El expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado a catorce años de cárcel por recibir millonarios sobornos durante su mandato como gobernador de Moquegua. A pesar de la gravedad del dictamen, la reacción de Vizcarra ante el fallo y su posterior comunicación por redes sociales evidenció el impacto que la decisión judicial tuvo en su entorno político y personal. La resolución judicial, que no admite suspensión por apelación, también lo inhabilitó para cargos públicos por nueve años y le ordenó ingresar de inmediato a un penal.
Las acusaciones formalizadas por el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional refieren que Vizcarra recibió pagos ilícitos de empresas constructoras a cambio de favorecimientos en adjudicaciones de obras públicas. El caso ha generado un amplio debate en el país y pone de relieve el compromiso judicial en la lucha contra la corrupción en el sector público.
La reacción de Vizcarra tras escuchar la sentencia
La lectura del fallo este jueves concluyó con una de las imágenes más impactantes de la jornada: Martín Vizcarra permaneció cabizbajo mientras la sala detallaba la condena. De inmediato, el tribunal dispuso su internamiento en un centro penitenciario, haciendo énfasis en que la medida surte efecto sin importar el recurso legal que pueda presentar su defensa. Momentos después y a través de sus cuentas oficiales, Vizcarra expresó su postura frente a la condena, calificando el proceso de injusto y dirigido por intereses contrarios a la transparencia estatal. Sus palabras apuntaron a la existencia de presuntas persecuciones políticas tras su salida de la Presidencia de Perú.
El mensaje en redes incluyó además alusiones directas a sus adversarios y al sistema de justicia, reiterando que no aceptará la sentencia en silencio ni renunciará a sus ideales. También delegó a su hermano Mario Vizcarra el objetivo de continuar su campaña política. La escena en la audiencia, con Vizcarra revisando su teléfono móvil y evitando contacto visual, fue interpretada por los asistentes como un gesto de frustración frente a la severidad de la pena.
Los cargos de corrupción y el proceso judicial
La investigación judicial determinó que Vizcarra recibió S/ 2,3 millones de constructoras en sobornos elegidos para asegurar la concesión de dos megaproyectos en Moquegua: Lomas de Ilo y el Hospital Regional. El tribunal fue enfático en que se identificó el flujo de pagos indebidos y la utilización de su posición para condicionar contratos estatales. En ambos casos, se concluyó que existió solicitud y aceptación de beneficios económicos, incluyendo el alquiler de una aeronave a cuenta de una de las compañías implicadas.
Por cada proyecto, el tribunal asignó penas diferenciadas: seis años por Lomas de Ilo y ocho por el hospital, las cuales sumaron catorce de prisión efectiva y una inhabilitación total de nueve años para el ejercicio de función pública. El Ministerio Público había solicitado quince años, pero los jueces optaron por una reducción sustentada en los hallazgos probatorios.
Detalles de la audiencia y pronunciamientos oficiales
El juzgado enfatizó durante la lectura de sentencia la existencia de un esquema de corrupción liderado por el exmandatario, cuya responsabilidad penal fue calificada como plenamente acreditada. En la fundamentación de su fallo, explicaron que se documentaron entregas por S/ 400 mil y S/ 600 mil en fechas precisas del año 2014, junto con otros favores económicos. Estos elementos, según el expediente, probaban la relación directa entre los pagos y la entrega de adjudicaciones públicas a las empresas involucradas.
Diversos representantes del círculo político peruano reaccionaron ante el anuncio, algunos destacando que se trata de un avance en la jurisprudencia anticorrupción del país. Otros, especialmente allegados a Vizcarra, denunciaron un escenario de persecución política y buscan revertir la medida en instancias superiores.
Lo que sigue tras la condena
El tribunal dispuso que la condena de Martín Vizcarra se haga efectiva de inmediato, con internamiento en un penal de Lima y sin posibilidad de permanecer en libertad durante la apelación. Además, la inhabilitación por nueve años impide su participación en cualquier cargo público a nivel nacional o local. Las autoridades judiciales aclararon que la ejecución del fallo refuerza la obligación del Estado peruano de combatir la corrupción y recuperar la confianza en sus instituciones.
La sentencia abre nuevas interrogantes sobre la evolución política del país, la situación de otros exmandatarios y los mecanismos para garantizar la transparencia en los procesos licitatorios. La defensa de Vizcarra adelantó su voluntad de apelar, aunque este recurso no altera el cumplimiento inmediato de la sanción, según lo dispuesto por el juzgado.
