Por segunda vez en lo que va del año, la Corte Suprema de Justicia volvió a aplazar la revisión de sentencia del Caso Manta, una decisión que representa un nuevo golpe para las mujeres sobrevivientes que llevan décadas esperando justicia. La audiencia, programada para este miércoles, fue cancelada sin aviso previo y el mismo día, replicando lo ocurrido el 17 de julio de 2024, cuando también fue suspendida de manera abrupta. Para las víctimas, esta conducta judicial es otra forma de revictimización institucional.
El Caso Manta (Huancavelica) es el primer proceso en el Perú y Sudamérica en el que la violencia sexual cometida durante el Conflicto Armado Interno fue reconocida como crimen de lesa humanidad y como un ataque sistemático y generalizado por parte de agentes del Ejército contra niñas, adolescentes y mujeres rurales. La sentencia del 19 de junio de 2024 confirmó la responsabilidad penal de 10 exmilitares, resaltando que estos hechos no fueron aislados ni espontáneos: se trató de una práctica sostenida bajo una política contrasubversiva discriminatoria.
El retraso volvió a colocar en evidencia un patrón institucional que afecta especialmente a quienes, además de haber sido víctimas de violencia sexual, han enfrentado años de abandono estatal, estigmatización y silencio.
En un país donde el 3 de cada cuatro personas tolera algún tipo de violencia, según la ENARES, y donde incluso autoridades públicas han sido denunciadas por agresiones sexuales o difunden discursos que la justifican, la indiferencia frente al Caso Manta no es casual: forma parte de un entramado social y judicial que minimiza y despolitiza esta violencia.
Para asistir a esta audiencia, las sobrevivientes viajaron desde zonas rurales de Huancavelica hasta Lima, un esfuerzo económico y emocional que la cancelación de último minuto no reconoce. Ellas insisten en que lo único que esperan es que la sentencia se ejecute en su totalidad y que el Estado garantice un proceso digno y sin más dilaciones.
Las sobrevivientes exigen diligencia y respeto
“En un país donde el 75,7% de la población tolera la violencia contra las mujeres, el Caso Manta sigue siendo postergado sin generar la indignación que debería. Las mujeres de Manta no pueden seguir suspendiendo sus vidas por la incapacidad del sistema de justicia. Exigimos que la Corte Suprema cumpla su rol: dar celeridad, confirmar las condenas, establecer penas proporcionales al daño causado y garantizar reparaciones civiles justas”, señaló Cynthia Silva, abogada feminista y representante de las sobrevivientes.
Las mujeres recuerdan que llevan más de un año esperando que la Corte Suprema confirme la sentencia, y casi cuatro décadas desde que los abusos fueron cometidos.
Amenazas actuales
La situación se agrava ante un contexto político que amenaza con revertir avances logrados. La reciente ley de amnistía desconoce el derecho a la verdad y la memoria histórica, pretendiendo exonerar de responsabilidad a militares y policías involucrados en crímenes graves cometidos entre 1980 y 2000, señalan colectivos sociales.
A ello se suma la Ley APCI, que busca sancionar a organizaciones que defienden a víctimas de violencia sexual y otros delitos del conflicto, dejándolas en situación de indefensión.
Los hechos: un historial de abusos sistemáticos
En los años ochenta, el Ejército instaló una base en la zona de Manta y Vilca (Huancavelica), en medio de la expansión de Sendero Luminoso. Las comunidades indígenas quedaron atrapadas entre las amenazas de los rebeldes y la represión militar. Poco después, comenzaron a denunciarse violaciones sexuales dentro de la base, en puestos de control e incluso en los hogares de las víctimas.
Algunas sobrevivientes tenían entre 12 y 15 años, y cinco quedaron embarazadas por las agresiones. Los soldados actuaban con total impunidad, según el testimonio de las mujeres.
María (54), cuyo nombre real se mantiene en reserva, tenía 15 años cuando fue violada repetidamente por distintos soldados y forzada a dos embarazos. “Éramos niñas”, recuerda en un informe de la BBC. “Y enviaron el ejército a todas las zonas rurales donde cometieron abusos, violación, torturas, asesinatos. Soy testigo de eso”.
Un patrón reconocido por la verdad histórica
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró en 2003 la existencia de 24 mujeres violadas en la zona, y documentó que al menos 32 niños nacieron como resultado de estas agresiones. Además, el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia reporta 5 507 víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado.
La CVR concluyó que el 83% de los abusos sexuales durante el conflicto fueron perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La nueva suspensión judicial revive el miedo de impunidad. Las sobrevivientes —mujeres que durante décadas cargaron con silencio, estigma y lesiones físicas y emocionales— exigen que la Corte Suprema cumpla con su obligación histórica: confirmar la sentencia, ejecutar las condenas y asegurar reparaciones integrales.
