Los rectores de las universidades públicas del Perú alertaron sobre una reducción de casi S/ 300 millones en el presupuesto universitario previsto para el año 2026, a pesar de que el número de instituciones públicas aumentará a partir del próximo año a raíz de leyes promovidas desde el Congreso.
Según el pronunciamiento de los rectores difundido por la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, la comunidad universitaria solicitó de manera urgente al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo que reviertan esta medida, al considerar que pone en riesgo la calidad y la gobernabilidad del sistema de educación superior.
Actualmente, el país cuenta con 52 universidades públicas, cifra que se incrementará a 62 en 2026 con la incorporación de nuevas instituciones al Presupuesto Público.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha dispuesto una reducción de S/ 288 millones en los recursos ordinarios respecto al año anterior. De acuerdo con los rectores, este ajuste profundiza las desigualdades existentes y genera el riesgo de protestas, tomas de locales y huelgas por parte de estudiantes y docentes, además de comprometer la gobernabilidad universitaria al restringir la respuesta al crecimiento de la comunidad.
El comunicado, que representa la postura de 20 rectores a nivel nacional señala que la disminución de fondos limita seriamente la capacidad de las universidades para atender una mayor población estudiantil y agrava las dificultades para garantizar la calidad educativa y satisfacer las necesidades internas.
Demandas al Congreso
Ante este escenario, los rectores presentaron demandas puntuales al Congreso de la República. En específico, solicitaron la incorporación de fórmulas legales en la Ley de Presupuesto 2026 para garantizar la continuidad y calidad de la educación superior pública.
Entre los aspectos que consideran fundamentales resaltan la atención a demandas adicionales, el fortalecimiento del bienestar universitario, un financiamiento equitativo para programas como Beca 18, y el respeto a la autonomía económica de las universidades.
También plantearon la necesidad de fortalecer el régimen especial de la docencia universitaria y asegurar plazas para autoridades universitarias, condiciones que estiman mínimas e imprescindibles para el funcionamiento adecuado del sistema.
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En el comunicado de los rectores tamén se destaca que el Ministerio de Economía y Finanzas debe considerar urgente un ordenamiento financiero que fortalezca a las universidades públicas, tradicionalmente postergadas, y permita preservar la autonomía administrativa frente a intervenciones externas, como las de INDECOPI. Además, rechazan cualquier resolución considerada como vulneración de la autonomía universitaria, derecho protegido por la Constitución Política del Perú.
Por otra parte, los rectores dirigieron un llamado al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y al ministro de Educación, Jorge Figueroa, a quienes reconocieron por su disposición al diálogo y su apertura a los reclamos universitarios. El comunicado de los rectores resalta que la atención a estos planteamientos es esencial para evitar un deterioro mayor en la educación superior pública.
La declaración culmina con un llamado a respaldar las demandas expuestas, subrayando que atenderlas permitirá avanzar hacia universidades públicas competitivas y capaces de desempeñar un papel estratégico a nivel internacional.
