosticar el “apartamiento consciente de la verdad”, lo que respalda su utilización en contextos oficiales.
El uso del polígrafo no es nuevo en la administración pública. En 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo incorporó voluntariamente para funcionarios en el marco de una estrategia anticorrupción. No obstante, en el caso del INPE, los trabajadores cuestionan que la medida se implemente en medio de un clima de incertidumbre institucional y sin claridad sobre sus efectos laborales. “No estamos de acuerdo con la aplicación del polígrafo”, señaló Franklin Gonza durante la protesta en Tumbes, enfatizando que el control debería aplicarse de manera transversal y no solo a un sector específico.
El personal penitenciario remarcó además que la institución enfrenta hacinamiento en la mayoría de establecimientos y mantiene funciones operativas críticas que han sido sostenidas pese a la falta de recursos. Por ello, consideran que la aplicación del polígrafo y el anuncio de reemplazar al INPE por una nueva superintendencia incrementan la preocupación en un sistema ya saturado y en permanente exigencia operativa.
