Continúan los intentos por evitar la captura de Betssy Chávez, exministra peruana procesada por el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, en la embajada de México en Lima. El abogado Jesús Barboza planteó un habeas corpus preventivo ante el riesgo de que fuerzas del orden ingresen a la sede diplomática con el fin de arrestar a la expremier, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva de cinco meses.
La solicitud judicial, dirigida contra el presidente José Jerí, el canciller Hugo de Zela y la magistrada Janet Tello, busca la protección de la inviolabilidad de la misión diplomática, apoyándose en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y su rango constitucional según el artículo 55 de la Constitución peruana. El recurso detalla seis pedidos principales orientados a garantizar que ninguna autoridad —incluyendo al Presidente de la República, la Policía Nacional (PNP), el Ministerio Público o el Poder Judicial— pueda allanar la embajada mexicana.
Entre los puntos incluidos, el documento subraya: “Se disponga que ninguna autoridad... pueda ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la sede diplomática de México, sin consentimiento expreso de la misión”. El pedido también contempla la abstención de las fuerzas del orden de ejecutar actos materiales para ingresar, capturar o intervenir dentro de la embajada, aun con mandato judicial relacionado con Chávez u otros investigados.
El habeas corpus incluye la exigencia de comunicación inmediata de cualquier resolución sobre el caso a los ministerios pertinentes para garantizar la ejecución obligatoria y la supervisión de las directivas de protección. También pide que los responsables de cualquier eventual intervención asuman los costos procesales establecidos por la ley.
Ejecutivo negó intención de irrumpir a la fuerza en la sede diplomática
La controversia en torno a la situación de Betssy Chávez aumentó tras declaraciones contradictorias del propio Ejecutivo sobre una posible intervención en la misión diplomática mexicana en Lima. El presidente José Jerí manifestó en una entrevista con El Comercio que no descartaba la opción de ordenar el ingreso a la embajada con el fin de ejecutar la orden judicial de prisión preventiva contra la exministra. “No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, declaró.
Horas después, a través de su cuenta oficial en X, el mandatario modificó su postura: “Tengo un equipo ministerial con experiencia, como por ejemplo la de Hugo de Zela, a quien siempre consulto y escucho mucho antes de cualquier acción concreta. Eso nunca cambiará”, publicó.
Como se recuerda, desde la Cancillería, el ministro Hugo de Zela confirmó a CNN que “no está ni siquiera en consideración” una acción similar a la ocurrida meses antes en la sede diplomática de México en Quito, cuando la policía ecuatoriana ingresó para ejecutar una orden judicial. “Eso sí le puedo decir que no, ni siquiera lo estamos considerando y no va a ocurrir en este caso”, aseguró De Zela.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, coincidió en el rechazo a una intervención forzada y explicó a Canal N que el Gobierno peruano se mantiene “respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país… mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas, eso sí está descartado”. Ratificó que cualquier salida de Chávez de la misión requeriría una orden expresa avalada por la Cancillería.
