La escalada de extorsiones contra los transportistas en Perú ha provocado que decenas de conductores decidan abandonar el país y dejar sus empleos, ante la falta de garantías de seguridad y la inacción de las autoridades. En las últimas semanas, empresas de transporte en Lima han sufrido ataques armados, amenazas y pérdidas humanas, lo que ha generado paros de unidades y la partida de trabajadores a destinos más seguros, especialmente en Europa.
Ataques armados y paros masivos
En la madrugada del 18 de noviembre, la empresa de transporte El Rápido, conocida como la Cuarenta y Dos, fue víctima de un atentado perpetrado por desconocidos que dispararon contra sus instalaciones. La agresión duró solo cuarenta y dos segundos, pero bastó para dejar vehículos fuera de servicio y a los empleados sumidos en el miedo. Un trabajador relató que tras escuchar los disparos se vio forzado a permanecer escondido, sin poder pedir ayuda por temor a represalias.
Como consecuencia del ataque, la empresa decidió detener sus operaciones a la espera de una reunión urgente entre los accionistas. “Si no logran un acuerdo van a parar al día siguiente”, explicó uno de los transportistas a 24 Horas Noticias, señalando que la amenaza de bandas extorsivas ya ha obligado a paralizar veinte vehículos adicionales. Otros representantes del gremio aseguran que en la zona operan al menos cinco o seis grupos criminales diferentes, lo que ha incrementado la desconfianza en las autoridades.
Miedo, desconfianza y falta de apoyo estatal
La desconfianza predomina entre los conductores y propietarios de unidades. Si bien la Policía Nacional recomienda no pagar extorsiones y promete investigar los hechos, muchos transportistas afirman que después de presentar una denuncia, los delincuentes los amedrentan de inmediato, identificando quién acudió a la comisaría. “Presionan más el pago cuando se enteran que uno denunció”, advirtió el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino.
El impacto de la violencia también alcanza a las familias de los conductores. La esposa de un trabajador narró que el temor constante afecta directamente a sus hijos: “Tenemos un niño de doce años que sufre mucho al ver estos hechos. Llora porque teme que su papá no regrese”.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, visitó otra empresa afectada y prometió que un porcentaje igual de policías uniformados y de civil vigilará las rutas de transporte. “Ellos no están solos. Aquí estamos desde el Gobierno”, afirmó, pero el gremio mantiene sus dudas respecto a una solución efectiva.
Éxodo de conductores y afectaciones económicas
Ante la persistencia de la extorsión, muchos conductores optaron por abandonar sus puestos y buscar mejores condiciones fuera de Perú. Según representantes del sector, la falta de control estatal provocó que cerca del 25% de la flota quedara sin conductores activos. El descenso en la cantidad de unidades circulando afecta también a los pasajeros, quienes han reducido su demanda por miedo a verse involucrados en hechos violentos.
El deterioro de la situación se reflejó en incidentes recientes, como el incendio en los patios de la empresa Pegaso Express, donde cinco buses quedaron calcinados. Si bien se investiga un posible cortocircuito como causa, varios conductores sostienen que la mayoría de los patios pagan cuotas a las bandas para operar, manteniendo el temor latente entre el personal.
Las notas extorsivas siguen llegando a diversas empresas del rubro en Lima Norte y otros sectores de la ciudad. “Hoy recibieron un mensaje extorsivo en uno de los patios, pero no quieren avisar por temor a que la denuncia empeore la situación”, detalló el presidente de la asociación nacional.
Estado de emergencia y posible paro nacional
El actual estado de emergencia declarado en Perú en respuesta a la ola de criminalidad está por cumplir un mes, mientras el Gobierno evalúa ampliarlo. El sector transporte debate la posibilidad de realizar un paro de cuarenta y ocho horas como medida de presión si ocurre un nuevo ataque. El vocero del gremio Martín Ojeda declaró que los conductores se encuentran “indignados con todo lo que está pasando” y consideran dejar de operar completamente ante cualquier nueva agresión con víctimas fatales.
Mientras tanto, la salida de transportistas continúa y la incertidumbre crece, dejando en evidencia el deterioro de la seguridad y el impacto económico y social de la ola de extorsiones que golpea al sector.
