La presencia de embarcaciones extranjeras en el Pacífico sur se transformó en una preocupación permanente para los especialistas del sector marítimo. En las últimas temporadas, ese corredor oceánico recibió una presión creciente por parte de flotas industriales que operan en gran escala. El Perú, cuya Zona Económica Exclusiva (ZEE) se superpone con una de las áreas biológicas más productivas del planeta, observó con inquietud como cientos de naves de distintas banderas se acercaron a sus límites marítimos, en varios casos sin controles claros.
En ese contexto, las imágenes satelitales difundidas durante el 2024 revelaron una escena que encendió alertas: puntos rojos concentrados cerca de la ZEE peruana mostraron el desplazamiento masivo de barcos pesqueros chinos. Ese registro puso en evidencia una actividad intensa que coincidió con los reportes de asociaciones del sector, las cuales cuestionaron la falta de vigilancia efectiva. Los datos confirmaron un desequilibrio notable entre la presencia de flotas extranjeras y el número de embarcaciones peruanas autorizadas a operar en la misma franja.
Para los gremios pesqueros, la situación impactó directamente en la actividad local. Las capturas de especies como la pota dejaron de ser una garantía para miles de familias de la costa norte. A ello se sumó la sensación de vulnerabilidad que transmitieron los propios representantes del sector privado, quienes señalaron que la competencia no se desarrolló en condiciones iguales ni transparentes.
En paralelo, voces técnicas insistieron en que el país enfrenta un desafío estructural: la capacidad de supervisar su propio espacio marítimo. La ausencia de un sistema nacional de monitoreo satelital bajo control del Estado favoreció el ingreso irregular de flotas extranjeras, según especialistas. Ese escenario abrió una discusión pendiente en torno al rol de las autoridades y los mecanismos de vigilancia.
Una presencia sin precedentes
De acuerdo con registros expuestos ante entidades del sector, el 2024 cerró con 1.359 embarcaciones operando dentro de las 500 millas náuticas frente al Perú. Entre ese total, 525 fueron de origen chino, cifra equivalente al 38%. A ellas se sumaron 370 naves ecuatorianas y 239 peruanas. La disparidad quedó marcada tanto por el volumen como por la capacidad industrial de las flotas.
Especialistas remarcaron que China controla la flota de pesca en aguas de distancia más extensa del mundo y mantiene actividades continuas en áreas próximas a la ZEE peruana. Grupos defensores del mar peruano mencionaron que el avance de esta flota se relaciona con la reducción de recursos en sus propios mares, algo que fue resumido en advertencias como “los codiciosos piratas de China vaciaron sus propios mares y ahora están secuestrando los medios de vida de los pescadores de otras naciones”.
Además, estudios internacionales estimaron que cerca del 20% de todo el pescado capturado en el planeta proviene del ecosistema de la corriente de Humboldt, área donde se desarrollan estas operaciones. Para el Perú, dicha franja representa un espacio estratégico por su productividad natural y por el impacto económico que genera para el sector pesquero.
El impacto económico directo
En conversación con Infobae Perú, Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), explicó la magnitud del perjuicio. Indicó que “la pesca ilegal de pota realizada principalmente por naves con bandera China, es una amenaza para la economía del sector pesquero peruano” y que el país pierde cerca de USD 800 millones al año.
El representante detalló el cálculo económico: “Si ese medio millón de toneladas (que extraen los barcos extranjeros) lo convertimos en producto final, se convierten en 150,000 toneladas. A valor de exportación, estamos hablando de cerca de 800 millones de dólares que las empresas peruanas dejan de facturar (...) Nuestros amigos de China no pagan un medio, ni impuestos, ni nada”.
Ego Aguirre advirtió que entre 200 y 300 embarcaciones foráneas —principalmente chinas, además de algunas de Japón, Corea del Sur y Taiwán— operan de manera recurrente en la misma franja. También señaló frecuentes incursiones dentro de las 200 millas de la ZEE peruana, algo que afectó aún más la actividad formal.
Demandas de control y sanciones
La CCL planteó elevar el nivel de respuesta del Estado. Entre las propuestas figuran medidas como fiscalización más estricta, decomiso de embarcaciones infractoras, suspensión de servicios logísticos y elevación de notas diplomáticas, siguiendo los modelos aplicados en Chile y Argentina. En esos países, la autoridad marítima dispone la incautación inmediata de los barcos involucrados en pesca ilegal.
Según Ego Aguirre, la falta de vigilancia facilitó “la competencia desleal hacia los pescadores nacionales, quienes sí deben ajustarse a vedas y regulaciones estrictas”. Para el gremio, la solución depende de un mayor control estatal y de la decisión de adoptar acciones que disuadan nuevas incursiones.
