El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, uno de los implicados en el caso Cuellos Blancos; emitió una resolución en la que se dispone la creación de una comisión encargada de la elaboración del proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público y que, entre sus integrantes, se encuentran los nombres abogados vinculados a expresidentes, defensores de ministros acusados de presunta corrupción, además tener nexos con investigaciones como las del Caso Cócteles y el Caso Odebrecht.
Según la Resolución N° 3578-2025-MP-FN, además de los representantes del Ministerio Público, que suman un total de 26 entre fiscales supremos, fiscales superiores, y fiscales provinciales; se mencionan ocho nombres de abogados que son “representantes de la sociedad civil y academia” y que serán parte de la Comisión sin recibir pago alguno por parte del Estado.
Entre las personas convocadas por el fiscal Tomás Galvez, se encuentran:
Aníbal Gonzalo Raúl Quiroga León: Exintegrante de la Comisión Consultiva encargada de brindar asesoría especializada en materia constitucional a la presidenta Dina Boluarte, conformada en mayo del año 2023 y con la aprobación del ex titular de la PCM, Alberto Otárola.
Quiroga también fue defensor legal del general EP (r) Juan Rivero Lazo, quien fue procesado por homicidio calificado, como delito de lesa humanidad, en el Caso Pativilca
Arsenio Oré Guardia: Involucrado en la investigación por el caso ‘Cócteles’. Fue uno de los abogados de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, entre los años 2017 y 2019. También fue investigado por el presunto delito de obstrucción a la justicia por supuestas amenazas e inducir a testigos a declarar falsamente.
Carlos Caro Coria: Abogado del ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez en el caso que se sigue en su contra por presunto abuso de autoridad contra el capitán PNP Junior Izquierdo.
Julio Rodríguez Delgado: Crítico del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la empresa Odebrecht y el Estado peruano, según consta en la Comisión Investigadora en este caso y liderada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular). Ex abogado de Andrés Hurtado en el caso que se sigue contra el ex presentador de televisión por presunto tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.
Luis Fernando Iberico Castañeda: En 2018 fue abogado de Gustavo Salazar Delgado, investigado por el presunto delito de lavado de activos por haber facilitado sus cuentas bancarias para recibir sobornos de la empresa Odebrecht, y que habrían sido destinados al exgobernador de Cusco, Jorge Acurio Tito.
Percy Raphael García Cavero: abogado de Arsenio Oré en el marco del Caso Cócteles.
Romy Alexandra Chang Kcomt: Abogada defensora de Luis Alonso Santa María Torres, gerente del centro comercial Real Plaza, en el caso que se sigue en su contra por la caída del techo del centro comercial en Trujillo en febrero del 2025 y que resultó en la muerte de 6 personas y otras 81 heridas.
Víctor Oscar Shiyin García Toma: Exministro de justicia del segundo gobierno de Alan García. Ex presidente del Tribunal Constitucional entre 2005 y 2006. Según el medio independiente El Foco, está vinculado a empresas mineras como Yanacocha y Pan American Silver en casos por contaminación ambiental y contra sus trabajadores.
Según la norma publicada en El Peruano, la Comisión también contará con representantes de otras instituciones como el Poder Judicial, Congreso, Mininter, Minjus, Defensoría del Pueblo, Contraloría, JNJ, Colegio de Abogados de Lima, Universidades Nacionales, entre otros. El documento también sostiene que la vigencia de este grupo será de tres meses y que, en caso sea necesario, el plazo podrá extenderse.
Aunque se indica que los miembros de la “sociedad civil y academia” trabajarán en este grupo ad honorem. Sí se establece en la norma que el Ministerio Público pagará con su presupuesto “los gastos que irrogue de las actividades de la Comisión”.
