El sector transporte volvió a encender alarmas por el incremento de las extorsiones en Lima y Callao durante diciembre. Representantes de distintas empresas informaron que las bandas criminales elevaron los montos exigidos por “cupo” en plena campaña navideña, lo que ha paralizado parte de las operaciones y mantiene a los conductores en un clima de temor constante. Las compañías afectadas señalan que el aumento de los pagos ilegales está directamente vinculado a las fiestas de fin de año.
Varias rutas operan con menos unidades debido al miedo de los choferes, quienes aseguran no contar con protección suficiente en zonas donde ya se han registrado ataques con armas de fuego. Voceros del gremio adelantaron que se prepara un paro de 48 horas como medida de presión ante lo que consideran una escalada en la violencia. Las empresas sostienen que no esperarán un nuevo atentado para exigir acciones más contundentes de seguridad.
Extorsiones en aumento y choferes que evitan salir a trabajar
Conductores de las empresas San Germán y El Rápido afirmaron que solo una parte mínima de sus compañeros retomó labores después de los últimos ataques. En una de las líneas, apenas seis unidades circularon en la mañana pese a contar con una flota que supera el centenar. Los choferes aseguran que no se sienten seguros y prefieren quedarse en casa para evitar ser víctimas de nuevas agresiones.
Según los representantes del gremio, las extorsiones no solo persisten, sino que ahora los delincuentes exigen un incremento sustancial del pago. Relataron que en una de las compañías afectadas dejaron una hoja con una nueva tarifa que subía el monto de cinco mil a ocho mil soles. El mensaje hacía referencia a las fechas festivas, lo que confirmaría que las bandas buscan mayores ingresos durante diciembre.
Empresas paralizadas y patrullaje policial en rutas críticas
Tanto San Germán como El Rápido continúan operando a menos del 50% tras los recientes atentados. En algunas zonas, unidades policiales han empezado a escoltar los vehículos para evitar nuevos ataques. Durante uno de los recorridos, se observaron motorizados acompañando buses en la avenida Riva Agüero, tramo identificado como de alto riesgo por los últimos hechos violentos.
El Ministerio del Interior dispuso una estrategia temporal que combina agentes uniformados y oficiales de civil distribuidos en distintos puntos. La propuesta busca anticipar ataques y reducir la exposición de los conductores. Sin embargo, los voceros de las empresas consideran que estas medidas tienen un alcance limitado y que las mafias ya han demostrado capacidad para mantenerse activas pese al patrullaje.
Choferes piden resguardo efectivo y denuncian falta de garantías
Los conductores afirmaron que la presencia de policías de civil sería más útil porque permitiría detectar a posibles atacantes sin alertar a los criminales. Indicaron que, en la práctica, muchos trabajan sin un resguardo real y avanzan con la esperanza de completar el recorrido sin incidentes. Varios de ellos comentaron que cada salida se convierte en una decisión difícil para sus familias.
Durante los operativos recientes, choferes y cobradores conversaron con autoridades locales para solicitar acompañamiento constante. Señalaron que no desean detener el servicio, aunque reconocen que sin medidas de seguridad más fuertes resulta casi imposible operar con normalidad. En algunos paraderos, pasajeros comentaron que el transporte se volvió impredecible por la reducción de unidades en horas clave.
Un paro de 48 horas que busca presionar por acciones firmes
El vocero de los transportistas confirmó que el paro de 48 horas se realizará con el respaldo de varias empresas y que solo falta acordar la fecha exacta. La medida, explicó, representa la respuesta a un escenario que consideran insostenible. Para ellos, la escalada de cobros ilegales y los recientes ataques demuestran que la situación podría empeorar durante Navidad y Año Nuevo si no se adoptan decisiones urgentes.
En distintos puntos de Lima, usuarios señalaron que comprenden el reclamo de los choferes y que la paralización podría ser necesaria para forzar una reacción más rápida de las autoridades. Otros ciudadanos expresaron preocupación por la afectación del servicio, aunque coincidieron en que el nivel de violencia obliga a una intervención más firme. Las empresas esperan definir el día del paro en los próximos encuentros entre dirigentes.
