La propuesta del Gobierno para reemplazar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por una nueva entidad ha reabierto el debate sobre el futuro del sistema penitenciario peruano. El exjefe del INPE, Julio Magán, advirtió que eliminar el organismo no resolvería los graves problemas estructurales que arrastra el país desde hace décadas.
En una entrevista con RPP Noticias, Magán sostuvo que la prioridad debe ser mejorar la infraestructura, aumentar la capacidad de albergue y fortalecer al personal penitenciario.
Magán, quien además dirigió centros juveniles del país, alertó que el sistema penitenciario experimenta un incremento sostenido en la población reclusa, mientras las obras para aliviar el hacinamiento permanecen estancadas. Entre 2016 y 2024, aseguró, no se inició la construcción de “ni medio pabellón”, mientras los internos pasaron de 86 mil a más de 103 mil.
Según Magán, el problema no se soluciona modificando el nombre de la institución o fusionando dependencias. Enfatizó que las reformas y los ajustes en los regímenes de seguridad necesitan un presupuesto concreto y acciones continuas, no medidas administrativas de corto alcance. “El problema no es cambiar etiquetas”, afirmó Julio Magán al criticar la propuesta de reorganización impulsada por el Gobierno.
El anuncio del presidente de Transición, José Jerí, generó también un fuerte rechazo entre los trabajadores penitenciarios. El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios advirtió sobre la posibilidad de iniciar una huelga nacional indefinida si el Ejecutivo no brinda estabilidad laboral real ni establece un diálogo directo sobre el proyecto actualmente en el Congreso.
Fusión de sistemas penales: argumentos del exjefe del INPE
Durante la entrevista con RPP Noticias, Magán descartó que la fusión entre el sistema penal juvenil y el de adultos sea conveniente en las condiciones actuales. Explicó que una integración de tal magnitud exige inversión, planificación detallada y mejoras previas que hoy no existen. “No creo que sea lo mejor ahora. Para hacer eso se necesita presupuesto y mejoras en la infraestructura que no se han hecho”, precisó Magán.
El exjefe del INPE recordó que ambos sistemas poseen objetivos, normativas y poblaciones diferenciadas, lo que podría traducirse en mayores dificultades operativas ante una fusión precipitada. Además, subrayó que la medida no es parte de una solución estructural frente al crimen organizado que opera desde los penales. Para Magán, resulta prioritario reforzar los controles y actualizar los regímenes de máxima seguridad, en vez de concentrarse en reorganizaciones administrativas que no abordan la raíz del problema.
Falta de construcción de penales: una deuda de sucesivos gobiernos
Uno de los cuestionamientos centrales planteados por Magán es la ausencia de nuevas infraestructuras penitenciarias desde 2016. El exjefe del INPE señaló que, durante su gestión, se dejaron proyectadas cinco construcciones de penales en Cusco, Tingo María, Ica, Arequipa y Satipo. Sin embargo, tras su salida, no se produjo ningún avance ni ampliación real de los establecimientos.
“El presidente PPK anunció cinco megapenales, pero no se concretó ninguno. Vizcarra hizo la misma promesa y tampoco avanzó. Pasó Sagasti, no hubo resultados. Después llegó Pedro Castillo y finalmente Dina Boluarte. Ninguno concretó una obra penitenciaria. Ahora, el presidente Jerí tiene apenas ocho meses restantes, es muy difícil que logre construir un establecimiento”, declaró Magán.
La capacidad instalada —con cerca de 40 mil espacios— resulta notoriamente insuficiente para albergar a una población superior a 100 mil internos. Esta brecha ha incrementado el hacinamiento y ha limitado el funcionamiento adecuado de los penales. Magán reiteró la dificultad de concretar una construcción penitenciaria integral en el tiempo que resta al actual Gobierno.
Bajo salario y precariedad laboral en el sistema penitenciario
El exjefe del INPE también advirtió sobre la situación laboral del personal. Afirmó que numerosos trabajadores penitenciarios perciben entre S/ 1.500 y S/ 2.000 mensuales, montos insuficientes para el nivel de responsabilidad y riesgo que asumen en su labor diaria. Magán insistió en que esta brecha remunerativa impacta en la estabilidad del servicio y la capacidad de retención de personal especializado.
La inquietud ha crecido dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios, cuyos representantes exigen garantías laborales y una discusión técnica previa a cualquier proceso de reestructura institucional. La posibilidad de una huelga nacional demuestra la fuerte tensión interna que surgió tras el anuncio gubernamental.
Corrupción: Magán pide un enfoque integral contra el problema estatal
Ante la propuesta de usar el polígrafo entre el personal, Magán aclaró que no se trata de un mecanismo novedoso y que puede ser incluido en los controles internos. No obstante, rechazó que la corrupción sea exclusiva del INPE: “Así como hay buenos servidores, también hay malos”, sostuvo. Agregó que los problemas de corrupción atraviesan varias instituciones estatales.
“La corrupción o la podredumbre de corrupción no es solo propiedad del INPE, es un problema en todo el Estado peruano, que está en crisis”, remarcó Magán.
El exfuncionario recordó que quienes llegan a prisión han pasado por la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, instituciones que también enfrentan denuncias. Insistió en que cualquier estrategia anticorrupción debe ser integral y coordinada en todos los sectores estatales.
Personal del INPE alerta riesgos y rechaza su desaparición
El anuncio presidencial sobre la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización provocó el rechazo inmediato del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios. Los dirigentes sindicales advirtieron que la propuesta no evalúa el impacto sobre los miles de trabajadores penitenciarios ni garantiza la continuidad de sus cargos actuales.
La organización subrayó que, si el Gobierno no establece un proceso de diálogo, impulsará medidas de presión en todos los establecimientos penitenciarios. Para el sindicato, la desaparición del INPE no implica una modernización efectiva del sistema y podría agravar los problemas existentes.
