Eduardo Roy Gates, abogado penalista y representante de la empresa constuctora Obrainsa, aseguró que la Fiscalía ha presentado pruebas sólidas contra Martín Vizcarra en el proceso que investiga presuntos actos de corrupción durante la adjudicación de las obras de Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua cuando el exmandatario era el gobernador de esa región.
En conversación con Canal N, Roy Gates manifestó que la ejecución inmediata de la sentencia ante una eventual condena es fundamental para evitar demoras y otros intentos de eludir la pena. Esto pues en otros procesos judiciales, como en el caso de la Interoceánica, las condenas no se ejecutan sino hasta un año después.
Pese a que Vizcarra afirma que el proceso seguido en su contra tiene una motivación política, Roy Gates negó este sea el caso. Afirmó que los hechos se produjeron antes de que Vizcarra asumiera la presidencia y recordó que la investigación se originó por la declaración de Renato Ribeiro Bortoletti, exfuncionario de Odebrecht, y no por una denuncia del expresidente.
“Viendo objetivamente este caso, este no es un caso político, no tiene nada que ver con el tema de la venganza que menciono el señor Vizcarra o sus abogados (...) en una parte del juicio se ha dicho que el señor Martín Vizcarra denunció el caso Club de la Construcción. Eso es falso. El caso nace de la declaración del señor Renato Rivero Bortoletti. A partir de la declaración se crea el caso y se identifica a las empresas que participaron dentro del Club de la Construcción (...)”, aseguró el abogado a Canal N.
Además, recalcó que la información sobre los pagos ilícitos fue revisada y homologada judicialmente en los procesos de colaboración eficaz; los colaboradores eficaces, señaló, obtuvieron beneficios solo en la reducción de penas, sin exoneración total, y asumieron el pago de una reparación civil superior a S/ 80 millones, garantizada mediante fideicomisos y mecanismos exigidos por la Procuraduría.
Entre las pruebas resaltadas por la acusación figuran cheques, registros de llamadas, mensajes y un correo electrónico institucional desde la cuenta de Vizcarra solicitando el alquiler de una avioneta antes de la firma del contrato.
“Hay un primer elemento que se presentó, que es un correo electrónico del señor Martín Vizcarra, escrito por él mismo, desde su cuenta institucional, que nunca se ha negado. En este correo electrónico, el señor Martín Vizcarra le pide el alquiler de un avión a la empresa Obrainsa dos días antes de la firma del contrato. Ese fue un condicionamiento para la firma del contrato. ¿Qué hace un presidente regional (...) solicitando el alquiler de una avioneta de más de S/ 35 mil a la empresa con la cual tenía que firmar el contrato? En ese correo, el señor Martín Vizcarra lo termina diciendo: “Saludos, Martín Vizcarra””, afirmó al medio televisivo.
El fiscal Germán Juárez Atoche ha solicitado de manera expresa que la sentencia se ejecute desde la primera instancia, argumentando que, aunque la norma permite suspender la pena hasta resolver la apelación, en este expediente esa posibilidad facilitaría la evasión de la justicia.
Vizcarra admitió pedir un vuelo en avioneta a Obrainsa
El proceso judicial involucra a Martín Vizcarra por presunto cohecho pasivo propio durante su gestión como presidente regional de Moquegua. La Fiscalía lo acusa de haber recibido pagos ilícitos, calculados en S/ 2.3 millones, a cambio de adjudicar las obras públicas de Lomas de Ilo en 2013 y el Hospital Regional de Moquegua Nivel II-2. El consorcio Obrainsa-Astaldi y la empresa ICCGSA resultaron adjudicados en ambos proyectos respectivamente.
Las investigaciones incluyen declaraciones de colaboradores eficaces, como empresarios y el exministro José Hernández, validadas por instancias judiciales. El fiscal sostiene que Vizcarra recibió un millón de soles por la adjudicación de Lomas de Ilo y 1,3 millones por el Hospital Regional de Moquegua, monto que fue entregado parcialmente mediante intermediarios vinculados a las empresas beneficiadas.
Vizcarra, durante la audiencia del 23 de octubre, admitió haber solicitado un vuelo en avioneta a Obrainsa antes de la firma del contrato, pero rechazó haber favorecido empresas en los procesos de selección y recalcó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) gestionó las licitaciones, no el Gobierno Regional. Defendió la legalidad de las gestiones administrativas durante su mandato y aseguró haber cumplido con todas las citaciones judiciales, descartando peligro procesal que justifique restricciones a su libertad.
