Uno chats de WhatsApp presentados a la Fiscalía mostrarían que la congresista Lucinda Vásquez coordinó y participó en la presunta venta del examen de nombramiento docente del año 2021 en San Martín, implicando a integrantes de su entorno cercano y varios docentes de la región, según reveló Cuarto Poder.
De acuerdo con el reportaje, el Ministerio Público cuenta con conversaciones y registros de llamadas que, junto con testimonios protegidos, vinculan a Vásquez, congresista de Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo, en el presunto tráfico de exámenes para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial.
El expediente fiscal, citado por Cuarto Poder, señala que la parlamentaria, también protagonista del denominado caso ‘Cortaúñas’, habría ofrecido los exámenes a docentes de San Martín, exigiendo tres mil soles por cada prueba facilitada.
Uno de los elementos centrales de la investigación lo constituyen los chats atribuidos a Luis Sagastegui, donde se identifica como supuestos operadores a Luis Zafra y al profesor Jorge Zafrando: “Quienes empezaron a vender por orden de la congresista Lucinda Vásquez son Luis Zafra y el profesor Jorge Zafrando”, se cifra en un mensaje clave, recogido en el expediente.
Venta coordinada
Un testigo protegido declaró ante la Fiscalía que la venta del examen fue planificada “por orden de la congresista”. El material habría sido entregado a los docentes durante la madrugada del 13 de noviembre de 2021, día en que se rindió la prueba.
“El material fue distribuido en la madrugada… el día de la prueba”, según informó el testigo, quien además proveyó balotarios y fotografías en tiempo real, elementos cotejados por la Fiscalía con la evaluación oficial.
Cuarto Poder precisó que, pese a los elementos presentados, Lucinda Vásquez rechaza cualquier implicación. En su declaración ante el Ministerio Público, alegó haber estado incomunicada y lejos de Tarapoto el día de la filtración. Sin embargo, los registros de geolocalización y el detalle de llamadas telefónicas refutan su versión: ese mismo día, Vásquez mantuvo contacto telefónico con Manuel Zafra, una de las personas señaladas como coordinador del presunto ilícito.
Llamadas y visitas
Los reportes recogidos en la investigación revelan que entre septiembre y noviembre de 2021, Lucinda Vásquez y Manuel Zafra cruzaron más de 50 llamadas, incluyéndose una comunicación de siete segundos el día de la evaluación docente.
También se identificó la presencia frecuente en el despacho congresal de otros posibles implicados, como el profesor Jorge Fasanando, Héctor Llamacponcca y Olga Chávez, quienes acudieron hasta veinte veces en las semanas previas al hecho.
El expediente destaca que poco después de iniciarse las pesquisas, la congresista reportó la sustracción de su celular en una zona comercial de Gamarra, aunque ni denunció el robo ante las autoridades ni gestionó el bloqueo del equipo, lo que —según penalistas consultados— vulnera su credibilidad ante el proceso.
Reacciones y defensa
Consultada sobre la denuncia, Lucinda Vásquez descartó las acusaciones y afirmó que se trata de una venganza política. En declaraciones recogidas por Cuarto Poder, la legisladora sostuvo: “A tres semanas se me viene la denuncia de que yo he vendido los exámenes, totalmente falso, yo no he vendido absolutamente”.
No obstante, la Fiscalía avanzó con la denuncia constitucional en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. El abogado penalista Julio Rodríguez, citado por Infobae Perú, aclaró que la configuración del delito no exige que se concrete el ofrecimiento del examen; basta con solicitar dinero a cambio de gestionar el acceso para incumplir la norma, en razón de la función pública.
Proceso parlamentario
Actualmente, la parlamentaria enfrenta un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Si el pleno autoriza el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la Fiscalía avanza con la imputación, Vásquez podría afrontar hasta ocho años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, según lo explicado por Rodríguez.
En el plano político, la propia bancada Juntos por el Perú suspendió temporalmente la afiliación de Vásquez mientras dura la investigación. Además, la Comisión de Ética del Congreso inició un procedimiento paralelo contra la legisladora, incluyendo el denominado caso ‘Cortaúñas’, vinculado a la utilización de personal de su despacho para actividades ajenas a la función legislativa.
El levantamiento del secreto de las comunicaciones solicitado por la Fiscalía permitirá analizar en profundidad el grado de contacto entre Vásquez y los presuntos implicados, pues los peritos buscan determinar si existió una coordinación directa o indirecta para la distribución de las preguntas del examen docente.
