El Colegio de Abogados de Lima (CAL) entró de lleno en el debate sobre la reforma del sistema de justicia impulsada en el Congreso y advirtió que el informe aprobado por la Comisión Especial de Reforma Judicial requiere un debate más amplio y técnico antes de avanzar hacia una reforma constitucional. La reforma plantea reemplazar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una nueva Escuela Nacional de Justicia.
El pronunciamiento se publica luego de que la comisión multipartidaria, presidida por la congresista María del Carmen Alva, aprobara por unanimidad un informe de 96 páginas que propone la eliminación de la JNJ y la creación de una nueva entidad que asuma la formación, evaluación e ingreso de jueces y fiscales a través de un modelo similar al de una “escuela diplomática”.
El CAL aclaró que la propuesta congresal no incorporó los comentarios que el gremio presentó formalmente, pese a que advertían antecedentes de opiniones en contra respecto del proyecto de ley que dio origen a esta iniciativa. Entre ellos, los organismos que se opinían eran el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas y la propia Academia de la Magistratura.
El problema estructural no es la formación, sino la falta de jueces titulares
En su comunicado, la Junta Directiva del CAL enfatizó que el principal problema del sistema judicial peruano no está en el mecanismo de formación, sino en la falta de presupuesto público para crear más plazas titulares. Según cifras oficiales citadas por el gremio, menos del 40% de los magistrados en el Poder Judicial y el Ministerio Público ejerce su cargo tras concurso público, mientras que el resto continúa en condición provisional.
Para el gremio de abogados, crear una Escuela Nacional de Justicia no resolvería el problema, sino que incluso implicaría mayor gasto público sin una garantía de mejora en la administración de justicia.
“Según nuestros más destacados miembros de la Orden, la propuesta de una Escuela de la Magistratura lo que conllevará es a un mayor gasto presupuestal para el ingreso a la administración de justicia, sin que ello conlleve a una mejora real de la misma.”
Leyes a favor de la criminalidad
Otro punto central del pronunciamiento apunta a los cambios legislativos aprobados en los últimos meses, que, según el Colegio de Abogados de Lima, no fortalecen la lucha contra el crimen organizado, sino que han limitado la capacidad operativa de jueces y fiscales.
“Los problemas de la administración de Justicia no tienen que ver con la estructura del Poder Judicial y del Ministerio Público, sino con las herramientas con las que los jueces y fiscales cuentan para combatir la justicia, las cuales se han venido socavando por la clase política”, se precisa en el comunicado.
Los cambios afectarían principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, la imparcialidad del juez, el libre acceso a la justicia, entre otros.
Qué plantea la reforma
El informe aprobado por la Comisión Especial plantea, por un lado, la nueva Escuela Nacional de Justicia (ENJ) reemplace a la Junta Nacional de Justicia y a la Academia de la Magistratura. Según la propuesta, esta institución formaría a jueces y fiscales a través de un proceso que incluye dos años de estudios y un año de práctica obligatoria, con el fin de instaurar una carrera meritocrática que reduzca la provisionalidad y las designaciones sin concurso.
El documento también propone aumentar de seis a once los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, fortalecer la obligatoriedad del ejercicio titular de los magistrados desde el año siguiente a la entrada en vigencia de la reforma y otorgar autonomía plena a los órganos de control, que contarían con pliegos presupuestales propios para evitar dependencias administrativas.
Como la comisión especial no puede emitir dictámenes, el texto será enviado a la Comisión de Constitución para su evaluación técnica y, posteriormente, para su debate en el Pleno del Congreso.
