La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reafirmó su compromiso de proteger a los usuarios y a los operadores del transporte público frente a los recientes atentados perpetrados por bandas de extorsionadores. Durante su participación en un grupo de trabajo convocado para analizar la situación del transporte en la capital, la entidad señaló que viene trabajando de forma coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía y otras instituciones con el objetivo de investigar estos hechos y brindar acompañamiento legal a choferes, cobradores y empresarios afectados.
En ese espacio, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, expuso las acciones emprendidas por la institución ante el actual escenario. Según explicó, estas medidas comprenden el endurecimiento de la fiscalización del transporte ilegal, el internamiento de unidades en los depósitos y el impulso de la formalización del transporte urbano. La entidad remarcó que estas intervenciones buscan reducir los riesgos para los ciudadanos y fortalecer el ordenamiento del servicio.
Hernández señaló que, para reforzar los operativos, se ha incrementado el personal destinado a las labores de control, además del alquiler de grúas y depósitos. De acuerdo con lo expuesto, actualmente más de 9.000 vehículos permanecen internados en 14 depósitos, unidades que representaban un riesgo para quienes las utilizaban.
Avances en fiscalización y formalización
Durante su intervención, el presidente ejecutivo de la ATU destacó el proceso de formalización impulsado por la entidad, el cual ha permitido otorgar títulos habilitantes por cinco años. Precisó que esta situación no se registraba desde hace aproximadamente 21 años, y que la medida ofrece seguridad jurídica a los empresarios, facilita la planificación de inversiones y contribuye a frenar el modelo comisionista–afiliador característico de la informalidad.
En otro momento, Hernández informó que la ATU brinda soporte y acompañamiento a las empresas de transporte convencional en la formulación y tramitación de denuncias relacionadas con casos de extorsión. Asimismo, indicó que la institución coopera con las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional y la Fiscalía, entregando la información requerida para el avance de las diligencias.
Entre las propuestas expuestas, Hernández planteó implementar un modelo de chatarreo que permita liberar los depósitos donde actualmente se encuentran unidades que no serán retiradas por sus propietarios. Para ello, solicitó el apoyo del Congreso de la República con el fin de viabilizar este proceso.
Participación en mesa técnica
El grupo de trabajo en el que intervino la ATU fue organizado por el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy. La sesión contó también con la presencia de autoridades como Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada; el coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri; y Marco Aguirre Valencia, vocero de los transportistas.
Al encuentro asistieron, además, representantes del Ministerio del Interior, la Sucamec, Osiptel, Ositran, la Sunat, así como delegados de autos colectivos, mototaxistas y otros grupos vinculados al sector transporte. Todas estas instituciones participaron en el análisis de la situación actual y en la evaluación de acciones conjuntas para enfrentar los casos de extorsión que afectan al transporte público en Lima y Callao.
