La situación legal del líder asháninka Fabián Antúnez Camacho llegó a un punto decisivo. Este jueves 20 de noviembre, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo —a cargo del juez Cristian Periche— dará lectura a la resolución que definirá si mantiene o revierte la prisión preventiva de 18 meses dictada en su contra por las desapariciones de cuatro ciudadanos durante el paro asháninka de abril de 2023.
La movilización se realizó tras el asesinato del reconocido dirigente indígena Santiago Contoricón, crimen que indignó a toda la cuenca del río Tambo.
La defensa de Antúnez sostiene que el pedido de prisión preventiva perdió fuerza jurídica luego de que los elementos que lo sustentaban fueron desestimados. Durante la audiencia del 6 de noviembre, su abogado expuso que “a la fecha no existe ningún medio probatorio que justifique la vigencia del mandato de prisión preventiva”, señalando que los argumentos iniciales ya no forman parte ni de la acusación fiscal ni del sustento legal de la medida restrictiva.
Testigos que no reconocen al líder
El expediente fiscal se inició sobre la base de testimonios protegidos que afirmaban haber visto cómo las personas detenidas por los manifestantes fueron llevadas ante Antúnez, quien supuestamente habría ordenado su desaparición. Sin embargo, durante las diligencias de reconocimiento, estos testigos no lograron identificarlo y sus declaraciones fueron desmentidas por otros testimonios, entre ellos el de una hermana franciscana encargada del Albergue Casa Misión Santa Teresita del Niño Jesús, quien aseguró que Antúnez no salió del convento la noche de los hechos señalados.
La Fiscalía, ante la pérdida de credibilidad de los testigos, modificó su versión inicial. Ahora ya no acusa a Antúnez de haber ordenado la desaparición de las cuatro personas, sino de ser responsable por haber convocado y liderado la protesta asháninka, lo que —según el Ministerio Público— lo convertiría en conocedor y controlador de todo lo ocurrido durante el paro. La defensa denunció que este cambio evidencia que la imputación original colapsó.
Asimismo, la revisión del teléfono celular del líder indígena no arrojó ningún mensaje, contacto o registro que lo vincule con los hechos investigados.
Familias sin respuestas y una investigación cuestionada
Las desapariciones de José Valdivia Andamayo (32), Brandom Cruz Rojas (19), Erick Cabrera Cáceres (43) y Adrián Ramírez Fernández (51) durante el bloqueo de Puerto Ocopa siguen sin resolverse. Sus cuerpos no fueron hallados y las circunstancias de su desaparición continúan sin esclarecerse. Las familias denuncian que, desde los primeros días, la Policía y la Fiscalía no actuaron con la urgencia debida, y que la búsqueda recayó casi por completo en ellos.
En testimonios recogidos por medios locales y nacionales, los familiares expresaron su indignación ante la falta de apoyo institucional. La Defensoría del Pueblo, en un pronunciamiento de junio de 2023, advirtió que los esfuerzos de búsqueda fueron “insuficientes”, dejando a las familias en una “inaceptable incertidumbre”.
Criminalización del liderazgo indígena
Para la Central Asháninka de Río Tambo (CART), la acusación contra Antúnez constituye un proceso de criminalización a un defensor de derechos indígenas y ambientales. Como presidente de la organización, Antúnez firmó la convocatoria del paro asháninka exigiendo protección estatal frente al asesinato de Santiago Contoricón y a la creciente violencia del narcotráfico en la zona.
Diversos especialistas sostienen que la imputación desconoce la forma de toma de decisiones en los pueblos indígenas. La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello destacó que en las comunidades amazónicas las decisiones no las toma un líder en solitario, sino asambleas comunales: “Si se responsabiliza a Fabián, se tendría que responsabilizar a toda la asamblea; eso carece de sentido”.
Una vida marcada por la defensa del territorio
Fabián Antúnez no es un dirigente improvisado. Su liderazgo se forjó en medio del conflicto armado interno, que en los años ochenta le arrebató a su padre y a ocho hermanos. A lo largo de los años, encabezó la defensa territorial frente al narcotráfico y la tala ilegal, impulsó la titulación de comunidades asháninkas y promovió alternativas económicas como el cacao orgánico premiado internacionalmente a través de la cooperativa Kemito Sankori.
En 2021, participó en la incautación de casi una tonelada de cocaína transportada por el río Tambo, lo que le generó amenazas directas de organizaciones criminales.
Lo que decidirá el juez
La resolución que emitirá el juez Cristian Periche determinará si la prisión preventiva se mantiene o se sustituye por comparecencia con restricciones. La defensa asegura que Antúnez está dispuesto a someterse a todas las reglas de conducta necesarias y afrontar el proceso en libertad.
El caso sigue abierto y, mientras las familias de los desaparecidos continúan exigiendo verdad, la investigación fiscal enfrenta cuestionamientos por inconsistencias, versiones modificadas y falta de avances concretos.
