El establecimiento penitenciario de Cajamarca fue escenario de una rigurosa requisa ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), bajo la coordinación directa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
El operativo, dirigido por la viceministra Shadia Valdez Tejada, contó con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE Chiclayo, especializado en este tipo de intervenciones en recintos de alta seguridad.
El objetivo principal fue incautar elementos prohibidos y limitar la comunicación ilícita desde el interior de la infraestructura carcelaria.
Durante la revisión, los agentes localizaron cinco celulares, chips telefónicos, cargadores, conexiones eléctricas clandestinas, audífonos y memorias micro SD distribuidos entre celdas y áreas comunes.
También se confiscaron equipos eléctricos, armas hechizas punzocortantes y otros artículos restringidos que facilitan actividades ilegales.
Las acciones tuvieron lugar en presencia de los delegados de cada pabellón, quienes supervisaron la transparencia y el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.
Refuerzo de la seguridad y rol institucional
Este procedimiento responde al plan nacional de fortalecimiento del control penitenciario dispuesto por el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, y articulado con las instrucciones del presidente de la República, José Jerí.
Bajo este marco, las requisa en penales como la de Cajamarca forman parte de operativos sorpresivos y constantes implementados a nivel nacional para prevenir la comisión de delitos conexos, como la extorsión o el tráfico de información desde el interior de los recintos.
El operativo contó además con la participación activa del fiscal penal de turno de Cajamarca, encargado de supervisar la legalidad del proceso y emitir los informes correspondientes.
Según el comunicado publicado por el presidente Jerí en su cuenta de X, anteriormente Twitter, este tipo de acciones se fortalece con la presentación de nuevas facultades en seguridad ciudadana ante el Congreso. Las autoridades recalcaron que la política de control y requisas persistirá en todos los establecimientos penitenciarios para frenar conductas delictivas que afectan tanto a internos como a la sociedad.
Requisas continuarán a nivel nacional
Hace unos días, el ministro de Justicia lideró una requisa extraordinaria en el penal El Milagro, ubicado en Trujillo, marcando el inicio de una estrategia de intervenciones constantes y coordinadas en cárceles de todo el país.
Estas acciones, ejecutadas en colaboración con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, buscan restaurar el principio de autoridad y evitar el ingreso de drogas, armas y aparatos electrónicos prohibidos a los recintos penitenciarios, según declaraciones para Tv Perú.
Durante el operativo en cuatro de los quince pabellones del penal El Milagro, se incautaron paquetes de sustancias ilícitas, armas blancas, teléfonos celulares, dispositivos eléctricos y libretas con información relevante para investigaciones.
El penal, que fue diseñado para albergar a 1.500 internos, actualmente aloja a más de 6.300 personas privadas de libertad, lo que evidencia la gravedad del problema de hacinamiento.
En la intervención participaron más de 100 efectivos militares, 150 policías y 70 trabajadores del INPE. El ministro Martínez Laura aseguró que este tipo de revisión será permanente, articulada y sistemática en todos los penales, como parte de la lucha estatal contra el crimen organizado y para limitar la capacidad de operación de mafias dentro de las cárceles.
