El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez. El juez Juan Carlos Checkley envió las órdenes oficiales para que la Policía Nacional y la Interpol busquen a la exministra y procedan a detenerla. Sin embargo, la ubicación de Chávez Chino no es un misterio: permanece en la embajada de México.
El cambio en la situación legal de la exministra y la negativa del Gobierno peruano a otorgarle el salvoconducto para salir del país y viajar a México abrió la interrogante sobre si la administración de José Jerí consideraría una intervención en la sede diplomática.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció al respecto. Aunque sus declaraciones fueron brindadas antes del nuevo mandato judicial, la postura del Ejecutivo no ha variado: se descarta tajantemente cualquier ingreso por la fuerza a la embajada mexicana.
“El Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país (…) mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas, eso sí está descartado”, afirmó en declaraciones para Canal N.
Cabe señalar que la irrupción en una sede diplomática, si bien es un escenario extremo, no es algo sin precedentes. Ocurrió en el pasado cuando el Gobierno de Ecuador ingresó a la embajada de México en ese país para detener al exvicepresidente Jorge Glas.
Tras la decisión judicial, el único cambio que ha hecho el gobierno es reforzar la seguridad en la sede de la embajada.
Betssy Chávez: ¿Cuándo podrá salir del país?
Álvarez aclaró que Chávez solo podrá salir del Perú con una orden expresa de la Cancillería. “Si no es con un mandato expreso, avalado por la Cancillería, definitivamente no. Por mera política, por mera decisión política, no, no corresponde”. Según indicó, los Estados “tienen que hacerse respetar”, por lo que decisiones discrecionales quedan descartadas.
El Gobierno peruano expresó su malestar y rompió relaciones con México, pues considera que el país azteca interfiere de manera constante en la política peruana y brinda protección a personajes con procesos judiciales. Esto ya ocurrió anteriormente con el asilo otorgado a la exprimera dama Lilia Paredes y a la familia de Pedro Castillo.
Denuncia internacional y el rol de la OEA
Respecto al papel de México, tras las reiteradas decisiones de otorgar protección a figuras investigadas en Perú, el premier confirmó que el Ejecutivo tiene una posición definida. Consultado sobre si consideran que ese país interfiere en la política y en la justicia peruanas, respondió: “Denunciaremos a México oportunamente en sedes internacionales con las evidencias en la mano”.
Sobre los plazos de la evaluación solicitada ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Álvarez explicó que estos dependen del propio organismo y de la voluntad de los países miembros: “Pueden pasar meses o quizás se resuelva en pocas semanas”.
Añadió que el canciller expondrá ante el foro interamericano “la situación, lo ocurrido”, recalcando que no se trata del primer caso, sino de una “práctica continua, sistemática” de refugiar a personas acusadas formalmente y con procesos regulares por delitos contemplados en el Código Penal, además de infracciones a la Constitución.
